“El peor enemigo con que puedes encontrarte serás siempre tú mismo”, escribió Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra. Para el caso del Gobierno de Gustavo Petro, que llega a la mitad de su mandato, la frase encaja casi que a la medida. Luego de hacer historia en las elecciones presidenciales de 2022, ganando con amplitud, el político de izquierda enfrenta una crisis de credibilidad por cuenta de varios escándalos de corrupción. Un descrédito que no se origina en una oposición recalcitrante ni en los grandes poderes económicos, que no han ocultado su desacuerdo con su proyecto político, sino en altos funcionarios, aliados de primera línea y miembros de su familia.
Los meses posteriores a la toma de juramento de Petro transitaron con calma. Los 11,2 millones de votos obtenidos en la segunda vuelta le sirvieron al Gobierno para consolidar los apoyos suficientes en el Congreso y lograr la aprobación de la reforma tributaria, la primera de un ambicioso paquete de iniciativas legislativas. Aquel triunfo, que pronosticaba más victorias, quedó en un segundo plano, lejos de esa promesa. Eso se debe no solo a las pujas por el contenido de los proyectos de las siguientes reformas sino, también y quizás sorbe todo, a las acusaciones que tocaron la puerta de Laura Sarabia, en ese entonces jefa de gabinete y mano derecha del primer mandatario. Aunque Sarabia era resistida por sectores de la izquierda, quienes criticaban que no tuviera un pasado de militancia, contaba con el respaldo y confianza de Petro, lo que la convertía en una de las personas más poderosas en la Casa de Nariño. El estrecho vínculo llevó a que cualquier paso en falso de la joven politóloga tuviera consecuencias sobre el presidente.
En enero de 2023, Sarabia reportó a las autoridades la pérdida en su residencia de unos maletines con dinero. La niñera de su hijo, Marelbys Meza, considerada como la potencial sospechosa, fue sometida por miembros de la Policía Nacional —actualmente imputados por presuntas irregularidades en ese procedimiento— a un interrogatorio con polígrafo en un edificio adscrito a la Presidencia de la República, en el centro de Bogotá. “Me sentí secuestrada”, dijo Meza a Semana cuatro meses después, cuando contó su experiencia. Fue sólo el comienzo. Más adelante se confirmaría que las comunicaciones de Meza habían sido interceptadas ilegalmente y se filtraron grabaciones de audios enviados por Armando Benedetti, político tradicional que fue clave en la elección presidencial y por entonces embajador en Caracas, a Sarabia. En ellas, el operador político clave de las elecciones sugería que habían ingresado dineros ilegales a la campaña presidencial. La jefa de gabinete y el diplomático dejaron prontamente sus cargos, por decisión de Petro. Pero rápidamente surgió otro foco, que solo acrecentó los problemas del Gobierno.
El primogénito del presidente, Nicolás Petro, fue capturado a finales de julio de ese año por la Fiscalía General de la Nación, que le acusa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito justamente durante la campaña. La principal testigo en su contra es Daysuris Vásquez, su exesposa, quien aportó conversaciones que ambos sostuvieron en WhatsApp durante 2022. Vásquez asegura que empresarios y antiguos narcotraficantes entregaron dinero en efectivo al entonces diputado en el departamento del Atlántico por el partido de su padre, con el propósito de contribuir en la campaña presidencial, y que Nicolás se lo había apropiado. En una de las primeras audiencias judiciales, el primogénito expresó su deseo de contribuir con la Fiscalía, al punto de comprometerse a contar cómo ingresó el dinero. Petro se distanció de su hijo, pidió a la Fiscalía investigarlo e incluso dijo en una entrevista: “yo no lo crie”. Pero unas semanas después, en un giro inesperado y tras haber hablado con su padre, se echó para atrás y denunció que había sido “doblegado moral y físicamente”. Las sumas, de las que no se ha podido comprobar que tuviera conocimiento Gustavo Petro, fueron utilizadas por Nicolás —hoy en libertad mientras avanza su juicio— para gastos personales.
Las aguas no se sosegaron. Un nuevo impacto llegó en septiembre, y también tenía que ver con las contribuciones recibidas por la campaña. Una investigación de Noticias Caracolreveló el apoyo que el narcotraficante Juan Carlos López y su esposa Sandra Navarro dieron a la candidatura de Petro en Yopal, capital del departamento de Casanare, en mayo de 2022. La pareja aportó vehículos de alta gama para actividades proselitistas y su casa como lugar de celebración de los resultados de la primera vuelta, que dejaron al líder de izquierdas en el primer lugar. López, al mes siguiente, fue detenido en esa misma vivienda por liderar una banda que enviaba cocaína al extranjero y condenado a 15 años de prisión. El presidente negó lo sucedido, calificó como “falsa” la entrega periodística y aseguró que López y Navarro no ostentaban un rol importante en su campaña, aunque existen audios que confirman la participación activa de ambos.
El más reciente escándalo, que todavía sortea el Gobierno, gira alrededor de la malversación de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los testimonios del exdirector y exsubdirector de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, dan fe de una red de direccionamiento de contratos en distintos municipios del país que requerían la atención urgente de calamidades. Un porcentaje del dinero desviado, según hallazgos de medios de comunicación y confirmación de los dos exfuncionarios, fue entregado a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, para agilizar la aprobación de las reformas (que no se logró). Las acusaciones también salpican a Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones.
Para Sergio Guzmán, fundador de la consultora Colombia Risk Analysis, al Gobierno actual se le mide con una vara ética más exigente debido a su pasado como oposición, cuando sus miembros eran férreos críticos de actos de corrupción y prometían erradicarlos en caso de llegar al Ejecutivo. “Las mismas acciones del Gobierno son su mayor obstáculo porque ellos decían ser el cambio. Ahora, con todo lo que sucede, la gente ve que se dieron cambios, sí, pero de personas y no de cultura política. Para cada escándalo de esta Administración hay un escándalo similar con otros presidentes“. Dice que por esa misma razón es que la actual oposición de derecha no obtiene réditos ni protagonismo cuando se ventilan las polémicas del Gobierno Petro. “Lo que ahora les indigna son cosas graves, pero que sucedían antes, cuando ellos tenían el poder”.
Nunca antes la izquierda había llegado a la Casa de Nariño y lo consiguió prometiendo un cambio profundo, uno que iba más allá de reformas y leyes. Petro, quien adquirió visibilidad en su etapa como congresista denunciando abusos de autoridad y escándalos de corrupción, fue reiterativo en campaña acerca de sus planes de transformar el sector público, lo que implicaba depurarlo de malas prácticas y delitos. Con él encabezando el Estado, repetían algunos de sus seguidores, no volverían a verse casos judiciales como los que protagonizaron varios de sus antecesores. Por eso el alto costo de los escándalos de personas cercanas por presuntos hechos de abuso de poder, apropiación de fondos públicos, financiación irregular de su campaña o entrega de contratos a aliados de congresistas, plagas que han asolado el sistema político colombiano y que como congresista Petro criticó y rechazó.
