Daniel Coronell
El abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón está a punto de ser condenado por soborno de testigos en actuación penal. Las evidencias se han ido acumulando por años, y también por años se han propiciado, mañosamente, los aplazamientos. Por los mismos hechos ya había sido sancionado disciplinariamente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sin que el proceso penal saliera de su paso de tortuga. La justicia tiene videos, audios, fotografías y documentos que demuestran que Sánchez Cañón le ofreció plata a un testigo para que declarara a favor de un cliente suyo.
Les cuento la historia que quizás se les parezca a otra.
El abogado Sánchez fue hasta la cárcel La Blanca, en Manizales, a visitar a Julio César Pulgarín, testigo en contra de su cliente Wilson Ocampo Gaviria, alias Guacamayo, el capo de la banda delincuencial que operaba en la galería, la plaza de mercado, de la capital de Caldas. Sánchez Cañón presionó al testigo y le ofreció 30 millones de pesos para que se retractara a favor de Guacamayo. Es más, el mismo abogado elaboró el documento cambiando la versión inicial.
Sánchez Cañón cometió estos presuntos delitos –y digo presuntos para conservar la tradición colombiana de atenuar lo evidente– en presencia y complicidad de Fernando Castrillón, un investigador contratado por él; de Jorge Ocampo, alias Maravilla, hermano de Guacamayo; y de otro preso conocido con el alias de Culebro. Lo que no sabía es que Julio Pulgarín, el testigo preso, lo estaba grabando con una cámara oculta.
Desde que se conoció la evidencia han dilatado el proceso una y otra vez. Han alegado que la prueba es ilegal, que si la cámara oculta entró a la cárcel con la debida autorización de las autoridades penitenciarias, que el testigo tenía que haberles pedido permiso para grabarlos mientras le ofrecían la plata y que en últimas esos ofrecimientos no eran para que mintiera sino para estimularlo a decir la verdad, y que, como nadie le pide en palabras que diga mentiras, no se configura ningún soborno.
¿Ven por qué les decía que les iba a recordar algo?
En fin, todo eso ha pasado y la justicia ha transitado por el camino de herradura construido por el astuto abogado que tiene un considerable palmarés delincuencial. Ya fue condenado a cinco años de cárcel por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Además desde 2020 la Corte Suprema de Justicia compulsó copias para que la Fiscalía investigara al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón por su presunta participación en los casos de sobornos de testigos y fraude procesal por los que está imputado el expresidente Álvaro Uribe. La administración de Francisco Barbosa jamás lo investigó por esos hechos. “Se obedece pero no se cumple” decían los delegados de la corona española en la época de la colonia y así “obedeció” Barbosa la orden de la Corte.
En la misma resolución que le formula imputación de cargos al expresidente Álvaro Uribe, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema dispone la compulsa de copias para que la Fiscalía investigue “el posible delito de Fraude Procesal y Soborno en actuación Penal en que pudieron incurrir, Mario Uribe Escobar y el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, en atención a lo declarado por el señor Carlos Enrique Vélez y la prueba documental, con relación a una presunta manipulación de su testimonio en dicha actuación y la posible retribución económica por ella”.
Ni el exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, ni Samuel Arturo Sánchez Cañón han sido investigados.
El testigo Carlos Enrique Vélez le dijo a la Revista Semana, la de otros tiempos, que fue Sánchez Cañón quien lo presentó con su colega Diego Cadena:
– ¿Cómo conoce a Diego Cadena? –le preguntaron los periodistas de la Semana de antaño.
– Por los lados de Samuel Arturo Sánchez Cañón –responde el paramilitar Carlos Enrique Vélez–. En una llamada en la que participamos Cadena, Samuel y yo; se acuerda todo.
En esa misma entrevista Vélez reconoce, como lo ha sostenido a lo largo del proceso contra el llamado abogánster Diego Cadena, que le pagaron por firmar una carta con falsedades contra el senador Iván Cepeda:
– Porque las “hermanitas de la caridad” estaban dando plata. Los recibos se los mostré a la corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad; ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije: no les voy a firmar eso. Uno no es pendejo, he sido bandido.
La Corte Suprema de Justicia también ordenó investigar a la esposa de Sánchez Cañón, Julia Clemencia Valencia, quien aparentemente fue intermediaria en pagos hechos a la hermana del testigo Vélez.
Esto tampoco fue investigado por la Fiscalía de Barbosa y Mancera.
Si hay justicia, Samuel Arturo Sánchez Cañón terminará preso pero por otra cosa, como Al Capone que fue a la cárcel por evasión de impuestos.
