De acuerdo con la nueva metodología para calcular el acceso al crédito, a corte de junio de 2024, el 51,2% de los adultos en Colombia tenía crédito formal vigente con entidades del sector financiero y no financiero. De estos, 8,7 millones tenían deudas únicamente con el sector financiero, 4,9 millones solo con el sector formal no financiero y 6 millones combinaban deudas entre ambos sectores, según estudio dado a conocer por la Asociación Bancaria.
En términos generales, en 2023 aproximadamente 13,5 millones de adultos —equivalentes al 35,5% de la población adulta en Colombia— tenían al menos un producto de crédito vigente con el sector financiero, como una tarjeta de crédito, un crédito de libranza o un préstamo para la compra de vehículo, microcrédito, entre otros. Sin embargo, para el tercer trimestre de 2024, esta cifra descendió al 35,2%, evidenciando una leve disminución respecto al cierre del año anterior, según el estudio.
Mas adelante la ASOBANCARIA destaca en el documento publicado a través de la revista Banca y Finanzas que «esta nueva aproximación a la medición del acceso al crédito incluye en su análisis a nueve grupos de entidades, de los cuales cinco pertenecen al sector formal financiero. En esta categoría se incluyen: los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES), las entidades microfinancieras no vigiladas, las Fintech no vigiladas por la SFC y las empresas especializadas en la recuperación de usuarios o en la colocación de tarjetas sin captación de recursos del público.
Por otro lado, dentro del sector formal no financiero se encuentran las empresas del sector real dedicadas al comercio, las compañías de telecomunicaciones que financian la adquisición de equipos, las entidades del sector solidario distintas a las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de compensación. Esta clasificación amplía la perspectiva sobre el acceso al crédito en Colombia, permitiendo un análisis más detallado de las fuentes de financiamiento y su alcance dentro de la economía.
Cabe resaltar que en las mediciones sobre la tenencia de productos de crédito y las trayectorias del crédito existen algunas diferencias, principalmente asociadas a la inclusión de los servicios pospago dentro del sector real de telecomunicaciones, pues la medición de adultos con productos de crédito no la incluye, dado que estos servicios no se consideran un producto de crédito, mientras que el análisis de trayectorias del crédito si incluye los servicios pospago de empresas de telecomunicaciones debido a que juega un rol importante en la creación de historial crediticio.
Este estudio es la primera aproximación a la cuantificación del crédito formal no financiero en el país y, por lo tanto, constituye un hito que permite la calibración de metas y esfuerzos hacia el objetivo país que es la inclusión crediticia.
Comportamiento de morosidad por originador
El estudio también analizó el comportamiento de los adultos que adquieren su primera obligación crediticia (nuevos al crédito), así como la evolución de aquellos cuya cartera es castigada o recuperada.
En cuanto a la morosidad, se identificaron diferencias significativas entre los distintos grupos de entidades. Las entidades especializadas en la actividad financiera registraron un mejor comportamiento en comparación con otros actores del mercado.
Hacia la formalización crediticia de la economía popular o informal. Cámara de Comercio de Bogotá
La mora de más de 90 días alcanzó el 13,6% en los establecimientos de crédito y el 17,2% en las cooperativas de ahorro y crédito.
En contraste, las empresas del sector real comercio, las especializadas en tarjetas de crédito ajenas a los establecimientos de crédito, las Fintech no vigiladas por la SFC y las empresas de telecomunicaciones reportaron tasas notablemente más altas: 41,5%, 33,2%, 30,5% y 29,4%, respectivamente.
Estas cifras reflejan cómo la morosidad varía según el tipo de entidad, evidenciando que las instituciones con una mayor trayectoria en la gestión del riesgo crediticio presentan mejores indicadores. A su vez, los altos niveles de mora en ciertos segmentos sugieren la necesidad de fortalecer los criterios de otorgamiento y la educación financiera de los consumidores para garantizar una inclusión crediticia más sostenible.
Trayectorias de crédito
El análisis de la evolución del crédito de los castigados y los recuperados a lo largo de cuatro años (2019-2023) permitió identificar patrones en materia de acceso, profundización, exclusión y reincorporación, según los autores de la investigación liderados por Germán Montoya Director Económico, Adriana María Ovalle Herazo Alejandra Rodríguez Mejía Ana Sofía Penha Muñoz.
Los castigados son los adultos con obligaciones calificadas de “Castigado”, “Difícil cobro” o “Irrecuperable” debido al incumplimientos en el pago.
Por otro lado, los recuperados son aquellos adultos que han extinguido su deuda mediante el pago total de la obligación tras haber sido clasificado en algún estado de castigo.
Nuevos al crédito
La mayoría de los nuevos usuarios de crédito continúan adquiriendo nuevas obligaciones. El 81,8% de quienes accedieron al crédito por primera vez registraron al menos una nueva apertura en los 48 meses siguientes a su obligación inicial.
Los nuevos al crédito tienden a reabrir crédito en las mismas entidades donde obtuvieron su primer producto. Por ejemplo, el 41,8% de quienes iniciaron su historial crediticio en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera realizó su primera reapertura dentro de los siguientes 48 meses en el mismo tipo de entidad. Este comportamiento se mantiene en otros segmentos, con una tasa de permanencia de 44,7% en cooperativas de ahorro y crédito (CAC) y de 46,1% en entidades microfinancieras no vigiladas.
Castigados
Para 2019, alrededor del 80% de los registros castigados se originaron en tres tipos de entidades: las entidades vigiladas por la SFC, concentrando el 33,2% del total de castigados; empresas del sector real comercio, concentrando el 23,4% de los registros; y las recuperadoras de cartera junto con los proveedores exclusivos de tarjetas de crédito, que concentraron el 19,5%.
En cuanto al tiempo de recuperación de los castigados, este fue, en promedio, de dos años (21,3 meses) lo cual también supuso diferencias dependiendo del sector. Las recuperaciones más rápidas ocurrieron en la financiación de equipos del sector telecomunicaciones, con una cifra de 9,2 meses; y Fintech no vigiladas por la SFC, con 19,3 meses.
Recuperados
Hace referencia a los recuperados adultos que, tras haber tenido obligaciones en estado de “Castigado”, “Difícil cobro” o “Irrecuperable”, han extinguido su deuda mediante el pago total de la obligación.
Analizando el año 2019, alrededor de un millón de adultos lograron recuperarse, suceso que ocurrió principalmente en entidades vigiladas por la SFC, pues la cifra de recuperaciones fue de 377 mil, lo que equivale al 38,4% de los adultos recuperados. En el sector de telecomunicaciones, con los planes pospago, las recuperaciones fueron de 239 mil, es decir el 24,3%; y en el sector real comercio ocurrieron 170 mil recuperaciones, es decir, el 17,3%. En conjunto, estos sectores concentraron alrededor del 80% de las recuperaciones registradas.
Conclusiones y recomendaciones finales
Finalmente el estudio de la Asociación Bancaria presenta sus conclusiones señalando que «Con este panorama ampliado del acceso a crédito, sabemos que el indicador de adultos con crédito vigente es mayor a las cifras que hemos monitoreado por años, lo cual nos plantea una nueva formulación de estrategias y metas en inclusión crediticia. El estudio también nos muestra que es crítico fortalecer las alianzas estratégicas con actores no financieros, especialmente el sector comercio y telecomunicaciones. Lo último resulta aún más relevante cuando el país está teniendo iniciativas regulatorias y conversaciones en torno a las finanzas y datos abiertos para la inclusión financiera.
Es importante plantear objetivos, no solo en materia de acceso al crédito, sino también en materia de reducción del impago y la reintegración de la población morosa para mejorar la estabilidad y bienestar de los hogares y firmas.
Para reducir el impago, es clave poner la lupa sobre herramientas que permitan una mejora en los flujos de ingresos de los prestatarios, pues los flujos bajos o inestables hacen más probable que se caiga en impago debido a la falta de recursos para asumir obligaciones. Además, presentar ingresos bajos e inestables también distorsiona el perfil de riesgo del consumidor, pues al ser más volátil, se vuelve más riesgoso, lo cual se refleja en la tasa de interés a la que se presta, siendo esta más alta y dificultando a su vez el pago de la obligación.
Para fortalecer el proceso de rebancarización en Colombia, es fundamental implementar estrategias que faciliten el retorno de las personas al sistema financiero de manera sostenible. En primer lugar, la educación financiera debe jugar un papel central, ya que un mayor conocimiento sobre el impacto del incumplimiento crediticio reduce la probabilidad de reincidencia en mora.
Asimismo, se recomienda un enfoque diferenciado para grupos vulnerables, como mujeres y trabajadores informales, garantizando que puedan acceder a productos financieros ajustados a sus necesidades. La estabilidad macroeconómica también es clave, por lo que se deben promover políticas fiscales y monetarias que minimicen los riesgos de incumplimiento masivo en tiempos de crisis.
Estudios de Asobancaria5 han encontrado que la educación es una variable significativa en los pagos vencidos, tal que entre más años de educación tenga un individuo, la probabilidad de pago, a pesar de que se tengan atrasos, se incrementa de forma prácticamente lineal. El resultado resalta la importancia no solo de generar políticas públicas que aumenten la cobertura en educación, sino de reconsiderar los programas educativos para que incluyan enfoques en responsabilidad financiera.
Adicionalmente, el fortalecimiento del monitoreo financiero y el uso de tecnologías como el open finance permitirán mejorar la transparencia y facilitar el acceso al crédito. Estas medidas, en conjunto, buscan no solo aumentar la inclusión financiera, sino también garantizar un acceso al crédito más equitativo y sostenible en el tiempo.
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