Daniel Coronell
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), llegó a remplazar al cuestionado Olmedo López cuando este se había caído por el escándalo de corrupción de los carrotanques. Carrillo, diseñador industrial educado en China, tiene algo de la legendaria paciencia oriental y ha empezado a hurgar en los escasos archivos institucionales que le dejaron. Él se posesionó hace unas semanas en el cargo y asegura que en la entidad ha funcionado por años una especie de administración paralela que en realidad toma las decisiones.
Según el ahora director de la UNGRD, los organigramas oficiales son una mera formalidad y quienes realmente mandan son personas que no figuran en los documentos o que aparecen como contratistas.
Un ejemplo es el abogado Iván Alfaro Gómez. Él es un contratista que gana un poco menos de 24 millones de pesos al mes pero en la práctica maneja el poderoso departamento legal de la UNGRD por el que pasa la aprobación de multimillonarios contratos y convenios sobre los cuales hay poca o ninguna auditoría para facilitar la reacción ante las emergencias.
Por contexto debo agregar que Iván Alfaro es el abogado de Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, en un litigio con la hermana de Day Vásquez. Así lo reveló el periódico El Colombiano.
Volvamos a nuestro tema. De acuerdo con la versión del director Carrillo, la jefe de la Oficina Jurídica, Diana Paola Ariza, era la supervisora del abogado contratista Alfaro pero en realidad se portaba como su subalterna.
En los restos de la firmatón de contratos, que ocupó las últimas horas de Olmedo López como director, encontraron un certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) por 1.200 millones de pesos. Las firmas muestran que la suma fue pedida por la jefe jurídica Diana Paola Ariza. También que fue aprobada por la secretaria general Ana María Castaño Álvarez.
Curiosamente, en la primera página de la solicitud está escrito a mano el nombre de quien va a ser su beneficiario. Ahí se pueden leer dos renglones. El primero dice “Capstone Group SAS” y abajo está escrito “12 meses=100’000.000 mensual”.
Las sorpresas siguen. La acreditación de experiencia que presentó el abogado Iván Alfredo Alfaro Gómez para que lo contrataran en la UNGRD, la expide su propia firma: Alfaro Gómez & Asociados S.A.S. Allí mencionan sus estudios y su amplio recorrido como profesional del derecho. La carta de su compañía, de la que es gerente general, contiene una interesante anotación. Dice que esa sociedad es “Partner of Capstone Group, attorneys at law”.
Es decir, la división legal, que según el director es manejada por el abogado contratista, pide una gruesa suma para dársela a una empresa a la que está asociado el mismo contratista.
Intenté comunicarme con el abogado Iván Alfaro para pedirle su versión sobre esta llamativa situación. No respondió mensajes de texto, ni atendió mi llamada.
Carlos Carrillo, el director de la Unidad, me dijo que le pidió a Alfaro renunciar a su contrato, que está vigente hasta diciembre de este año, pero este le manifestó que no lo haría. A diferencia de un funcionario que puede ser de libre nombramiento y remoción, un contratista es prácticamente inamovible hasta el vencimiento del acuerdo.
PS 1: Cada vez suena más preocupante la retórica del presidente Gustavo Petro. El periodista Lucas Pombo publicó en su cuenta de X esta frase del mandatario con el video que la sustenta: “Si la mayoría del Congreso no quiere, la Constitución sí quiere, el Gobierno sí quiere, el pueblo de Colombia sí quiere y vamos a proceder”.
¿Proceder a qué?
Le envié un mensaje de texto al presidente preguntándole respetuosamente qué quiso decir y me respondió: “Que hay una capacidad reglamentaria del gobierno de acuerdo a la Constitución. Cuando el artículo no remite explícitamente a una ley es de aplicación inmediata”.
Agradezco mucho la respuesta del jefe de Estado. Debo enfatizar que el mandato suyo no es más legítimo que el del Congreso. Él resultó elegido presidente con 11.291.986 votos. Por el Congreso votaron 18.636.732 colombianos.
PS 2: Los periodistas del mundo debemos solidarizarnos con los colegas de Armando.info de Venezuela, calumniados y perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Con ejemplar valor ellos han mostrado las rutas del saqueo de los recursos públicos en el país hermano.
