Estamos en 2025 y aún es posible comprar bienes raíces de lujo en las principales economías sin revelar la identidad del comprador. ¿Se trata de un descuido o de una invitación a quienes buscan blanquear dinero sucio?
El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario no es un delito sin víctimas. Puede distorsionar los mercados inmobiliarios, inflar los precios y excluir a los residentes de sus propias ciudades. Puede permitir que los cleptócratas consoliden su poder y drenen los recursos públicos de los países que menos pueden permitírselo.
La publicación del primer Índice de Opacidad en la Propiedad Inmobiliaria (OREO) esta semana ofrece una de las visiones más claras hasta la fecha sobre el grado en que la mayoría de las principales economías del mundo están fallando a la hora de tomar medidas para mantener el dinero sucio fuera de sus mercados inmobiliarios.
Elaborado por Transparencia Internacional y el Colectivo de Datos Anticorrupción, el índice clasifica a 24 países —incluyendo miembros del G20 y varios importantes centros financieros— según el alcance y la accesibilidad de sus datos inmobiliarios y la solidez de sus marcos antiblanqueo de capitales en el sector inmobiliario. Ambos son esenciales para detectar y disuadir los flujos ilícitos que se invierten en propiedades.
Los hallazgos son serios, aunque no sorprendentes. Ningún país obtuvo una puntuación perfecta de diez sobre diez. Diez obtuvieron puntuaciones inferiores a cinco, lo que sugiere que sus puertas están abiertas a fondos sospechosos. El mejor desempeño fue Sudáfrica, seguida de Singapur y Francia. Mientras tanto, Australia se ubicó al final de la clasificación, seguida de cerca por Corea del Sur y Estados Unidos.
Incluso en los países con un desempeño superior al promedio, las medidas de transparencia siguen siendo inadecuadas en la mayoría de los casos, y las lagunas regulatorias son lo suficientemente amplias como para dar cabida a miles de millones de dólares en riqueza sospechosa que fluyen hacia propiedades sin ser detectadas.
Esto no es abstracto. En la práctica, una regulación deficiente significa que el sector inmobiliario sigue actuando como una lavandería de fondos públicos saqueados. Caso tras caso, se ha descubierto que funcionarios corruptos desviaron miles de millones de dólares de las arcas públicas y los ocultaron en locales comerciales.
Transparencia Internacional rastreó recientemente 121 propiedades, con un valor de al menos 560 millones de dólares estadounidenses, presuntamente vinculadas a la corrupción originada en África y luego ocultadas en jurisdicciones ricas. Un ejemplo claro: Denis-Christel Sassou Nguesso, hijo del presidente de la República del Congo, presuntamente malversó millones de dólares de fondos públicos del país. Según informes, blanqueó el dinero a través de empresas fantasma para adquirir propiedades de lujo, incluyendo un ático en Miami, bienes raíces en Dubái y una mansión en París que fue confiscada por las autoridades en 2022.
El caso de Sassou Nguesso forma parte de un patrón más amplio. El Índice OREO deja claro que el escrutinio regulatorio del sector inmobiliario está plagado de lagunas, y muchos países ricos no están tomando las medidas adecuadas para evitar que se invierta dinero sucio en el sector inmobiliario. En muchos lugares, aún es posible comprar propiedades a través de empresas anónimas sin necesidad de identificar al beneficiario final. Cuando se exige la divulgación, la información suele quedar oculta en registros fragmentados o se mantiene fuera del alcance público, lo que impide que los organismos de control identifiquen casos sospechosos.
El marco regulatorio para los profesionales que participan en transacciones inmobiliarias es igualmente inconsistente. Abogados, agentes inmobiliarios y promotores, que deberían actuar como guardianes, no están sujetos de manera uniforme a las normas contra el blanqueo de capitales.
Lo que hace que los resultados del Índice OREO sean tan frustrantes es que surgen tras años de compromisos internacionales para abordar estos mismos problemas. Los países del G20, muchos de los cuales son los más afectados por el índice, se han comprometido previamente a mejorar la transparencia en la titularidad real y a combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario. Es hora de que cumplan y acuerden una serie de nuevos compromisos y se responsabilicen mutuamente de su implementación. Y si bien el Grupo de Acción Financiera Internacional ha revisado los estándares globales sobre transparencia en la titularidad real, es posible que deba explorar recomendaciones específicas sobre la transparencia en el sector inmobiliario.
Seguiremos denunciando las lagunas que permiten que la corrupción prospere en los mercados inmobiliarios y seguiremos presionando a la comunidad internacional para que las elimine. Sin un esfuerzo global coordinado, los mercados inmobiliarios mundiales seguirán siendo una caja fuerte para el dinero sucio. Y el mensaje a los corruptos seguirá siendo inequívocamente claro: su dinero es bienvenido.
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