VALENTINA PARADA LUGO JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ BONILLA
La tensión ha subido entre los agentes encargados de la seguridad en la Casa de Nariño, la casa presidencial de Gustavo Petro. Varios medios revelaron la semana pasada que la Primera Dama, Verónica Alcocer, y la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, la mano derecha del presidente, habían pedido apartar algunos de sus escoltas de su esquema de seguridad. Detrás de esa noticia, en realidad, hay una pelea más vieja y compleja entre dos bandos que deben velar por la seguridad de la familia presidencial, y que están enemistados señalando al otro de hacer mal su trabajo.
EL PAÍS conoció documentos de un proceso que avanza en la Procuraduría General de la Nación sobre una disputa entre la Policía y algunos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por aparentes fallas en el esquema de seguridad de la familia presidencial. En estos archivos hay múltiples quejas disciplinarias interpuestas por los encargados de mantener la seguridad en la Casa de Nariño. Los documentos revelan, por ejemplo, que la capitana Paula Andrea Russi, jefa de protección de Sofía Petro, advirtió desde enero de este año que algunos comportamientos de los escoltas “representan un riesgo para la vida e integridad de la hija del presidente de la República”.
Las denuncias cobran especial relevancia desde que se reveló que Alcocer y Sarabia habían pedido apartar algunos de sus escoltas. El director de la Unidad de Protección, Augusto Rodríguez, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, negó que existieran solicitudes para cambiar a los escoltas de la familia presidencial.
Sin embargo, los documentos que analiza la Procuraduría muestran que Rodríguez sí conocía, desde comienzos del año, de las inconformidades con algunos de los hombres asignados para la protección de la familia presidencial. El 29 de enero de 2024, al despacho del jefe de la UNP llegó un oficio firmado por el teniente coronel Carlos Feria, jefe para la protección presidencial, en el que le informa que algunos comportamientos de los escoltas asignados a Sofía Petro Alcocer, de 22 años, están poniendo en riesgo su seguridad. Además, en los documentos en poder de este diario se habla de una denuncia por supuesta discriminación de género por parte del escolta Jhon Fredy Salazar hacia la capitana Russi, jefa de protección de la hija del presidente.
Las denuncias radicadas contra Salazar indican que este “hacía uso de los vehículos asignados al esquema de seguridad a su libre albedrío, sin informar a la suscrita [Russi] de las actividades que realizan, entre ellas, que para algunos movimientos que son del esquema de la señorita Sofía, transporta escoltas pertenecientes a otros esquemas sin la debida autorización”. Los documentos, radicados por la capitana, fueron dirigidos al coordinador de protección de la familia presidencial, la Procuraduría, la UNP y las empresas Alliance Risk & Protection LTDA y la Unión Temporal Protección y Vida, compañías encargadas de la tercerización de los contratos de los escoltas.
Otra de las supuestas irregularidades está relacionada con incumplimientos en los horarios de trabajo por parte de los escoltas de Sofía Petro. Uno de los casos que se reseña ocurrió el 19 de enero de este año en el municipio de Sincelejo, Sucre. Según la denuncia, ese día, sobre las 10 de la noche, los tres escoltas encargados de la protección de Sofía Petro no prestaron el vehículo para su retorno. Con esa actuación, de acuerdo con la capitana, afectaron el servicio y “pusieron en riesgo la seguridad de la beneficiaria de medidas porque, de llegarse a presentar una situación especial, no se contaba con los medios logísticos para reaccionar ante una emergencia o eventualidad”.
Ese día, cuando la capitana advirtió que los escoltas de la hija del mandatario no prestaron su servicio, también explicó que ella tuvo que transportarla en un vehículo que no correspondía a su esquema y apoyarse en la capacidad logística de los escoltas de su hermana, Antonella Petro Alcocer, de 15 años. “De esa forma efectué el desplazamiento, garantizando la seguridad y llegando al destino sin novedad”, escribió. En su reporte también mencionó que los escoltas llegaron sobre las 22.20 al lugar “sin justificación o argumento alguno por su retardo (…) desconociendo el contexto de seguridad”.
En la misma queja, la capitana Russi de la Policía reseña que, un día después de esos hechos, los escoltas habrían retirado el vehículo blindado asignado a Sofía, supuestamente, sin causa justificada. “No dejaron ningún vehículo en el lugar”, puntualizó. Y tres días después, la jefa de esquema alertó que, en un traslado a la Casa de Huéspedes Ilustres, el jefe de escoltas le informó que no la asistirían en ese desplazamiento. “El señor Jhon Salazar, me responde lo siguiente: ‘Paula buenas noches, el día de mañana el personal de UNP no está citado, para que tenga conocimiento”.
Consultada por este diario, Sofía Petro Alcocer contestó que pasa pocos días al año en Colombia y que no tiene conocimiento de las denuncias sobre su esquema de protección. “No da mucho tiempo para enterarme en profundidad de lo que sucede”, dijo. Hasta la publicación de este artículo, la jefa de su esquema, la capitana Paula Russi, no había contestado a este diario.
Por ese caso, el 27 de enero el coordinador de protección del presidente y su familia radicaron ante Augusto Rodríguez, el director de la UNP, un memorando advirtiendo de todas las irregularidades en las que aparentemente estaban incurriendo los escoltas. El 6 de febrero pasado, la empresa Alliance Risk & Protection citó a una diligencia de descargos al escolta Jhon Fredy Salazar, y abrió un proceso disciplinario laboral en su contra. No era la primera vez que tenía un llamado de atención por parte de la empresa. El 4 de septiembre de 2023 ya había tenido una diligencia de ese tipo por llamados de atención por parte de los encargados de seguridad de la presidencia. EL PAÍS también consultó al escolta denunciado, pero no contestó a ningún interrogante.
La defensa de los escoltas
El 26 de junio de 2024, a los despachos de la Procuraduría llegó un oficio en el que tres escoltas de la UNP se quejan por una supuesta extralimitación de funciones del varios funcionarios: el jefe de seguridad de la Presidencia, coronel Carlos Alberto Feria; el coordinador de protección del presidente y su familia, Jhonatan Alfonso Bernal, y otros integrantes de la Policía, como la teniente Kelly Daniela Lozano. En ese documento alegan que ellos no son subordinados de la Policía Nacional, sino que están contratados a través de empresas temporales, y dicen que se les está vulnerando su derecho al trabajo.
Gran parte de los documentos los dedicaron a desmentir a los policías encargados de la seguridad de presidencia que se han quejado de que los escoltas incumplen con su trabajo. Especifican, por ejemplo, que son falsas las afirmaciones que ha enviado el mayor Jonathan Alfonso Bernal en las que advierte, supuestamente, que ellos no prestan ningún servicio de protección a la primera dama, Verónica Alcocer.
También advierten que los policías, asignados a la jefatura de protección, han firmado documentos donde solicitan el retiro y la desvinculación de los escoltas del esquema de la familia presidencial. “Envían informes mintiendo y faltando al código de ética policial que ellos mismos promulgan en cada uno de sus deberes diarios como policías”. De acuerdo con esa queja, la misma Policía ha elevado peticiones para que los escoltas sean despedidos de la UNP. Esta denuncia controvierte las afirmaciones del director Augusto Rodríguez, quien públicamente ha dicho que no ha recibido solicitudes contra los hombres que prestan seguridad para la Casa de Nariño.
Uno de los apartados más graves del oficio relata que, desde comienzos de junio de este año, el coronel Feria, Laura Sarabia y Verónica Alcocer, según ellos, se han reunido en el Palacio de Nariño “para tratar temas de campañas de desprestigio vía WhatsApp”. Aunque en los documentos no adjuntan ninguna evidencia, sí hacen eco de las informaciones que han rondado en las redes y los medios de comunicación en los últimos días. “Reiteramos que como escoltas no tenemos ninguna información de inteligencia”, y se distancian de las funciones de los uniformados. “A diferencia de la Policía, que tienen todos los medios logísticos para adelantar toda clase de investigaciones, seguimientos o interceptaciones”, escriben.
Lo cierto es que, aunque las alertas por posibles irregularidades en la seguridad de la familia de Petro han escalado a todas las entidades -desde septiembre del año pasado-, ninguna entidad ha priorizado el tema. Mientras desde la UNP aclaran que los contratos están tercerizados y que son empresas privadas las encargadas de contratar a los escoltas, las explicaciones de Rodríguez, ante la opinión pública, han estado centradas en alejar los reflectores negando que sea un tema político. “No hay ninguna guerra interna”, sostiene.
