Por Elizabeth Mora-Mass
Algunos de mis vecinos son ciudadanos indocumentados que llevan 20 o más años viviendo en Estados Unidos y son padres de hijos estadounidenses. Por eso, me atrevo a escribir esta nota.
Si la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aprueba la solicitud del presidente Donald Trump, de quitarle la ciudadanía a los hijos de los indocumentados, la medida se aplicaría en niños recién nacidos y la Corte pondría una fecha.
Desde su primera presidencia,Trump la emprendió contra las personas nacidas de padres indocumentados, poniendo otra vez de moda, el término “niños ancla”, lo cual es una definición prejuiciosa, iniciada en 1996, la cual salió a relucir en todo su esplendor en 2006 y fue uno de los motores de impulso de la candidatura de Donald Trump en 2016 y 2024.
Mucho más grave que los miembros de la MAGA usen el término para referirse a hechos como que, estos niños son usados para que toda la familia pueda vivir gratis del Estado y obtener a través de la nacionalidad estadounidense de los niños beneficios como asistencia económica para pagar la vivienda, cuidado médico gratis para toda la familia y cupones de alimentos.
En su mandato inicial, Trump no tomó el tema de los niños ancla como su bandera de elección, pero lo primero que hizo al asumir su segunda presidencia en 2025, fue firmar una orden ejecutiva para acabar con la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento, como parte esencial de la agenda anti inmigrante. La gran mayoría de los miembros de la MAGA lo respaldan en este sentido.
La Enmienda Catorceava de la Constitución es la que garantiza que toda persona nacida en territorio de la Unión es ciudadano estadounidense por derecho propio, en lo que Trump está en desacuerdo, alegando que “la ciudadanía por nacimiento es un incentivo para la inmigración ilegal”.
Aunque un juez federal bloqueó la medida, motivo por el cual la Casa Blanca decidió llevar la medida a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a pesar de haber sido una ley aprobada en 1868
Aunque en la última oleada migratoria, muchas mujeres embarazadas recurrieron a vivir del Estado, ese no es un hecho fundamental.
Conozco docenas de padres de familia indocumentados que no solicitan cupones de alimentos, ni pago de vivienda, ni dinero para vivir. “Porque eso va en récord de mi hija y yo no quiero que ella se avergüence, el día que solicite un empleo y le busquen su récord”, ha afirmado por años María, mi vecina.
“Mi esposa y yo vinimos aquí a trabajar, no que el gobierno nos mantenga”, alega don Antonio, un nicaragüense, trabajador de la construcción, padre de tres hijos estadounidenses. No lo quiera Dios, si algún día yo no puedo trabajar para mantenerlos, que ellos puedan solicitar la ayuda sin que les digan que son unos mantenidos”.
Es que los dineros otorgados van a una base de datos. Hay comentarios que ser mantenido por el estado puede ser un punto negativo para obtener ciertos beneficios y puntos de calificación.
La mayoría de los analistas alegan que Trump no puede cambiar la Constitución y que debe ser el Congreso de Estados Unidos, el ente que tiene que aprobar la medida, con las dos terceras partes del Congreso apoyando el cambio.
