Daniel Coronell
48 horas después de su muerte no están claras las causas. El cuerpo inerte de Yariv Bokor, ingeniero de sistemas israelí de 49 años, fue encontrado en el baño de su apartamento del barrio El Poblado de Medellín. Su deceso, aparentemente, se produjo el martes cuando dejó de responder su celular. En la vivienda había vidrios rotos y manchas de sangre. Algunos vecinos aseguran que sintieron gritos y ruidos similares a los de una pelea. Otros no oyeron nada.
La unidad investigativa del diario El Tiempo reveló que el israelí era aficionado al parapente, que era dueño de tres apartamentos en la misma unidad residencial en la que encontraron su cadáver y que había fundado hace diez años, en la capital antioqueña, una empresa llamada Bokor Technology Consulting Services.
En la Cámara de Comercio de Medellín aparece una constancia de que esa sociedad tuvo vida corta: el señor Bokor solicitó la cancelación de la matrícula mercantil de la compañía en el mismo año 2013. La empresa jamás tuvo actividad comercial. La abrió y la cerró poco después. Ustedes pueden ver aquí los papeles firmados por él y autenticados ante notario.
Para efectuar ese trámite usó su pasaporte israelí. Años después, en enero de 2020, obtuvo una cédula de extranjería y un permiso oficial de residencia en Colombia.
Consulté los registros públicos de Estados Unidos y hay indicios que señalan que el señor Bokor poseía un patrimonio que no guarda proporción con los ingresos esperados de un ingeniero de sistemas en la capital de la montaña. Hay una propiedad a su nombre en la muy costosa ciudad de West Palm Beach, en Florida, y direcciones de domicilios suyos en sitios exclusivos de Nueva York y Los Ángeles.
En su página de LinkedIn el occiso dejó una constancia reveladora: desde 2016 hasta la fecha ha trabajado para una compañía llamada Sandvine.
Nada tendría eso de particular sino fuera porque la compañía, Sandvine, especializada en inteligencia informática, ha tenido problemas con el gobierno de Estados Unidos por ejercer actividades de espionaje, censura y violación de derechos humanos.
Sandvine, que opera desde Ontario, Canadá, está acusada de usar herramientas tecnológicas para censurar la discrepancia, monitorear actividades en internet, acosar opositores, vigilar periodistas y activistas de derechos humanos en al menos 16 países: Azerbaiyán, Argelia, Afganistán, Bielorrusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Jordania, Kuwait, Pakistán, Qatar, Rusia, Sudán, Tailandia, Turquía y Uzbekistán.
Por ejemplo el año pasado, Sandvine fue acusada de ayudar a instalar malware, un programa espía, en el teléfono de Ahmed Altantawy, el candidato opositor a la presidencia de Egipto.
En febrero de este año, el Departamento de Estado publicó una comunicación oficial titulada “Estados Unidos añade a Sandvine a la lista de entidades que permiten abusos de los derechos humanos”.
Comunicaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos aseguran que Sandvine “proporciona herramientas de censura y monitoreo web masivo, incluido el bloqueo de noticias, el acoso a políticos y activistas de derechos humanos, y la instalación de software espía en los dispositivos electrónicos de críticos y disidentes del gobierno”.
¿Por qué una compañía con actividades como estas tiene un ingeniero suyo, tan especializado y próspero, viviendo en Colombia?
Esa es apenas la primera de las preguntas pendientes porque hay otro hecho aún más inquietante: Sandvine ha tenido un socio en común con la empresa israelí NSO, que produce el programa espía Pegasus. El mismo que habría sido comprado con 11 millones de dólares en efectivo llevados en un jet privado a Israel durante el gobierno de Iván Duque.
El socio en común se llama Francisco Partners LLC. En 2017 compró Sandvine. La misma Francisco Partners tenía el 65 por ciento de NSO hasta 2019, cuando entregó esa mayoría a los fundadores de la firma israelí a cambio de acciones de Novalpina Capital, un fondo de inversión inscrito en la bolsa de Londres.
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