Por William Giraldo Ceballos
Mientras la Contraloría se encarga de vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, la Procuraduría General de la Nación vigila la conducta oficial de los funcionarios públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas.
Esa es la definición más política que legal de dos instituciones del Estado creadas con buenos propósitos pero desfiguradas por la burocracia que corresponde en su conformación a favores políticos y no a la meritocracia que se menciona repetidamente en la designación de funcionarios en otras entidades oficiales.
Las dos entidades suman 30 mil empleados o funcionarios encargados de «vigilar» mientras crece la corrupción en sus narices.
Mirar para otro lado con los resultados de sus investigaciones y el anuncio de sanciones que jamás son aplicadas a funcionarios públicos designados por razones también políticas dentro, del círculo vicioso del «yo te elijo tu me eliges» o mejor aún «yo te elijo, tu no vigiles».
¿Cuánto cuestan a los contribuyentes los funcionarios de las dos entidades que adornan el mosaico de instituciones democráticas de Colombia?
Los dos organismos de CONTROL deberían mostrar no solo resultados de sus investigaciones sino los efectos reales de las sanciones impuestas a todos los corruptos que desangran la moral y las finanzas públicas del país.
Como no tienen nada que mostrar, ni le aportan nada a la economía, la moral o la ética, deberían eliminarse para ahorrarle gastos al Estado.
¿SE APLICAN EFECTIVAMENTE LAS SANCIONES A LOS CORRUPTOS; A LOS QUE PECULAN Y A LOS QUE DESFALCAN?
¿Alguien pide cuentas sobre la ética y la moral de los servidores públicos?
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