Enrique Santos Calderón
El atentado que sufrió el padre de Francia Márquez en el Cauca, en una región de donde ella proviene, no solo es una muestra más del deterioro del orden público sino también de la insensata arrogancia de poder de quienes insisten en esta guerra irregular contra un Estado presidido por un gobernante de izquierda. Dispararle al vehículo donde iban niños y familiares de la vicepresidente es una provocación insólita, signo de avanzada degradación.
Se presume que fue gente del EMC de Mordisco contra la cual el presidente Petro ha ordenado “ofensiva total”. Sin resultados convincentes a la vista. Ni perspectivas de que con estas disidencias se reanuden negociaciones si persisten en sus acciones armadas. Desde otro flanco, con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez está pendiente el inicio de conversaciones en Caracas, mientras que con el ELN continúa el tire y afloje en el que se especializa esta guerrilla.
En su reciente congreso nacional este grupo reiteró que quería un acuerdo de paz, pero no dijo una palabra sobre temas como la extorsión y el secuestro, a la vez que demanda del Gobierno que renuncie a negociar con el Frente Comuneros del Sur, que sí quiere hacerlo y se separó de la dirección del ELN. Pretensión poco menos que soberbia que el Gobierno mal podría aceptar, aunque desconozco en que irán esos contactos.
No es fácil asimilar todas las piezas del rompecabezas de la paz que le tocó al gobierno Petro. Aunque una cosa sigue clara: mientras no haya control territorial y presencia social del Estado en las zonas de conflicto este seguirá vivo. Desafío mayúsculo cuando es tan evidente la ausencia institucional en gran parte del país. Por eso la pretensión de una “paz total” se ha convertido en la búsqueda de una paz parcial, territorializada, con quienes muestren voluntad real de reconciliación. “Con quien se pueda, donde se pueda”, como observó el estudioso del conflicto Jorge Mantilla.
Habrá que ver con quiénes, pero el dónde es obviamente allí donde la guerrilla se nutre de recursos: enclaves cocaleros y zonas de minería ilegal, para comenzar. La razón de ser de estos grupos son las economías ilícitas, ha dicho con razón Petro. Y lo sabemos hace tiempo. El desafío es romper esos cordones umbilicales y liberar a las comunidades de la presión de grupos armados que ejercen un intimidante dominio social. Impresiona que hoy, como hace treinta años, en departamentos como Arauca disidencias de las Farc o el ELN siguen reglamentando la vida cotidiana de la población, desde la pesca, la circulación por las vías (prohibidos los cascos), hasta el horario de cierre de los bares.
Esto va para largo si un gobierno de izquierda, que tiene coincidencias ideológicas con elenos y disidentes de las Farc, no logra avances sustanciales y duraderos en sus propósitos pacificadores. Ha habido treguas y ceses del fuego, es cierto, y en algunas zonas ha mermado la violencia, pero todo es frágil y efímero. El gobierno le pide al ELN que regrese a la mesa y busca encuentros con facciones de las disidencias Farc. Pero al mismo tiempo Petro declara que “el proceso de paz está hecho pedazos”, lo que sonaría a tirada de toalla. ¿Quién entiende?
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Mientras tanto en el norte del país, en el sur de Bolívar por ejemplo, grupos paramilitares como el Clan del Golfo siguen imponiendo su ley. Surgieron a fines de los setenta como reacción contra los excesos de la guerrilla marxista pero derivaron en una brutalidad peor, y nunca disimularon su talante mafioso y narcotraficante. Claro que hoy, dado su innegable poder, reclaman estatus político y exigen mesa de negociación. Basta leer sus últimos comunicados. Otro chicharrón que tiene por delante el gobierno Petro, que conoce bien el fenómeno pero no logra acertar en su manejo.
En todo esto, por supuesto, además de lo social y lo político y lo territorial, está el esencial componente militar, sin el cual no hay estrategia de paz que valga. Sin eficaz presión militar no avanza una negociación con la subversión, decía sabiamente López Michelsen. Lo que lleva a la pregunta clave: ¿en qué tónica están las Fuerzas Armadas y su capacidad y disposición de combate? Circulan versiones disímiles, pero no creo que tener un comandante en jefe de izquierda afecte su motivación ni su lealtad. Su profesionalismo y su tradición son garantía suficiente.
La discusión sobre lo militar es aún más pertinente cuando resulta que guerrilla y paras ya tienen drones y acceden con creciente facilidad a las innovaciones tecnológicas para la guerra. Algo bien inquietante en un país donde el Estado está lejos de tener un monopolio de las armas. Esto y el avance de la ilegalidad armada en varias regiones ha hecho que muchos alcaldes y sectores de opinión planteen la necesidad de reanudar los bombardeos aéreos. El Gobierno es reacio pero si la cosa sigue como va, tendrá que recapacitar.
P.S.: Conocí a Carlos Pizarro Leongómez y, aunque ofenda la sensibilidad derechizada de muchos compatriotas, debo decir que fue un hombre decente y honesto. Su asesinato dentro de un avión de Avianca fue uno de los actos más demenciales del paramilitarismo de Carlos Castaño. Lo que no significa que el sombrero que lo caracterizó deba convertirse en símbolo o patrimonio cultural de la nación. Sugerirlo fue una salida en falso del presidente. ¿Por qué no declarar el turbante de Piedad Córdoba o la pipa de Bernardo Ramírez como bienes culturales?
