Ricardo Bonilla no era un economista cualquiera para Gustavo Petro: era una figura central de su proyecto político. El académico de 75 años, al que el presidente le ha pedido este miércoles la renuncia como su ministro de Hacienda, era de los pocos funcionarios en los que Petro confiaba plenamente. Fue su secretario de Hacienda como alcalde de Bogotá, con quien comparte la visión sobre el manejo de las finanzas públicas. En su despedida—conocida horas después de que se revelara que Bonilla denunció ante la Fiscalía a un hijo de Petro y al gerente de la campaña presidencial— Petro no ha tenido sino elogios: “lo respeto muchísimo por su profundidad intelectual como economista de verdad”, “sirvió a sus alumnos y a su pueblo con humildad”, “la labor del ministro de Hacienda ha sido buena en momentos difíciles”. Hace meses se refirió a él como “un hombre serio y honesto”. Aun así, le pidió que se hiciera al costado. “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno”, ha escrito en un mensaje de X.
Esta es una renuncia difícil para el Gobierno cuando Bonilla actualmente intentaba conseguir los recursos para financiar un presupuesto nacional deficitario el próximo año. Pero sobre todo es una salida dura políticamente para una izquierda que, cuando fue oposición fue implacable contra la corrupción, y ahora pierde un alfil clave de su proyecto político por un escándalo judicial parecido al de otros gobiernos. Otros funcionarios investigados por las autoridades, y menos claves históricamente para la izquierda, tienen en cambio el apoyo incondicional de Petro.
Bonilla ha salido por el escándalo de corrupción que ya ha golpeado duramente al Gobierno: el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD). Tres exfuncionarios, dos de la UNGRD y una de Hacienda, han señalado al ahora exministro de buscar redirigir contratos de la Unidad con motivaciones políticas: asignarlos a aliados de congresistas en sus regiones, a cambio de que los legisladores avalaran propuestas de crédito al Ejecutivo. Petro ha dicho que confía en la inocencia de Bonilla. “El ministro no entregó cupos indicativos a parlamentario alguno”, dice, en referencia a una cuestionada movida política en la que los congresistas señalen hacia qué proyectos se deben destinar partidas del presupuesto. Pero también ha dejado entrever que algo ocurrió entre los legisladores y el ministro. “Confunden hoy el extorsionado con el extorsionador para confundir al pueblo”, ha añadido. Según esa visión, Bonilla sería una víctima de políticos extorsionistas y también de una asesora que llegó al ministerio en la administración presidencial anterior, quien ahora lo señala ante la justicia. “El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de Minhacienda”, ha dicho el presidente.
Bonilla es el tercer alto funcionario golpeado por el escándalo de la UNGRD que sale del Gobierno. El primero fue Olmedo López, miembro del Polo Democrático Alternativo, quien fue director de la Unidad y ahora colabora con la justicia. En su discurso del pasado 20 de julio, el presidente pidió perdón a los ciudadanos por haber nombrado a López en ese cargo, y esta semana volvió a mencionarlo: “Olmedo que viene de la misma izquierda y de Colombia Humana, y quien no se hizo respetar por deshonesto”. Luego fue Carlos Ramón González, compañero de Petro en la extinta guerrilla del M-19 y cabeza de la inteligencia hasta julio, cuando el presidente anunció su retiro. “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial”, dijo entonces Petro. Olmedo López era del corazón de la izquierda. Carlos Ramón González del corazón del antiguo M-19. Ricardo Bonilla del corazón de Petro.
Su salida contrasta con el regreso de Armando Benedetti a la Presidencia. El político tradicional, que apoyó al derechista Álvaro Uribe y luego al centrista Juan Manuel Santos, aterrizó como jefe de la campaña presidencial de Petro cuando vio que sus probabilidades de ganar eran altas. Luego pasó por la embajada de Caracas y la que creó Petro en Roma ante la FAO, pero Benedetti regresó la semana pasada al tercer piso de la Casa de Nariño a pesar de estar metido en varios escándalos de corrupción. El más sonoro, que pasa por una conversación filtrada a la revista Semana entre él y su antigua secretaria Laura Sarabia (ahora la directora del DAPRE), sugiere que el dinero que se movió en la campaña presidencial superó con creces los límites establecidos. Benedetti además fue señalado de violencia doméstica por su pareja, y entre la izquierda hubo mucho malestar por su regreso. Petro, aun así, le abrió una oficina a pasos de su despacho.
La salida de Bonilla, en otras palabras, resalta quiénes son para el presidente los inamovibles: su primer círculo en la campaña, a quienes Petro ha sostenido pese a distintos escándalos. Además de Benedetti está, por ejemplo, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña electoral: hoy es investigado por presuntamente violar los topes de campaña permitidos, y más recientemente ha sido señalado de nepotismo por presuntamente dirigir contratos del Estado a su pareja. Está también Laura Sarabia, central en la campaña junto a Benedetti, quien fue señalada por su exniñera de ordenar que se le hiciera una prueba de polígrafo cuando se perdieron miles de dólares, en efectivo, de su casa. Otro inamovible es Andrés Hernández, jefe de prensa de presidente en la campaña y en su paso por el Legislativo. Hoy es cónsul en México gracias a Petro, y se mantiene allí aunque ha sido señalado por trabajadores de esa misión de estafa, acoso laboral, acoso sexual y mal manejo del dinero público.
En el caso de Bonilla, el presidente ha dicho que el problema de fondo no es una persona sino la estructura del Estado que promueve un chantaje de los congresistas a los ministros de Hacienda que necesitan un aval para los créditos necesarios. Ha dicho el presidente que, sin esos avales de los legisladores, Colombia puede caer en un default o cesación de pagos. “Todo ministro de hacienda ha sido chantajeado y extorsionado, desde el congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio pues así se ha hecho siempre la política, dicen”. En esa postura coincide parcialmente con su exministro de Educación y ahora crítico, Alejandro Gaviria. “Hay que eliminar la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Solo cumple una función, la función extorsiva por parte de congresistas”, ha argumentado en X, a la vez que ha señalado al Gobierno de tolerar y ver crecer el clientelismo que también usaron los presidentes anteriores.
Si la culpa es del Estado, para Petro es mejor que Bonilla se vaya. “Yo prefiero que el doctor en economía, ingenuo por no tener práctica política coja el camino digno de Varoufakis [exministro de Hacienda de Grecia] y renuncie”, escribió Petro. Otros funcionarios, aparentemente más hábiles en la práctica política, como Armando Benedetti, sí se quedan.
