Daniel Coronell
La coincidencia es muy difícil de explicar. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presionaba a un funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para que apresurara la firma de tres contratos en los que estaban interesados congresistas que hacen parte de una comisión que por aquellos días tenía que dar una aprobación crucial para el gobierno.
El rompecabezas se ha ido armando con las piezas que consiguieron periodistas del Canal Caracol, La W, El Tiempo, CAMBIO y La Silla Vacía.
El martes 12 de diciembre del año pasado el gobierno requería con urgencia que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público lo autorizara para contraer una serie de préstamos internacionales por más de 1.000 millones de dólares. La reunión empezó a las siete de la mañana y en ella estuvieron los tres senadores y cinco representantes que integran esa comisión; por parte del gobierno estaban el ministro Bonilla, la subdirectora de crédito con organismos multilaterales del Ministerio de Hacienda y dos altos funcionarios de Planeación Nacional.
De acuerdo con el acta de la sesión, el representante Wadith Manzur empezó a darle largas a la aprobación. Manzur es conservador de Córdoba, miembro de la Comisión Tercera de asuntos económicos y a la vez de la inútil pero temible Comisión de Acusaciones por su gran poder de presión sobre el Ejecutivo y las Altas Cortes, ya que investiga al presidente de la república y a los altos magistrados.
Ese mismo día, a las cinco de la tarde, Carolina Martínez Joya, la asesora del director Olmedo López, le envió a Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, un cuadro que relacionaba tres obras a ejecutar: la primera para Cotorra, Córdoba, la tierra de Manzur, por 50.000 millones de pesos; la segunda para El Salado, Bolívar, por 12.350 millones y la tercera por 30.000 millones para Saravena, Arauca, el departamento de origen de la representante Karen Manrique, otra de las integrantes de la comisión.
La imagen del papel llegó acompañada por una nota de voz de la asesora en los siguientes términos: “Ney, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”.
El jueves 14 de diciembre en la tarde quien le escribió a Sneyder por WhatsApp fue Jaime Ramírez Cobo, asesor de la Presidencia de la República. En el mensaje le aclaró que el tema de los contratos “es con el ministro de Hacienda” y más adelante le dice “Se nos van a caer los créditos de la nación. Por eso es la urgencia”.
Minutos después el propio ministro Ricardo Bonilla le escribe a Sneyder: “Buenas tardes, subdirector” “Preocupado por destino recursos proyectos viabilizados”. Después hubo dos llamadas entre ellos. La primera duró 2 minutos y la segunda 58 segundos.
Las comunicaciones posteriores las manejó María Alejandra Benavides Soto, en ese momento asesora del Ministerio de Hacienda y hoy empleada de un gremio privado. Ella le entrega la información de contacto de la persona clave de cada uno de los contratos. Curiosamente el computador de la exfuncionaria se reportó perdido justo después de que el Canal Caracol revelara la declaración de Olmedo López ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde dice que esos contratos tenían el propósito de comprar los votos favorables de seis congresistas y que, además, los recursos para Arauca beneficiarían al ELN.
Ese no fue el único computador embolatado. La Presidencia reportó que los portátiles de dos asesores de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, fueron devueltos uno sin disco duro y otro sin memoria. Los amnésicos computadores estaban en la oficina de la consejera presidencial que renunció a su puesto después de que Sneyder Pinilla me contara que ella le entregó 3.000 millones en efectivo al hasta ayer presidente del Senado Iván Name.
La Fiscalía está en la obligación de verificar todas estas informaciones que involucran a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda sobre quien pesa esta evidencia.
El ministro Bonilla tiene una trayectoria intachable pero hasta ahora no ha dado una explicación sobre sus actuaciones en este asunto. El presidente Gustavo Petro publicó un trino diciendo: “El ministro de Hacienda no se ha robado un peso”.
Muchos recordaron que Álvaro Uribe decía lo mismo de su ministro Andrés Felipe Arias “No se robó un peso”.
A los dos hay que recordarles que el Código Penal consagra otros delitos además del robo.
Petro también dijo, con razón, que cosas parecidas han pasado en Colombia durante los últimos 200 años. Lo que olvidó el presidente es que quienes votaron por él, lo hicieron justamente para que esas cosas no siguieran pasando.
