Por Carlos Piñeros
Se sabe que algo está mal, pero se comete el mal. A conciencia. Por egoísmo. Por fanatismo. Sin medir consecuencias.
Se tiene por sabido que la demanda de bienes y servicios genera empleo, ingresos, utilidades y ahorro que se convierte en inversión (y más empleo y más producción y más ingreso –círculo virtuoso–), pero hay testarudos conscientes que, por ejemplo, se oponen a estimular la demanda implícita en los ingresos laborales, con el falso argumento de que así protegen las ganancias de los empresarios.
Por eso no quieren que el congreso apruebe la reforma laboral, no quieren que el jornalero rural devengue el salario mínimo (por lo menos), no quieren que se paguen con equidad horas extras y días festivos laborados, no quieren que los trabajadores de las plataformas tecnológicas tengan seguridad social, que los primeros empleos de los aprendices del Sena (técnicos) sean remunerados. No quieren. Parte de estos derechos laborales fueron abolidos por Uribe Vélez desde el año 2002, y un gobierno nuevo, el presente, quiere restablecerlos. 23 años de retroceso en justicia laboral.
El salario mínimo sería un avance extraordinario en el campo contra la informalidad laboral. La mayor demanda estimula el empleo, pero también el empleo bien remunerado. Sin embargo, la oposición afirma que la reforma laboral no enfrenta la informalidad ni apunta a generar empleo. Pero no se atreve a demostrarlo. No tiene cómo.
La corriente económica dice todo lo contrario: el trabajador con buen ingreso compra más, gasta más: el soporte del empleo es la demanda. A mayor demanda, mayor empleo, más bienestar, menos inseguridad, más tranquilidad. Pero en el congreso no quieren.
Tampoco quieren la reforma del sistema que atiende la salud. Y no la quieren porque los mercaderes de la salud gozan manejando a su acomodo cien billones de pesos del erario por año, sin que los servicios cubran como debe ser las necesidades de los pacientes ni nadie les exija o sancione por esa muy grave omisión.
Y también está pendiente en la Corte la reforma pensional, que hace justicia con miles y miles de viejos sin protección, que busca una cobertura más amplia y equitativa con el derecho a la jubilación, y que, si no la tumban, sería devuelta al congreso para subsanar vicios de trámite, dada la trascendencia social de su parte sustantiva.
Son, en suma, reformas centrales para la economía y la estabilidad social, vitales con la reforma agraria y la agroindustria para impulsar el desarrollo colectivo y la paz.
De ese tamaño es el daño que se le causa al país al no cumplir el deber de legislar para atender las grandes necesidades nacionales.
¿Es justo perjudicar a la nación por hacerle oposición al gobierno?
¿Para eso están en el congreso los «representantes» del pueblo?
¿Esa es la manera de respetar la democracia que eligió al gobierno?
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