Daniel Coronell
Una compañía controlada por una persona condenada por corrupción no puede contratar con el Estado. La norma está en la Ley 80, conocida como el Estatuto de Contratación, que determina esa inhabilidad para las personas jurídicas cuyos socios controlantes hayan recibido ese tipo de sentencia. La Alcaldía de Bogotá contrató para hacer la auditoría de la concesión de los cementerios distritales a una empresa cuya dueña había sido hallada culpable de delitos contra la administración pública.
El contrato por un monto de hasta 6.900 millones de pesos se firmó en agosto de 2021 a través del Consorcio San Marcos. De ese consorcio hace parte la empresa Tecniconsulta SAS, cuya accionista controlante es Marcela Sofía Alies Fuentes, quien en 2020 fue condenada por el Juzgado 15 penal del Circuito y el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado.
La señora Alies Fuentes fue condenada a cuatro años y seis meses de prisión por acreditar una experiencia que no tenía un ingeniero, con el propósito de que el consorcio del que hacía parte Tecniconsulta SAS se ganara una interventoría de 16.000 millones de pesos con Fonade. También hubo presuntos sobornos al senador Musa Besaile y al representante a la Cámara Eduardo José Tous de la Ossa, quienes según las copias compulsadas a la Corte Suprema de Justicia pedían el 25 por ciento del valor del negocio.
En agosto de 2021, al momento de firmar el contrato con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, UAESP, la señora Alies Fuentes había sido condenada en dos instancias y era la socia controlante de Tecniconsulta SAS, como consta en un manifiesto de situación de control, firmado por la delincuente el 8 de octubre de 2021. Es decir, semanas después del contrato que le dio la Alcaldía de Bogotá.
Basado en estos hechos, y con los documentos que lo prueban, el concejal Diego Cancino anunció que demandaría la nulidad de ese contrato ya que la ley establece que la inhabilidad para contratar con el Estado que cobija a los condenados, se extiende a “las sociedades de las que hagan parte dichas personas en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes, a sus matrices y a sus subordinadas”.
Lo sorprendente es que la UAESP –en lugar de proceder a cumplir la ley– está dedicada a forzar la corrección de unas afirmaciones ciertas y fundadas.
En un comunicado de seis puntos, la administración se dedica a rectificar lo que nadie ha dicho y en cambio guarda silencio sobre la calidad de accionista controlante de la condenada Marcela Sofía Alies Fuentes.
Dice la UAESP, con descaro, que verificó los antecedentes de la empresa al momento de contratar. Si los hubiera verificado se habría encontrado con las condenas a la dueña de Tecniconsulta SAS, integrante del consorcio al que le entregaron el multimillonario contrato.
También señala la entidad que la señora Marcela Sofía Alies Fuentes no es representante legal de la empresa Tecniconsulta SAS. Pasa por alto que la inhabilidad no se da porque sea o haya sido representante legal sino por ser socia controlante de la compañía.
Agrega la comunicación oficial que la representante legal María Patricia Calderón no tiene antecedentes fiscales, penales o disciplinarios. Bien por ella, pero eso no borra el hecho de que la mayor accionista de la compañía, al momento de contratar, está condenada por delitos contra la administración pública y por esa razón inhabilitada para hacer negocios con la Alcaldía.
Descargando su responsabilidad en otras entidades, la UAESP alega que hoy la empresa no registra sanciones o inhabilidades en el Registro Único Empresarial y Social, RUES; ni en el Registro Único de Proponentes, RUP. Es decir, a la administración le importa más la apariencia para justificar su error que la incontestable realidad de haber contratado con una empresa legalmente inhabilitada.
Esa satisfacción de las formas por encima de la verdad es la que permite que la corrupción campee en Colombia.
