Daniel Coronell
El presidente Gustavo Petro que no pudo lograr los votos necesarios en el Congreso para hacer una reforma a la salud, ahora piensa que los conseguirá para aprobar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta de Petro no solamente es inviable en términos políticos sino que puede anular los dos años y cuatro meses que le quedan de mandato y condenar a Colombia al retorno de una extrema derecha revitalizada.
La Constitución de 1991, de la que Gustavo Petro se declara defensor, establece tres vías para reformarla: el Congreso, la Asamblea Constituyente o el referendo. Esa misma Constitución ordena que una constituyente, como la propuesta por el presidente Petro al calor de los efímeros aplausos de este viernes en Cali, empiece con la aprobación de una ley convocante votada por la mayoría del Senado y la Cámara, las mismas mayorías que Petro tuvo al principio de su mandato pero que se evaporaron por falta de interlocución con el mandatario.
Supongamos, en gracia de discusión, lo imposible: que el presidente Gustavo Petro logra la mayoría en las dos cámaras para aprobar la ley que cita al pueblo a votar por el sí o por el no a la asamblea constituyente. Ese sería apenas el primer paso. La Constitución ordena que la asamblea puede ser citada si la ley que la promueve es votada afirmativamente por la tercera parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.
A la fecha el censo electoral está compuesto por 40.292.068 votantes potenciales, es decir, la tercera parte necesaria para la aprobación de la Constituyente es de 13.430.689. En 2022 Gustavo Petro fue elegido presidente por 11.291.987 electores. Esa votación no estuvo compuesta únicamente por seguidores convencidos del hoy mandatario, muchos lo hicieron para evitar la elección del corrupto Rodolfo Hernández, o la extensión del dominio uribista.
Sin embargo, y nuevamente por hacer las cuentas de la lechera, supongamos que los 11,3 millones de colombianos que eligieron presidente a Gustavo Petro quisieran votar hoy por su constituyente. ¿Alguien cree que Petro podría lograr ahora más de 2 millones de votos adicionales para aprobar esa convocatoria?
Imaginemos aún más: Que Petro que desde la reforma tributaria de su primer año de gobierno no ha vuelto a ver una mayoría en el Congreso pueda conquistar el voto del Senado y de la Cámara; que el presidente que no pudo conseguir en octubre, hace menos de seis meses, la elección de un solo alcalde afín a sus ideas en las principales ciudades de Colombia, pueda lograr 13,4 millones; que el líder que no logra consolidar un equipo de gobierno estable encuentre candidatos que lo respalden para participar en la elección de constituyentes y ganar mayoritariamente esa elección. Aún así faltaría el resultado.
¿Es posible que las fuerzas políticas que –en legítimo ejercicio de su función legislativa– le han negado sus reformas en el Congreso no estén representadas en la Asamblea Constituyente? ¿Será factible que Petro dicte una nueva Constitución a su medida, solo y a espaldas del resto del espectro político? Si hay democracia, eso no va a suceder. El resultado lógico es que el presidente Petro estaría nuevamente obligado a buscar los consensos que no ha podido hallar en el Congreso.
La única forma de medir la democracia son los votos en las urnas, no los gritos en las calles, ni los insultos en las redes sociales
La historia de las consultas al constituyente primario colombiano solo registra un resultado –relativamente– feliz. El de 1991 cuando por un acuerdo que implicó a múltiples fuerzas políticas, un decreto de estado de sitio y la interpretación, un tanto forzada, de la Corte Suprema de la época sobre la soberanía popular, se convocó la asamblea que modificó la Constitución para convertirla en una norma más garantista. Hay que mencionar también que Pablo Escobar, por corrupción y terror, logró que esa constituyente prohibiera la extradición.
La semilla de esa asamblea fue una reforma constitucional frustrada del presidente Virgilio Barco, que él mismo debió hundir cuando se la tomaron los narcotraficantes a través de sus congresistas amigos, algunos de los cuales han llegado muy lejos.
En 2003, muy recién empezado su primer gobierno y con una popularidad superior al 70 por ciento, el entonces presidente Álvaro Uribe quiso aprobar 15 reformas constitucionales mediante un referendo. Solo uno de los 15 puntos propuestos logró la votación requerida. El fracaso fue estruendoso.
En 2016, el presidente de la época, Juan Manuel Santos, buscó refrendar por plebiscito el acuerdo de paz con las Farc. Después de una eficiente campaña de mentiras, ganó el No.
Quizás el presidente Gustavo Petro pueda aprender en cabeza ajena para evitarse presentar un examen que nadie le está pidiendo, que dividiría más al país y que terminaría por devolverle el poder a los más enconados enemigos de los más débiles.
