Daniel Coronell
Una evidente desviación de poder de quien era en ese momento el comandante del Ejército, le puso fin a una de las carreras militares más destacadas de Colombia. Se juntaron intrigas, complicidades, manejos irreglamentarios, pero sobre todo la arbitrariedad del general Eduardo Enrique Zapateiro, quien movió su entonces omnipotente dedo para remover de las filas al contradictor de unos aliados suyos. Zapateiro no tuvo siquiera el valor de reconocer, ante un juez, su responsabilidad en la decisión.
La historia podría arrancar por el papel del alto mando que se saltó las normas para acabar la carrera de un oficial, pero quiero identificar primero al sujeto de sus odios.
El miércoles 2 de julio de 2008, quince secuestrados en poder de las Farc, algunos de los cuales llevaban diez años en cautiverio, fueron liberados por militares disfrazados de miembros de una ONG humanitaria que aterrizaron en medio de un grupo de 200 guerrilleros. El hombre que estuvo a cargo de la Operación Jaque en el terreno fue el entonces mayor José Luis Esparza, quien hizo el papel de jefe de la falsa misión humanitaria.
La operación desató cierta controversia. Unos siguen sin creérsela del todo. Piensan que uno o más guerrilleros estaban “negociados” con anterioridad, pero los 200 era imposible. Así es que algún valor, rayano en lo suicida, tendrán que reconocerle a quienes fueron a meterse en la boca del lobo para devolverle la libertad a estas personas.
El resultado resonó en todo el mundo. Un rescate de estas características, sin disparar un tiro y teniendo como único daño colateral un secuestrador con un ojo morado, es una hazaña por donde se vea. Sin embargo, quienes diseñaron y ejecutaron la Operación Jaque fueron saliendo uno tras otro de las filas militares. Casi todos se retiraron, y unos años después, el único que seguía activo era Esparza, quien anónimamente, sin que la mayoría supiera de su participación en Jaque, alcanzó el grado de coronel en el arma de inteligencia.
En octubre de 2020 lo llamaron a hacer curso para ascender a general, pero cuando le faltaban dos meses para terminar, le comunicaron que debía presentarse a calificar servicios y pasar a retiro. El decreto lleva las firmas del entonces presidente Iván Duque y su ministro de Defensa Diego Molano.
Para justificar su salida, a algunos medios les informaron “off the record”, y sin atribución de fuente, que por “labores de inteligencia” había indicios de que Esparza tenía nexos con la guerrilla del ELN. Nunca se conoció una prueba.
Esparza demandó porque la norma señala que “los retiros de oficiales deberán someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa”. Es decir que el presidente podía ordenar su retiro pero antes debería oír a la junta de generales.
El decreto que regula el funcionamiento de la mencionada junta también establece que “para el estudio de situaciones de personal, los Comandos de Fuerzas presentarán a cada miembro de la Junta un legajo con la información pertinente”.
Y aquí empezaron las explicaciones poco satisfactorias del general Zapateiro. Ante el juez Manuel Ricardo Laverde quiso presentar el retiro de Esparza no como una decisión suya impuesta a la junta, sino del “gobierno nacional o el presidente” que él disciplinadamente aceptó. Es decir diciendo que el concepto previo no existió.
También contrariando la norma, los generales presentes en la Junta Asesora no recibieron un “legajo” con la información pertinente para retirar a Esparza. Así lo aseguró el general Miguel Eduardo David Bastidas en su declaración.
El mayor general Javier Alberto Ayala tampoco recuerda que le hayan entregado la información para tomar la decisión.
La también mayor general María Paulina Leguizamón fue aún más lejos cuando declaró ante el juez: “¿Qué hacían con los otros oficiales? Y disculpen porque amo mi Ejército, pero debo honrar la verdad. Lo amo con todas las fuerzas de mi alma. Algo con lo que nunca estuve de acuerdo es que en un llamamiento a calificar servicios, nosotros no conocíamos los nombres. Por decir algo, en la lista”.
Ante el juez administrativo que estudiaba el tema, el general Juan Miguel Huertas señaló que a Esparza no lo querían dejar llegar al generalato porque su presencia pondría en peligro las actividades que venía adelantando la cúpula de la inteligencia: “prácticamente González Lamprea y Sarmiento manejaban el Ejército, se presentaba una situación de unas irregularidades que tenía el general Zapateiro que González Lamprea y Sarmiento sabían y debido a eso, como se dice, lo tenían apretado. Ellos eran los que tomaban las decisiones”.
Un agente de inteligencia aseguró en el proceso que el coronel Mario Sarmiento Reyes, que opera con el alias de Matilda, buscó irregularmente información contra Esparza en bases de datos. Una “fuente humana” habitual de los servicios de inteligencia declaró que el coronel Sarmiento le pidió que vinculara mentirosamente a Esparza con el ELN.
Por todas esas razones, en las últimas horas, el juez Manuel Ricardo Laverde ordenó reintegrar al Ejército al coronel Esparza y permitirle ascender al grado de general.
•En los elementos que analizó el juez, y que hacen parte de su fallo, está la denuncia por acoso sexual contra el coronel José Luis Esparza interpuesta en 2015 por una antigua subalterna y revelada en 2023 por la Revista Raya. Ese caso jamás fue invocado como razón del llamado a calificar servicios.
P.D.: La tutela que suspendió el juicio a Álvaro Uribe tiene como ponente al magistrado Jorge Hernán Díaz, quien, siendo fiscal delegado ante la Corte Suprema, le archivó una investigación por falsedad ideológica a Gabriel Ramón Jaimes, su entonces jefe, el mismo coordinador de fiscales que quería precluirle el caso al expresidente a como diera lugar.
Como si fuera poco, otro de los tres firmantes de la controvertida decisión de tutela es el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, muy cercano a la Universidad Sergio Arboleda. Él tiene colocado en la Procuraduría a un hijo llamado Carlos Alberto Solórzano Rojas. El junior trabaja como asesor de Bladimir Cuadro, el mismo procurador delegado en el juicio a Uribe que se porta como un miembro más de su nutrida bancada de defensa. Todo queda en familia.
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