Daniel Coronell
La defensa del expresidente Álvaro Uribe tiene la meta clara: alargar cada trámite todo lo que sea posible para que el acusado se salve por obra y gracia de la prescripción de la acción penal. De acuerdo con las cuentas de ellos, si el 8 de octubre de este año no hay una condena en firme, el proceso morirá por agotamiento de los términos. Hay otras teorías jurídicas sobre esa fecha pero, al menos ellos, están convencidos de que esa es la salida mágica.
Por esa razón, han elevado recursos contra casi todos los trámites judiciales. Han usado sin recato la acción de tutela para suspender y aplazar. Han alegado motivos de salud, audiencias en otros procesos aun aquellos que no requieren la presencia del acusado, o invocado que el abogado principal o el primero de la larga lista de suplentes tiene que estar presente en otras diligencias, aunque esas audiencias hubieran sido postergadas.
Han buscado –y logrado algunas veces– el aplazamiento de las sesiones. Quieren que solo se trabaje en el juicio hasta mediodía, o que la audiencia termine temprano antes de que caiga el sol, porque, por ejemplo, ellos no conocían el cambio de orden en la declaración de un testigo o, haciéndose los considerados, porque según ellos no quieren interrumpir el hilo de argumentación de su contraparte.
Buscan extender los recesos más allá de lo razonable. Alargar la hora del almuerzo o retrasar su regreso a la sesión virtual. Al comienzo pensé que al defensor principal Jaime Granados lo atacaba el hambre a las 11 de la mañana, porque en casi todas las sesiones empieza a pedir el receso para comer, poco después de esa hora. Sin embargo, este viernes uno de sus suplentes, el frugal Juan Felipe Amaya, también quiso terminar pronto la sesión de la mañana y volvió a la de la tarde con unos minutos de retraso.
Songoro cosongo, en tres semanas solo han sido oídos 6 de los 44 testigos de la Fiscalía. Y faltan aún las 62 declaraciones que quiere la defensa. A este paso, necesitarían un año sesionando cuatro días a la semana para culminar con la presentación de los testigos. Mientras tanto para que opere la prescripción faltan menos de siete meses.
Los defensores resultaron como esos técnicos de fútbol que miran más el reloj que el balón.
Incluso a uno de los testigos le exhibieron un video equivocado de una hora y veinte minutos para después excusarse por la “lamentable equivocación” y remplazarlo por la grabación que sí correspondía durante otra eternidad. Ese tiempo botado sirvió a la efectiva táctica de demoras. Muchas de las objeciones parecen encaminadas a frenar el avance del juicio.
La numerosa batería de abogados que representa a Uribe ha recusado a la juez Sandra Heredia y a la fiscal Marlene Orjuela. La estrategia no ha dado resultado, pero ha sido útil para demorar e impulsar una acción coordinada de los medios que sirven al expresidente con sus bodegueros en redes sociales para victimizar al acusado y alegar que está en marcha una inexistente persecución política de la que supuestamente es víctima.
La situación es exactamente la contraria. Durante la fiscalía de Francisco Barbosa y Martha Mancera, varios fiscales de escasas luces jurídicas, coordinados por Gabriel Ramón Jaimes, trataron de forzar una preclusión del caso, a pesar de las evidencias que hacían necesario el inicio del juicio. Fueron dos juezas, en diferentes momentos, quienes evitaron el atropello contra la ley y rechazaron los intentos de preclusión de los fiscales que parecían hacer parte de la nutrida bancada de abogados de Uribe. La ayuda de Barbosa y su combo los acercó casi dos años a la prescripción.
La entonces procuradora Margarita Cabello puso como delegado en el proceso a un hombre de su confianza, Bladimir Cuadro. Conforme a la política continuista del nuevo procurador Gregorio Eljach, el doctor Cuadro continúa en el caso procediendo como palafrenero de los apoderados de Uribe.
En todo esto han resultado unas hachas los abogados del expresidente. En cambio, su teoría del caso hace agua por todos los lados.
En primer lugar, quieren convencer a la juez de que el testigo principal Juan Guillermo Monsalve era quien quería retractarse y que mandó razones por tres vías diferentes. Las grabaciones muestran lo opuesto: tanto el secuestrador Enrique Pardo Hasche, como el malandrín Carlos Eduardo López, alias Caliche, asociado con Álvaro Hernán Prada, fueron registrados insistiéndole a Monsalve que volteara su testimonio y declarara a favor de Uribe a cambio de favores. Por lo demás, el llamado abogánster Diego Cadena también fue grabado mientras decía que “redactaran el hp documento”, y que ese sería el más importante de los cuatro que había conseguido para entregarle a la Corte Suprema al día siguiente. El expresidente autorizó a Cadena a ofrecer sus servicios gratuitos al testigo a cambio de la retractación.
La segunda parte de la teoría consiste en afirmar que los pagos al paramilitar Carlos Enrique Vélez, efectuados por Cadena, para que sirviera a la causa de Uribe, eran desinteresadas “ayudas humanitarias”, y que en todo caso no fueron hechos con permiso del expresidente. Lo que no pueden negar es que Cadena hizo trámites ante un fiscal para buscar beneficios jurídicos para Vélez y que le informó a Álvaro Uribe sobre esas gestiones que presuntamente hacen parte del soborno.
Si el expresidente realmente cree en su inocencia, y quiere demostrarla, debería proceder desde ya a renunciar a la prescripción.
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