por Corey G. Johnson
DURANTE AÑOS, los fabricantes de armas más emblemáticos de Estados Unidos entregaron información personal confidencial sobre cientos de miles de clientes a agentes políticos.
Esos agentes, a su vez, utilizaron en secreto los detalles para convencer a los propietarios de armas de fuego de que eligieran a políticos pro armas que se postularan para el Congreso y la Casa Blanca, según descubrió una investigación de ProPublica.
El intercambio clandestino de las identidades de los compradores de armas, sin su conocimiento ni consentimiento, marcó un cambio significativo para una industria que durante mucho tiempo se enorgulleció de frustrar los esfuerzos por rastrear quién posee armas de fuego en Estados Unidos.
Al menos 10 empresas de la industria de las armas, incluidas Glock, Smith & Wesson, Remington, Marlin y Mossberg, entregaron nombres, direcciones y otros datos privados al principal grupo de presión de la industria de las armas, la National Shooting Sports Foundation. Luego, la NSSF ingresó los detalles de los propietarios de armas en lo que se convertiría en una base de datos masiva.
Los datos inicialmente provenían de décadas de tarjetas de garantía completadas por los clientes y devueltas a los fabricantes de armas para reembolsos y programas de reparación o reemplazo.
Una revisión de ProPublica de docenas de tarjetas de garantía desde la década de 1970 hasta la actualidad descubrió que algunas prometían a los clientes que su información se mantendría estrictamente confidencial. Otras decían que cierta información podría compartirse con terceros para fines de marketing y ventas. Ninguna de las tarjetas informaba a los compradores de que sus datos serían utilizados por lobistas y consultores para ganar elecciones.
Tarjeta de garantía de Remington con lenguaje de divulgación de uso común
Texto seleccionado
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obtenido por ProPublica
La industria de las armas lanzó el proyecto aproximadamente 17 meses antes de las elecciones de 2000, mientras lidiaba con una cascada de amenazas financieras, legales y políticas. En tres años, la base de datos de la NSSF —llena de información sobre tarjetas de garantía y complementada con nombres de padrones electorales y licencias de caza— contenía al menos 5,5 millones de personas.
Jon Leibowitz, que fue designado miembro de la Comisión Federal de Comercio por el presidente George W. Bush en 2004 y se desempeñó como presidente durante la presidencia de Barack Obama, revisó varias políticas de privacidad y tarjetas de garantía de empresas a pedido de ProPublica. La comisión ha aplicado protecciones de privacidad desde la década de 1970.
Leibowitz dijo que las empresas de armas de fuego que entregaron información de clientes pueden haber violado prohibiciones federales y estatales contra el comportamiento comercial injusto y engañoso y podrían enfrentar sanciones civiles.
«Esto es muy preocupante», dijo Leibowitz, que dejó la comisión en 2013. «No se deben tomar los datos de las personas sin que sepan qué se está haciendo con ellos, y dárselos o venderlos a otros. Es la información del cliente, no de la empresa».
La recopilación no revelada de información íntima de los propietarios de armas contrasta marcadamente con la imagen pública de la NSSF.
Fundada en 1961 y con sede actual en Shelton, Connecticut, la organización comercial representa a miles de fabricantes, distribuidores, minoristas, editores y campos de tiro de armas de fuego y municiones. Se financia con cuotas de membresía, donaciones, eventos patrocinados y subvenciones gubernamentales. Si bien no es tan conocida como el principal grupo de presión de los propietarios de armas, la Asociación Nacional del Rifle, la NSSF es respetada e influyente en las comunidades empresariales, políticas y de derechos de armas.
Durante dos décadas, el grupo se posicionó como un inquebrantable guardián de la privacidad de los propietarios de armas. La organización ha protestado contra los intentos del gobierno y las corporaciones de acumular información sobre los compradores de armas. Tan recientemente como este año, la NSSF presionó para que se aprobaran leyes que prohibieran a las compañías de tarjetas de crédito crear códigos especiales para los comerciantes de armas de fuego, alegando que los códigos podrían usarse para crear un registro de compradores de armas.
Como grupo, los propietarios de armas son ferozmente protectores de su información personal. Muchos tienen buenas razones. Entre sus filas se encuentran agentes de policía, jueces, víctimas de violencia doméstica y otras personas que han enfrentado graves amenazas de daño.
En una declaración, la NSSF defendió su recopilación de datos. Cualquier sugerencia de «comportamiento poco ético o ilegal es totalmente infundada», decía la declaración, y añadía que «estas actividades son, y siempre han sido, totalmente legales y se encuentran dentro de los términos y condiciones de cualquier fabricante, empresa, corredor de datos u otra entidad individual».
Las empresas de la industria de las armas no respondieron a ProPublica o se negaron a hacer comentarios, señalando que hoy están bajo una propiedad diferente y no pudieron encontrar pruebas de que se hubiera compartido anteriormente la información de los clientes. Un fabricante de municiones mencionado en los documentos de la NSSF como fuente de datos dijo que nunca le dio al grupo comercial ni a sus proveedores ninguna «información personal».
ProPublica estableció la existencia del programa secreto después de revisar decenas de miles de correos electrónicos, informes, facturas y contratos internos corporativos y de la NSSF. También entrevistamos a decenas de ex ejecutivos de armas, empleados de la NSSF, cabilderos de la NRA y consultores políticos en los EE. UU. y el Reino Unido.
Los relatos de personas con información privilegiada y el conjunto de registros revelan un esfuerzo de varias décadas para movilizar a los propietarios de armas como una fuerza política. La información confidencial de los clientes de armas fue fundamental para lo que la NSSF llamó su programa de educación de votantes. La iniciativa implicó enviar cartas, postales y, más tarde, correos electrónicos para persuadir a las personas a votar por los candidatos políticos preferidos de la industria de las armas de fuego. Debido a que las leyes de privacidad protegen los nombres de los compradores de armas de fuego de la vista del público, los datos que obtuvo la NSSF le dieron una capacidad única para identificar y contactar a un gran número de propietarios de armas o entusiastas de los deportes de tiro.
También le permitió a la NSSF averiguar si un comprador de armas era un votante registrado. Aquellos que no lo eran se verían alentados a registrarse y emitir su voto por políticos apoyados por la industria.
De 2000 a 2016, la organización invirtió más de 20 millones de dólares en su campaña de educación de votantes, que inicialmente se llamó Vote Your Sport y hoy se conoce como GunVote. La NSSF pregonó el éxito de su campaña electoral en informes, en los que se atribuyó el mérito de haber colocado a George W. Bush y a Donald J. Trump en la Casa Blanca y a legisladores partidarios de las armas de fuego en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.
En abril de 2016, un contratista del proyecto de educación de votantes de la NSSF entregó una gran cantidad de datos a Cambridge Analytica, una empresa de consultoría política a la que se le atribuye un papel clave en la estrecha victoria de Trump ese año. La empresa cerró más tarde en medio de un escándalo mundial por su manejo de datos confidenciales de consumidores.
Los datos entregados a Cambridge incluían 20 años de información de tarjetas de garantía de propietarios de armas, así como una base de datos independiente de clientes de Cabela’s, un minorista de artículos deportivos con aproximadamente 70 tiendas en Estados Unidos y Canadá.
Cambridge combinó los datos de la NSSF con una amplia gama de datos confidenciales obtenidos de intermediarios comerciales de datos. Incluía los ingresos de las personas, sus deudas, su religión, dónde surtían sus recetas, las edades de sus hijos y las compras que hacían para ellos. En el caso de las mujeres, revelaba elementos íntimos como si la ropa interior y otras prendas que compraban eran de talla grande o pequeña.
La información se utilizó para crear perfiles psicológicos de los propietarios de armas y asignar puntuaciones a rasgos de comportamiento, como el neuroticismo y la amabilidad. Los perfiles ayudaron a Cambridge a adaptar los mensajes políticos de la NSSF a los votantes en función de sus personalidades.
GunVote está en pleno apogeo este año, pero no está claro qué papel, si es que tiene alguno, está desempeñando la base de datos en las elecciones.
Los candidatos a favor de las armas que la NSSF ayudó a enviar a la Casa Blanca y al Congreso en las últimas dos décadas han conseguido importantes victorias políticas para la industria. Impidieron que el Congreso extendiera una prohibición de las armas de asalto vendidas a civiles y concedieron a las empresas de armas una amplia inmunidad legal frente a demandas relacionadas con el uso indebido de armas de fuego.
A medida que ha aumentado el número de muertos por tiroteos masivos en escuelas y en otras partes del país, esos políticos han detenido las propuestas de resucitar la prohibición de las armas de asalto y promulgar otras medidas de control de armas, incluso las populares entre los votantes, como aumentar la edad mínima para comprar un rifle de asalto de 18 a 21 años.
En respuesta a las preguntas de ProPublica, la NSSF reconoció que había utilizado la información de los clientes en 2016 para «crear un modelo de datos» de votantes potencialmente comprensivos. Pero el grupo dijo que la «existencia y el éxito demostrado de ese modelo obviaron la necesidad de continuar la adquisición de datos a través de canales privados y, hoy, la NSSF solo utiliza datos de fuentes comerciales a los que luego se aplica el modelo de datos».
La NSSF se negó a dar más detalles o responder preguntas adicionales, incluyendo si el grupo comercial notificó a las personas en su base de datos sobre cómo estaba utilizando su información.
En 2022, el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, envió a la NSSF una lista de preguntas después de leer documentos filtrados que hacían una referencia pasajera a la base de datos. En sus respuestas, la NSSF no reconoció la existencia de la base de datos.
“La hipocresía de advertir sobre un registro gubernamental y al mismo tiempo establecer un registro privado con fines políticos es asombrosa”, dijo Blumenthal después de enterarse del programa a través de ProPublica. “Absolutamente asombroso”.
“NO TENÍAMOS NINGÚN AMIGO EN ESA SALA”
Todo empezó con un tiroteo en una escuela.
El 17 de enero de 1989, un hombre armado con un AK-47 de fabricación china entró en el campus de una escuela primaria en Stockton, California. Disparó más de 100 tiros en aproximadamente dos minutos, matando a cinco niños e hiriendo a más de dos docenas de personas.
El tirador tenía un extenso historial criminal, pero no tuvo problemas para comprar el arma en una tienda de armas de Oregon. Las leyes federales y de Oregon no exigían verificaciones de antecedentes para comprar rifles semiautomáticos como el AK-47.
La masacre conmocionó a la nación.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos suspendió las importaciones de armas semiautomáticas de fabricación extranjera. El presidente George H.W. Bush, un ávido cazador y miembro de la NRA, hizo que la suspensión fuera permanente, impidiendo que 43 tipos de armas de fabricación internacional se vendieran en los EE. UU. California prohibió más de 50 marcas y modelos de rifles, escopetas y pistolas. Entre ellas, la más importante era la TEC-9, una pistola semiautomática popularizada en programas de televisión como “Miami Vice” que se había convertido en el arma preferida de las bandas y los traficantes de drogas. Nueva Jersey aprobó una ley que prohibía la venta de TEC-9 en el estado.
Un joven cabildero que representaba al pequeño fabricante de armas con sede en Miami, Intratec, vio a los ejecutivos de las armas testificar en una audiencia hostil del Congreso a principios de los años 90. Se preguntó cómo podría contraatacar la industria. “No teníamos ningún amigo en esa sala”, recordó recientemente Richard Feldman. “Pensé que si la gente que realmente usaba y le gustaba la TEC-9 estaba aquí, tal vez podríamos tener un impacto.
Después de la audiencia, Feldman dijo que le pidió a Intratec las tarjetas de garantía de la empresa. Casi inmediatamente, Intratec le envió cajas y más cajas para que las revisara. Contenían más de 90.000 nombres de propietarios de todo el país. Crear una base de datos sería una tarea monumental, que excedería los recursos de la organización de lobby para la que trabajaba Feldman. Pero Feldman dijo que vio el potencial de la idea para la industria de las armas. Aproximadamente 4 de cada 10 hogares en todo el país poseían armas, y solo una pequeña fracción de esas personas pertenecían a la NRA. Si se pudiera movilizar a la enorme cantidad de entusiastas de las armas, pensó Feldman, la lucha por el control de armas sería más justa. (Intratec cerró en 2001.)
Entonces, el 1 de julio de 1993, un empresario fracasado, armado con dos TEC-9 y un montón de rencores, mató a ocho personas e hirió a seis en el interior de un bufete de abogados en San Francisco. En su momento, la tragedia fue el tiroteo más mortal en la historia del Área de la Bahía, y nuevamente la atención de la nación se centró en las armas de alta potencia.
Con el apoyo de la Casa Blanca del presidente Bill Clinton y a pesar de las vehementes protestas de la industria de las armas y la NRA, el Congreso prohibió la venta de armas de asalto durante 10 años y exigió verificaciones de antecedentes a los compradores de armas de fuego. En una señal de apoyo bipartidista, docenas de legisladores republicanos votaron a favor de la prohibición de las armas de asalto, y fue respaldada por los expresidentes Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan.
Preocupado por el impulso que estaba cobrando el control de armas, Feldman dijo que en algún momento a mediados de la década de 1990 compartió la idea de la tarjeta de garantía con James Jay Baker, un abogado que había sido el principal cabildero de la NRA. Baker en ese momento representaba a la industria de las armas de fuego y reportaba directamente al presidente de la NSSF.
Feldman voló a Washington, D.C., y se reunió con Baker en su pequeña oficina. Mientras Feldman le explicaba los beneficios políticos de un proyecto de tarjeta de garantía para toda la industria, Baker se entusiasmó, recordó Feldman.
“Le encantó la idea”, dijo Feldman. (Baker no respondió a los mensajes y colgó cuando un periodista de ProPublica lo contactó por teléfono).
En junio de 1997, Bushnell, que fabrica accesorios para rifles, había entregado a la NSSF una lista de clientes que habían completado tarjetas de garantía, según un informe mensual de la NSSF a sus miembros. (Un portavoz de Vista Outdoor, que adquirió Bushnell en 2014, dijo que la empresa “no tiene evidencia de que dicha información haya sido compartida bajo un propietario anterior” y que “la NSSF informa que Bushnell nunca compartió dicha información”).
En una carta enviada a los ejecutivos de la industria de las armas dos meses después, Baker se quejó de que solo dos empresas habían proporcionado datos. La carta, enviada a los líderes de Marlin, Remington, Smith & Wesson y otras 17 empresas importantes, instó a los fabricantes a unirse al intercambio de tarjetas de garantía y destacó la necesidad de más herramientas para movilizar políticamente a los propietarios de armas.
“LA PARTICIPACIÓN INICIAL EN LA BASE DE DATOS HA SIDO MUY POSITIVA”
OTRO tiroteo en una escuela aceleró las reformas de control de armas a fines de los años 90 e impulsó un cambio dramático en la forma en que la industria respondería.
El 20 de abril de 1999, dos adolescentes acecharon los pasillos de la escuela secundaria Columbine en Littleton, Colorado. Vestían gabardinas negras y estaban armados con una TEC-9, un rifle carabina, dos escopetas y bombas caseras.
La pareja disparó 188 rondas de munición, matando a 13 personas e hiriendo a otras 24, antes de terminar su ola de asesinatos en suicidio.
La noticia enfureció a los titanes de las compañías de armas de Estados Unidos. Ya estaban aterrorizados por una sucesión de amenazas catastróficas. La producción nacional disminuyó durante la década a medida que las filas de su principal base de clientes, los cazadores, envejecían y se reducían.
Dos meses antes de la masacre de Columbine, un jurado federal declaró por primera vez responsables a 15 fabricantes de armas de fuego de los tiroteos en Nueva York. El veredicto se produjo en una demanda que utilizó una teoría novedosa que sostenía que la negligencia del fabricante fue un factor clave en la violencia. Una procesión de ciudades, con la ayuda de grupos de control de armas y bufetes de abogados de alto nivel, presentaron demandas similares que amenazaron con obligar a gran parte de la industria a declararse en quiebra. Dos empresas, incluida una de las mayores fabricantes de armas de fuego del país, cerraron.
Ahora, a raíz del tiroteo en la escuela de Colorado, los líderes del Congreso pedían restricciones más estrictas a las armas y una ampliación de los controles de antecedentes. El vicepresidente Al Gore haría del control de armas una parte central de su campaña presidencial el año siguiente.
Durante semanas, ejecutivos de la industria de las armas de fuego de lugares tan lejanos como Oregón y Nueva York volaron a las reuniones de la NSSF celebradas en Bridgeton, Missouri; Dulles, Virginia; y Phoenix para elaborar un plan de acción. Eliminaron la prohibición autoimpuesta por la NSSF de hacer campaña y acordaron contratar cabilderos para una oficina en Washington, D.C., según registros internos de la junta de la NSSF.
El giro hacia la campaña electoral representó un cambio radical para la NSSF. Desde 1961, los estatutos de la organización bloqueaban cualquier participación en la política. Durante la mayor parte de ese tiempo, las empresas de armas se habían contentado con permitir que la NRA y otros grupos hablaran públicamente en nombre de los intereses de las armas de fuego.
A fines de 1999, 22 ejecutivos fueron elegidos para supervisar un nuevo grupo creado por la NSSF, la Hunting and Shooting Sports Heritage Foundation. El propósito de la fundación era defender a la industria de las armas de fuego de la embestida legal y transformar su imagen pública, según los registros de la NSSF.
En una entrevista con ProPublica, Larry Keane, vicepresidente senior de la NSSF desde 2000, restó importancia al alcance y la importancia de la base de datos. Sólo dos fabricantes proporcionaron tarjetas de garantía a la NSSF, dijo. El grupo comercial, afirmó inicialmente, no conservaba la información, sino que simplemente convertía las tarjetas de garantía en datos que se devolvían a los fabricantes.
Pero los registros internos de la organización pintan un panorama diferente.
“La participación inicial en la base de datos ha sido muy positiva y tendremos 400.000 nombres registrados y disponibles para fin de año”, decía un documento de la junta de la NSSF de noviembre de 1999. Cinco fabricantes ya habían entregado datos de tarjetas de garantía. Una agencia de conservación estatal había ofrecido información sobre licencias de caza, según el documento, que no mencionaba el nombre de la agencia.
“También proponemos vender la base de datos a los miembros de la NSSF, así como a empresas y organizaciones no relacionadas con la caza para compensar el costo de la entrada y el mantenimiento de los datos”, decía el registro.
Un borrador de las políticas y procedimientos para la base de datos de participantes de Hunting and Shooting Sports decía que los compradores de la lista podían comprar un segmento o la totalidad de ella.
“En ningún momento se proporcionará a ninguna parte externa información relacionada con la fuente de los nombres”, decía el borrador. El documento no abordaba cuestiones de privacidad ni de consentimiento del cliente.
La NSSF no respondió a una pregunta de ProPublica sobre si alguna vez había vendido los datos.
La base de datos se basaba en tarjetas de garantía, licencias de caza y listas de correo de la NSSF, decía el borrador de las políticas y procedimientos. Los datos de los clientes capturados incluían nombre y apellido, dirección y fecha de nacimiento. Además, se incluía la edad de los propietarios de armas, género, ingresos, educación, direcciones de correo electrónico, profesión, número de armas de fuego, tamaño del hogar, fechas de compra de armas, si eran cazadores o tiradores y el promedio de días en el campo de tiro o de caza.
Casi 100 empresas destinaron un porcentaje de sus ventas a la Hunting and Shooting Sports Heritage Foundation. La fundación recaudó unos 10 millones de dólares en los meses previos a las elecciones de 2000, según documentos de la NSSF, y gastó 6 millones de dólares en publicidad por correo directo, televisión y radio para las elecciones presidenciales y al Congreso. Así nació la primera campaña electoral de la NSSF, Vote Your Sport.
El objetivo era galvanizar a los propietarios de armas, los entusiastas de los deportes de tiro y los cazadores para que apoyaran a George W. Bush y la candidatura republicana. La NSSF eligió 11 estados: Arkansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nevada, Ohio, Pensilvania, Virginia y Washington. Si la participación era exitosa en esas áreas, Bush obtendría casi la mitad de los 270 votos electorales necesarios para ganar.
Vote Your Sport recibió un impulso cuando el minorista Cabela’s decidió ayudar. Fundada en 1961 y con sede en Sidney, Nebraska, la empresa se especializó en la venta de armas y accesorios relacionados a cazadores, tiradores y entusiastas de las actividades al aire libre. En su sitio web, la Hunting and Shooting Sports Heritage Foundation (Fundación para el Patrimonio de los Deportes de Caza y Tiro) incluyó una lista pública de fabricantes, distribuidores y otros contribuyentes; Cabela’s no estaba incluido. Pero un resumen de la NSSF sobre su campaña electoral decía que el minorista compartía datos sobre 356.000 clientes.
Las políticas de privacidad de Cabela’s en 2000 indicaban que los clientes no compartirían su información con fines comerciales, pero que sus direcciones postales podrían entregarse a “empresas de buena reputación” para “mantenerlos informados sobre otros productos y fabricantes para actividades al aire libre”. No se mencionaba el uso de la información con fines políticos.
Bass Pro Shops, que compró Cabela’s en 2017, dijo en un comunicado que la compañía no había podido encontrar evidencia de que Cabela’s hubiera tomado alguna acción “que violara nuestra política de larga data de proteger la privacidad de nuestros clientes”.
Menos de dos semanas antes de las elecciones de 2000, la campaña Vote Your Sport utilizó los nombres de Cabela’s y una lista de cazadores comprada a una empresa de corretaje de datos para enviar correo a más de 2,5 millones de personas en los estados seleccionados.
Es difícil evaluar el impacto de Vote Your Sport. Pero la NSSF afirmó en un informe público del año siguiente que fue un “componente crítico” de la victoria de Bush.
“Dada la cercanía de la elección, es fácil imaginar un resultado diferente” sin el esfuerzo de la industria de las armas para movilizar a la gente para votar, decía el informe.
Aproximadamente 3 millones más de personas en los estados seleccionados votaron que en 1996. Siete millones de cazadores y tiradores vivían en los 11 estados, estimó la NSSF. Según el informe, que cita una encuesta realizada a cazadores y tiradores, una abrumadora mayoría de los votantes de todo el país apoyaron a Bush. El cincuenta y dos por ciento de los encuestados afirmó haber recibido una carta de Vote Your Sport y haber apoyado el mensaje.
La NSSF estaba ahora completamente involucrada en el negocio electoral.
Mark Joslyn, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Kansas que ha estudiado la influencia de la posesión de armas en el comportamiento político, dijo que las encuestas de votantes muestran que se produjo un cambio enorme en el año 2000. Aunque los demócratas registrados y los independientes juntos representan la mayoría de los propietarios de armas, Bush ganó el 66% del voto de los propietarios de armas, dijo. Y en todas las elecciones desde entonces -incluso en 2008 y 2012, cuando el electorado nacional eligió a Barack Obama como presidente- la primera opción de los propietarios de armas de fuego siguió siendo el Partido Republicano, dijo Joslyn.
Ken Strasma, ex director nacional de datos de John Kerry y Barack Obama, dijo que durante años habían circulado rumores en los círculos demócratas de que las campañas republicanas contaban con la ayuda de alguna base de datos especial.
«No ha habido una lista públicamente disponible como esa. Ciertamente no hemos obtenido nada de la NSSF», dijo Strasma. «Quieren mantener su ventaja compartiéndola sólo con el lado republicano».
“NO HABRÁ MIRADA ATRÁS”
SEIS MESES DESPUÉS de las elecciones de 2000, más de 100 ejecutivos de fabricantes de armas y organizaciones de deportes de tiro se reunieron para un almuerzo exclusivo en Kansas City, Missouri.
Chris LaCivita, entonces director político del Comité Senatorial Republicano Nacional y ahora director de campaña de Trump, se dirigió a la multitud. LaCivita elogió el trabajo electoral de la industria, pero advirtió a los ejecutivos que se enfrentarían a una “feroz oposición” si no intensificaban su postura.
“Sin el apoyo de [la industria] creo que es seguro decir que estaríamos sufriendo la continuación de la administración más antiarmas de la historia de nuestra nación”, dijo LaCivita. “Si pueden repetir su éxito en 2002 y 2004, no habrá vuelta atrás”.
(En respuesta a preguntas de ProPublica, LaCivita no dijo si sabía de la existencia de la base de datos cuando pronunció su discurso, pero dijo que no apoya “una base de datos de propietarios de armas, sino de partidarios de la Segunda Enmienda. Hay una diferencia”).
En los meses posteriores a la victoria por la mínima de Bush, la NSSF amplió la base de datos. Cajas de tarjetas de garantía se enviaban regularmente a la sede de la NSSF en ese momento en Newtown, Connecticut, un edificio blanco de estilo colonial de varios niveles que se encontraba en la cima de una carretera montañosa, según entrevistas con varios ex empleados de la NSSF que trabajaron en el proyecto.
En el primer piso había un enorme oso de peluche, asesinado a tiros por un presidente de la NSSF durante una cacería en Alaska. Una bóveda que alguna vez perteneció a un banco se convirtió en una sala de registros y un santuario de armas, donde se exhibía una gran variedad de pistolas, rifles y escopetas antiguas y nuevas.
En ocasiones, la NSSF contrataba a trabajadores temporales en edad universitaria para ingresar datos. Apostados en una pequeña y anodina habitación en el segundo piso, se sentaron frente a pantallas de LCD parpadeantes en largas mesas. Cerca de allí, se apilaban cajas llenas de tarjetas de garantía viejas y descoloridas. A veces, un miembro del personal de la NSSF vigilaba para asegurarse de que los trabajadores temporales no se desquitaran.
Violar sus promesas de estricta confidencialidad en las tarjetas de garantía o no mencionar que la información del consumidor podría ser entregada a la NSSF puede calificar como una práctica engañosa según la Ley de la Comisión Federal de Comercio, dijeron expertos legales y en privacidad. Según la ley, las empresas deben cumplir con sus políticas de privacidad y ser claras con los consumidores sobre cómo usarán su información.
Por lo general, la FTC centra su aplicación en las empresas que se benefician del uso indebido de la información de los consumidores. Leibowitz, ex presidente de la comisión, dijo que los fabricantes de armas podrían alegar que no compartieron los datos con fines comerciales o para ganar dinero. Pero, dijo, compartir la información con un tercero de una manera que pudiera engañar a una persona razonable podría violar la ley, independientemente del motivo.
La base de datos contenía 3,4 millones de registros en mayo de 2001, según un documento de la junta de la NSSF. De ellos, 523.000 provenían de tarjetas de garantía proporcionadas por los miembros del grupo. Los nombres adicionales se obtuvieron de listas de votantes y licencias de caza.
En febrero de 2002, la base de datos, ahora llamada Data Hunter, había crecido hasta incluir 5,5 millones de nombres de cazadores, tiradores, entusiastas de las actividades al aire libre y otros votantes, según otro registro de la junta de la NSSF. Entre los fabricantes que aportaron nombres se encontraban Glock, Marlin Firearms, Mossberg, Savage, Sigarms y Smith & Wesson. El documento decía que otras fuentes incluían a Remington, Hornady, Alliant Powder y USA Shooting, que ha entrenado a tiradores olímpicos desde la década de 1970 y supervisa competiciones locales, estatales y nacionales de rifle, pistola y escopeta.
Alliant Powder dijo que “no había proporcionado información personal a la NSSF ni a ninguno de sus proveedores”. Glock, Mossberg, Savage, Smith & Wesson, Olin Winchester y Hornady no respondieron a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo Sig Sauer, que ahora es propietaria de Sigarms. Un ejecutivo de Sturm, Ruger & Co., que compró Marlin Firearms en 2020, dijo que “no podemos, y no haremos, comentarios sobre algo que Marlin pudo o no haber hecho hace 20 años”.
Desde entonces, Remington se dividió en dos empresas y se vendió. Remarms, propietaria de la antigua división de armas de fuego, dijo que desconocía el funcionamiento de la empresa en ese momento. La otra parte de la empresa ahora es propiedad de Remington Ammunition, que dijo que “no había proporcionado información personal a la NSSF ni a ninguno de sus proveedores”. Otras dos empresas de armas identificadas en el documento de la junta de la NSSF ya no existen o no respondieron a una solicitud de comentarios.
Los registros revisados por ProPublica no indican dónde se centró la NSSF en su campaña Vote Your Sport en 2002 ni ofrecen información exacta sobre cómo se utilizaron los datos de los clientes.
Pero un correo electrónico escrito por un ejecutivo de Cambridge Analytica en 2016 mencionaba que un contratista de la NSSF había estado dirigiendo la campaña de educación de los votantes del grupo comercial «desde 2002 y que ha sido casi en su totalidad correo directo». El contratista, escribió, «estaba aprovechando una base de datos de tarjetas de garantía de fabricación de armas de fuego (recopiladas por las empresas de armas de fuego) para determinar su objetivo en estados clave (millones de personas, si compraron un arma y qué tipo de arma compraron)».
En las elecciones de mitad de mandato de 2002, los republicanos ganaron escaños en el Senado y la Cámara de Representantes para controlar ambas cámaras. Dos años después, Bush ganó la reelección y los republicanos ganaron otros cuatro escaños en el Senado cuando los partidarios acérrimos de la industria de las armas obtuvieron la victoria.
El nuevo Congreso y la Casa Blanca hicieron retroceder muchos de los avances que los defensores del control de armas habían logrado en los años 1990.
A pesar de las promesas preelectorales de apoyar una renovación de la prohibición de las armas de asalto, Bush no tomó ninguna medida cuando la prohibición expiró en 2004 y guardó silencio mientras los republicanos obstaculizaban los intentos de reautorización.
Su nombramiento de John Ashcroft (un aliado de la industria de las armas y de la NRA) como fiscal general condujo a una reversión de la filosofía y el enfoque regulatorio del gobierno federal hacia las armas. Bajo Ashcroft, el Departamento de Justicia interpretó por primera vez la Segunda Enmienda como una garantía de un derecho individual a la propiedad de armas, y no un privilegio de las milicias estatales, como había sido su posición desde los años 1970.
Ashcroft impidió que los agentes del FBI que investigaban los ataques del 11 de septiembre de 2001 compararan los nombres de los presuntos terroristas con los registros federales de compra de armas. Y, citando la privacidad de los compradores de armas que respetan la ley, redujo el tiempo que el FBI podía conservar los registros de verificación de antecedentes de 90 días a un solo día hábil.
Bush y los líderes republicanos en el Congreso también defendieron y aprobaron un proyecto de ley histórico que otorgó a la industria de las armas una amplia inmunidad frente a los litigios que amenazaban su supervivencia. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas eliminó prácticamente todas las demandas restantes de las ciudades presentadas contra la industria a fines de la década de 1990.
En los años siguientes, los legisladores respaldados por las empresas de armas han aplastado los intentos de prohibir las armas de asalto y ampliar las verificaciones de antecedentes, incluso después de tiroteos masivos de alto perfil. Envalentonados por la inmunidad legal, algunos fabricantes comercializaron agresivamente armas de asalto como el AR-15. En la última década, los rifles de estilo AR-15 han generado más de mil millones de dólares en ventas, según una revisión de 2022 realizada por el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes.
Las armas de asalto se utilizan en menos de un tercio de los tiroteos masivos, pero representan una proporción mucho mayor de sus muertes y lesiones.
En 2012, a menos de 3 millas de la sede de la NSSF en Connecticut en ese momento, un hombre de 20 años armado con un rifle de asalto mató a 26 personas, incluidos 20 niños, en la escuela primaria Sandy Hook. Cuatro años después, 49 personas fueron asesinadas y 53 heridas en un club nocturno de Florida por un hombre que disparó un rifle de asalto que había jurado lealtad al líder del grupo Estado Islámico.
El año siguiente, un hombre armado abrió fuego contra una multitud que asistía a un festival de música country en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, matando a 60 personas e hiriendo a más de 400. Las autoridades dijeron que utilizó 14 rifles de asalto para llevar a cabo la masacre.
El día de San Valentín de 2018, un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas entró al campus de Parkland, Florida, armado con un rifle estilo AR-15 y asesinó a 14 estudiantes y tres miembros de la facultad. Había comprado legalmente el arma un año antes a la edad de 18 años.
La matanza masiva, el tiroteo más letal en una escuela secundaria de EE. UU. hasta el día de hoy, centró la atención en la ley federal y las leyes de muchos estados que permiten a los adolescentes comprar rifles inspirados en armas de guerra. En cuestión de semanas, dos proyectos de ley del Congreso propusieron aumentar la edad mínima federal para comprar un arma de asalto de 18 a 21 años. La ley federal ya exige que los compradores de armas de mano tengan 21 años. Ambas propuestas murieron silenciosamente en el comité.
En los años siguientes, al menos tres intentos más en el Congreso para elevar la edad mínima no llegaron a la votación en el pleno. Las encuestas realizadas en ese momento muestran que una abrumadora mayoría de estadounidenses apoyó tal propuesta.
Luego, en mayo de 2022, un supremacista blanco de 18 años que había comprado legalmente un rifle de asalto estilo AR-15 mató a 10 estadounidenses negros en un mercado en Buffalo, Nueva York. En ese momento, el estado restringía la posesión o compra de armas de fuego a personas de 21 años o más, pero la ley no se aplicaba a los rifles.
Diez días después de las matanzas en Buffalo, otro joven de 18 años asesinó a 19 estudiantes y dos maestros en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. El tirador había comprado dos rifles estilo AR-15 y llevó a cabo el ataque a los pocos días de cumplir 18 años.
Una encuesta del Pew Research Center del año pasado volvió a encontrar un apoyo abrumador tanto entre los demócratas como entre los republicanos a elevar la edad mínima para comprar un arma de fuego. Pero desde 2022, al menos cinco propuestas más para promulgar un cambio de este tipo en el Congreso no han llegado a ninguna parte.
El mes pasado, en una escuela secundaria de Georgia, un joven de 14 años utilizó un rifle de asalto para matar a dos estudiantes y dos profesores y herir a siete personas más. Fuentes policiales dijeron a los medios de comunicación que el padre del niño compró el arma para su hijo como regalo. La ley de Georgia en general prohíbe a cualquier persona menor de 18 años poseer un arma de fuego, pero el límite de edad no se aplica a los rifles. La ley federal establece de manera similar la edad mínima para poseer un arma de fuego en 18 años, pero no tiene restricciones para poseer armas largas.
El panorama de armas actual no se parece en nada al de 1994. Entonces, los estadounidenses poseían 192 millones de armas de fuego. La estimación más reciente sitúa la cifra en 393 millones, más de un arma de fuego por cada persona en Estados Unidos.
Por primera vez en la historia, las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños y adolescentes. Y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2021 murieron más personas por disparos en un solo año que nunca antes.
En junio, el director general de sanidad de Estados Unidos, Vivek Murthy, declaró que la violencia con armas de fuego era una crisis de salud pública. Recomendó la prohibición de las armas de asalto y la verificación universal de antecedentes como estrategias para reducir el número de muertos.
Collage de imágenes de Trump: Foto de Brooks Kraft/Getty Images. Collage de imágenes de Bush: Foto de John Edwards. Tarjetas de garantía obtenidas por ProPublica.
Imágenes de armas y otras imágenes de archivo de revistas: Shooting Industry Magazine (agosto de 1999); The Small Arms Review (abril de 2000, octubre de 2001); Guns & Ammo (mayo de 2000); Shooting Times (febrero de 2000, abril de 2000, junio de 2000, agosto de 2000, octubre de 2000, noviembre de 2000).
Diseño y desarrollo de Anna Donlan.
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