Los abogados no somos defensores de ángeles.

Por Ernesto Amezquita Camacho

 (Justiciayley1@gmail.com)

A propósito del » día internacional del abogado» el ejercicio de la abogacía en Colombia, día tras día se ha convertido  en una profesión  aún de más  peligro, y en un oficio de estigmatización por tirios y troyanos. El Estado con la des judicialización de conductas que han comercializado la Justicia en manos de Cámaras de Comercio, Notarias, y otras entidades,  además de la inteligencia artificial que hoy por hoy viene desplazando ésta noble y sacrificada profesión, que al igual que a cerca de otras 20, está amenazada a desaparecer, pues a ello se suman los exámenes habilitantes, y la Comisión de Disciplina Judicial, que considera que los abogados en general, somos sus adversarios, y  creen que su misión es sancionar y suspender tarjetas profesionales a diestra y siniestra,  con lo cual vienen extinguiendo la abogacía colombiana, y privatizando el servicio público de la justicia.

En materia Penal las Defensorías Públicas, que muchas veces, aunque salvo honrosas excepciones, se alían con fiscalías para convencer al procesado, a fin de que confiese delitos, que en algunos casos ni siquiera han cometido, pero que mediante una sentencia anticipada, o un principio de oportunidad dan por terminada una investigación, y generan un verdadero «falso positivo judicial», por la vía del menor esfuerzo, como es la consabida aceptación de cargos para rebajar pena, y asi obtener pronta excarcelación.

Es bien sabido que los penalistas no estamos llamados a defender ángeles, sino a seres humanos que  eventualmente han violado  normas contempladas en el código penal, y  son objeto en muchos casos de un régimen carcelario, casi siempre injusto y arbitrario, el que muchas veces tiene de todo, menos de resocializacion, convirtiéndose en verdaderas escuelas del crimen, y casi nunca en centros de rehabilitación y consideración humana, pues es desde las cárceles  desde donde se sigue traficando, delinquiendo, y preparándose  a quien allá llegue, para que en un próximo accionar delictivo, los infractores de las normas penales, no sean sorprendidos por la justicia, pues precisamente el tratadista Orlando González Payares explica con claridad en su libro, «La crisis de la Justicia» ésa situación que afecta a muchos colombianos, para quienes la solución fácil es enviarlos primero a la cárcel, para después investigarles el supuesto delito cometido .

Diariamente es más difícil ejercer la abogacía en Colombia, pues  no existe la  Colegiatura oficial, no hay  Seguridad Social para los más de 420 mil abogados titulados, y  el profesional está expuesto a toda clase de estigmatizaciones y señalamientos,   olvidandose, que el jurista ante todo, debe enarbolar principios como el debido proceso, la dignidad humana, la presunción de inocencia, el «nulla poena sine lege» entre otros, y exponerse en muchos casos a que no le paguen, e incluso le » tumben» sus justos honorarios profesionales», y si reclama, también en ocasiones es  investigado por la mencionada Comisión de Disciplina Judicial y organismos similares.

El llamado entonces es a dignificar nuestra profesión, a unificar esfuerzos éticos, a crear un frente común con el poder judicial, con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con las Facultades de Derecho, los  estudiantes, profesores, Notarios, y Cámaras de Comercio para proyectar una verdadera reforma integral a la justicia, que la haga pronta y cumplida, y que deje de ser una simple bandera política, que gobiernos y partidosndiverdos levantan siempre para engañar incautos, pero que no beneficia a la sociedad civil ni al Estado Social de Derecho en su conjunto.

No se puede olvidar que los abogados somos ante todo procuradores judiciales, columna vertebral del Estado Social de Derecho, y que  lamentablemente como en todas las profesiones, hay corruptos, pero que  sin abogados, no hay justicia ni en Colombia, ni en ningún país civilizado.