Daniel Coronell
Vladdo lo definió con una caricatura rotunda. El fiscal general –alzando su pequeño índice derecho con los ojos cerrados– afirma: “Este presidente no es mi jefe”. Hay causas serias que se vuelven risibles por razón de quienes pretenden encarnarlas. Francisco Barbosa carece de autoridad moral para proclamarse defensor de la independencia judicial. Su administración ha sido ejemplo de lo contrario. Desde el primer día hasta hoy ha estado al servicio de quienes lo nominaron. Ha usado el inmenso poder de la institución para amparar impunidades de sus amigos, perseguir fiscales que investigan a poderosos, estigmatizar críticos y abusar de los recursos públicos.
Declaración de independencia —
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Hablemos de su compañero de pupitre, el ahora expresidente Iván Duque, a quien Barbosa le dio un regalazo de despedida. Quince días antes de que dejara el cargo, la Fiscalía archivó silenciosamente las investigaciones por la financiación de su campaña dentro de lo que se llamó la ñeñepolítica.
Barbosa hizo menos aún para investigar a doña Juliana Márquez, madre del entonces presidente Duque, cuya voz apareció en las interceptaciones a la red de corrupción del senador Mario Castaño. Las conversaciones muestran, al menos, un tráfico de influencias de quien fuera “la primera madre de la nación”. La indagación ni siquiera empezó. Al asunto le echaron tierra en la Fiscalía.
El proceso al expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal es tal vez el más elocuente de los ejemplos de subordinación al poderoso. Dos fiscales escogidos a dedo por Barbosa, Gabriel Ramón Jaimes y Javier Cárdenas, se han dedicado a negar la existencia de unas pruebas y a torcer la interpretación de otras para evitar que haya un juicio.
El primero de esos fiscales, Gabriel Ramón Jaimes, un señor de modestas luces jurídicas que no alcanzó el puntaje mínimo para ser juez del circuito, terminó –por obra de su sumisión– como coordinador de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, los más calificados y mejor pagados de la entidad. Lo primero que hizo –quizás a nombre de la autonomía judicial que ahora defiende Barbosa– fue pedirles a los fiscales que antes de decidir los casos enviaran los proyectos para consultarlos con el fiscal general.
El mismo Jaimes, bajo instrucciones de Barbosa, le ordenó al fiscal Daniel Cardona detener las investigaciones al hijo de Luis Alfredo Ramos por un presunto cohecho (soborno) a otro fiscal en un proceso relacionado con el asesinado testigo Carlos Enrique Areiza. Todo cuando ya estaba lista la imputación. Otro ejemplo del respeto a la autonomía en esta Fiscalía. 
Días después, el fiscal Cardona fue castigado con un traslado a Nariño por “necesidades del servicio”. Cardona que acababa de ser padre de dos niños que necesitaban atención médica prefirió renunciar.
Algo parecido le sucedió a la fiscal Angélica Monsalve que se atrevió a revivir una investigación a tres miembros de la poderosa familia Ríos Velilla por el caso de recaudo de TransMilenio. Primero, trataron de persuadirla de no meterse con ellos. En el tráfico de influencias participó Rodrigo Noguera, entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda. Cuando la fiscal se negó, le llegó la orden de traslado al Putumayo. No han ejecutado la orden por la atención pública que ha merecido el caso.
Rodrigo Noguera, rector de la universidad que le dio a Barbosa título de abogado y generosos contratos para impartir clases que no daba, nunca fue investigado por estos hechos. En cambio, la fiscal Monsalve, que se atrevió a denunciar, afronta cinco procesos penales en la Fiscalía y seis quejas disciplinarias.
Las investigaciones contra ella van a toda máquina. En diciente contraste, al despacho del fiscal Barbosa llegó una denuncia por un delito cometido presuntamente por su esposa Walfa Téllez cuando era funcionaria de la Contraloría. Lo legal hubiera sido que Barbosa solicitara la designación de un fiscal ad hoc y se marginara del trámite.
Lo que le faltó en decencia le sobró en astucia. Esperó unos días para que en un viaje suyo el caso fuera tramitado por su subordinada la vicefiscal actuando como fiscal encargada. Ella rápidamente lo asignó a un funcionario de confianza: Javier Cárdenas, el otro fiscal/defensor del expresidente Uribe. La denuncia está refundida.
El fiscal Barbosa usó el avión de la entidad para un paseo familiar a San Andrés disfrazado de diligencia oficial. Pone a funcionarios de protección a pasear sus mascotas en carros blindados y pagados por los contribuyentes. Asigna como empleadas domésticas de su casa a funcionarias de empresas de servicios generales que paga la Fiscalía, entre otros muchos abusos.
Los medios que denuncian sus acciones son descalificados, excluidos de la información de la entidad que es usada como vara de premios, y a los reporteros incómodos no se les permite preguntar en las conferencias de prensa del señor fiscal.
Desde luego es cierto que el fiscal general no es un subalterno del presidente –Petro se equivocó gravemente al decir lo contrario– pero Barbosa jamás ha sido ejemplo de autonomía, ni de delicadeza. Habría sido mejor que la independencia de la Fiscalía estuviera respaldada por los hechos y no solo por las declaraciones estridentes y oportunistas de su titular.
