Daniel Coronell
La realidad casi nunca es en blanco y negro. Hay casos donde las conclusiones pueden ser ciertas pero el camino para llegar a ellas las vicia. El Consejo Nacional Electoral encontró pruebas de violación de los topes legales de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, hay dos firmas en la resolución que lo establece que despiertan dudas sobre la imparcialidad del procedimiento. La primera es la de un magistrado que es declarado enemigo de Gustavo Petro. La segunda, viene de un conjuez que ha sido abogado del archirival de Petro en la campaña y cuya conducta profesional, en otro caso, le valió una sanción por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Vamos por partes. La lectura de las más de quinientas páginas de la resolución del CNE que sanciona al gerente de la campaña Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, a otros dos directivos y al movimiento Colombia Humana, muestra varias irregularidades en las cuentas entregadas a las autoridades electorales.
Sobre una de esas anomalías advertí el año pasado en una columna titulada “La factura refundida”. Por esa publicación se desató una furiosa campaña en redes sociales para acabarme. Todo por atreverme a decir que una factura de Caracol Televisión sobre publicidad para la primera vuelta presidencial había sido presentada como un gasto de la segunda vuelta, con el propósito de evitar que la campaña del presidente Petro sobrepasara los topes de financiación.
Por documentar esta irregularidad recibí toda clase de descalificaciones y de insultos. Llegaron incluso a llamarme uribista. Roa y su combo querían desmontarse de su responsabilidad argumentando que todo era una confusión causada por una asignación errada en la contabilidad de Caracol. La justificación hizo agua desde el comienzo porque tanto la factura como el servicio que la originó estaban en los archivos de la DIAN.
Catorce meses después de esa columna, y tras una revisión forense, el Consejo Nacional Electoral concluye: “resulta reprochable que mediante esta conducta los sujetos procesales hayan pretendido inducir en error a esta Corporación, al intentar ocultar la correcta asignación de la factura CI 8136, emitida por Caracol TV S.A., con la finalidad de evadir su registro en la vuelta que le correspondía, esto es en la primera y no en la segunda. Esta actuación vulnera el principio de transparencia en el régimen de financiación de las campañas electorales”.
Esto es cierto pero también lo es que el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, presidente de ese tribunal hasta septiembre, debió declararse impedido para participar en este proceso. A través de columnas de opinión y trinos en X había mostrado por largo tiempo su animadversión por Gustavo Petro.
Cuando el Consejo de Estado anuló la arbitraria decisión que había inhabilitado a Petro y le impedía participar en las elecciones de 2018, Prada escribió: “Magistrados al servicio del comunismo, velan por dar derechos a una izquierda recalcitrante y corrupta”.
Unos meses después, semanas después de que la Corte Suprema de Justicia iniciara contra él y contra su jefe político el proceso por soborno de testigos y fraude procesal, al que Prada sigue vinculado, trinó: “Las Farc han manifestado, al igual que sus amigos Cepeda, Petro y Gustavo Bolívar, que su principal objetivo es meter preso a Uribe. Santos se presta, como el traidor que es #YoDefiendoAUribe.
Desde luego el doctor Prada tiene derecho a la libertad de expresión. Lo que legalmente no puede es actuar como juez electoral de quienes han sido blanco de sus opiniones.
De la mano de Prada llegó como conjuez al Consejo Nacional Electoral, un personaje controvertido. Se trata de Majer Abushihab, una ficha de Néstor Humberto Martínez, que hoy es el abogado de Federico Gutiérrez, el archienemigo electoral de Gustavo Petro. Abushihab, como apoderado de la campaña de Fico, demandó a miembros de la campaña de Petro. Ahora es contratista del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, la semana pasada representó a Fico en una diligencia de conciliación con Daniel Quintero. Debió declararse impedido para actuar en el proceso del CNE pero su voto fue el que selló la condena a la campaña de Petro.
El talante sinuoso de Abushihab quedó retratado cuando se desempeñaba como abogado del político Laureano Acuña, conocido con el remoquete de “El gato volador”. Hace tres años filtró a un medio el contenido de una audiencia judicial reservada de la Corte Suprema de Justicia en la que declaraba la exsenadora Aida Merlano. La filtración favorecía a un miembro del clan Char.
Ante la Corte Suprema, Abushihab negó, juró y comió tierra, asegurando que él no era el filtrador y tratando de culpar a su contraparte.
Tristemente, para él, Semana dejó ver la identidad de quien les había filtrado el contenido de la diligencia reservada. En el cuadro de zoom publicado se puede ver la pantalla de la que fue tomada la imagen. Allí aparece el irrepetible nombre de Majer Abushijab, seguido de la palabra “yo” entre paréntesis.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo multó y compulsó copias para que lo investigara la Comisión de Disciplina Judicial.
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