En una declaración en inglés y español expedida en Ginebra y tres años después del mortal paro nacional en Colombia, expertos independientes de la ONU enviaron una carta al presidente Gustavo Petro y dijeron en un comunicado que sigue habiendo una necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y su incapacidad para prevenir la violencia y la privación de la vida causada por agitadores anti-paro. Los expertos emitieron la siguiente declaración:
“Tres años después de los eventos de 2021, consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales, para descubrir los hechos y responsabilizar a los perpetradores. Esta situación permite la impunidad y pone a las víctimas y sus familias en mayor riesgo de amenazas contra su vida y seguridad.
Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno en relación con los casos de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes durante el Paro Nacional, como la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional Permanente para abordar casos de violaciones de derechos humanos en contextos de protestas sociales. La directiva recientemente adoptada por la Fiscalía General de la Nación para el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta es un paso indiscutible en el camino hacia la justicia.
Si bien reconocemos estos pasos positivos, el estancamiento del trabajo de la Mesa Técnica, las fallas en la regulación del uso de armas menos letales en el contexto de las protestas, el retraso en los cambios del marco de la Fiscalía y el retraso en el proceso de justicia podrían equivaler a una negación de justicia.
La falta de progreso en las investigaciones de los 16 casos reportados de asesinatos ilícitos de manifestantes en el contexto de las protestas de 2021 es profundamente preocupante y plantea dudas sobre su efectividad. Los intentos de transferir los procedimientos judiciales a tribunales militares y los incidentes reportados de amenazas e intimidación contra los participantes en los procesos judiciales, incluidos víctimas, testigos, abogados, familias, defensores y defensoras de derechos humanos, y miembros de la sociedad civil, también son extremadamente preocupantes.
El Estado debe garantizar que estas investigaciones se lleven a cabo de manera efectiva, sin más demoras, para procesar y castigar a los responsables de tales violaciones y que se tomen medidas para prevenir su recurrencia. La falta de investigaciones concluyentes obstaculiza la rendición de cuentas y tiene un efecto paralizante en la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica en el país.
Después de tres años, es imperativo que las autoridades competentes aceleren las investigaciones de los posibles casos de privación arbitraria de la vida que ocurrieron en Siloé, en Cali y en toda Colombia durante el Paro Nacional. También instamos a que investiguen los actos de amenazas y acoso que supuestamente han ocurrido desde entonces para que estos casos no queden en la impunidad, y para garantizar los derechos de las familias a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La falta de rendición de cuentas en estos casos también aumenta considerablemente los riesgos para la seguridad de las familias de las víctimas.
Instamos a las autoridades competentes a llevar a los perpetradores ante la justicia y a emprender una reforma profunda del sector de seguridad para garantizar la rendición de cuentas y la no repetición de tales violaciones.”
Los expertos enviaron una carta al Gobierno para expresar sus preocupaciones.
FIN
Los expertos: Sr. Morris Tidball-Binz (Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias); Sra. Irene Khan (Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión); Sra. Gina Romero (Relatora Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación); Sra. Mary Lawlor (Relatora Especial sobre los defensores de derechos humanos).
Los Expertos forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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Colombia: Experts gravely concerned by lack of truth, justice and accountability for killings and other human rights violations during 2021 National Strike
GENEVA (30 September 2024) – Three years on from Colombia’s deadly national strike, independent UN experts* say there remains an urgent need to establish truth, justice and accountability for killings and other human rights violations resulting from excessive police against demonstrators and their failure to prevent violence and further deprivation of life caused by anti-strike agitators. The experts issued the following statement:
“Three years after 2021 events, we find it unacceptable that the competent authorities have not progressed in effective investigations, in line with international standards, to uncover the facts and hold perpetrators accountable. This situation allows for impunity and puts victims and their families at increased risk of threats against their life and safety.
We recognise the efforts of the current Government in relation to cases of killings and other human rights violations committed against demonstrators during the National Strike, such as the installation of the Permanent Inter-institutional Technical Table to address cases of human rights violations in contexts of social protests. The recently adopted directive of the National Prosecutor’s Office for the recognition, guarantee and protection of the right to protest is an indisputable step along the path to justice.
While we acknowledge these positive steps, the stagnation of the work of the Technical Table, failures in the regulation of the use of less lethal weapons in the context of protests, the delay in the changes of the Prosecutor’s framework, and the delay in the justice process could amount to a denial of justice.
The lack of progress in investigations into the 16 reported cases of unlawful killings of protesters in the context of the 2021 protests is deeply concerning and raises questions about their effectiveness. Attempts to transfer judicial proceedings to military courts and reported incidents of threats and intimidation against participants in judicial processes, including victims, witnesses, lawyers, families, human rights defenders, and civil society members are also very troubling.
The State must ensure that these investigations are carried out effectively, without further delays, in order to prosecute and punish those responsible for such violations and that measures are taken to prevent recurrence. The lack of conclusive investigations hinders accountability and has a chilling effect on freedom of expression and freedom of peaceful assembly in the country.
After three years, it is imperative that competent authorities expedite investigations of the possible cases of arbitrary deprivation of life that occurred in Siloé, in Cali, and across Colombia during the National Strike. We also urge that they investigate the acts of threats and harassment that have allegedly occurred since so that these cases do not remain in impunity and to guarantee the families’ rights to truth, justice, reparation and guarantees of non-repetition. The lack of accountability in these cases also strongly increases the risks for the safety of victims’ families.
We urge the competent authorities to bring perpetrators to justice and to undertake in-depth reform of the security sector to ensure accountability and non-repetition for such violations.”
The experts sent a letter to the Government to raise their concerns.
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