Alarmados por la dramática escalada desde el principio del año del conflicto armado en la región del Catatumbo en el Departamento de Norte de Santander, expertos de la ONU* pidieron al Gobierno de Colombia que redoble sus esfuerzos para garantizar la protección de la población civil en todo el país y han urgido también a los grupos armados no estatales que pongan fin a sus agresiones contra la población civil.
«Colombia se enfrenta a un desplazamiento a una escala no vista en décadas», dijeron los expertos.
«Esta crisis exige una respuesta urgente e integral del Estado para proteger a la población civil vulnerable, en particular a la población campesina, los Pueblos Indígenas, mujeres, niños y niñas, y las personas refugiadas y migrantes de origen venezolano.»
El 16 de enero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó una ofensiva dirigida aparentemente contra miembros del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). El conflicto armado entre los dos grupos ha desplazado a más de 56.000 personas. Otras 27.000 personas se encuentran confinadas por la inseguridad, incapaces de desplazarse en busca de protección, servicios básicos o para ganarse la vida.
«Además del desplazamiento forzado y el confinamiento, los grupos armados no estatales habrían sometido a la población civil de Norte de Santander, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, actos equivalentes a desapariciones forzadas, violencia sexual y de género en particular contra mujeres y niñas, trata de personas y reclutamiento de niños «, dijeron los expertos.
«Estos actos representan graves violaciones del derecho internacional, que deben investigarse y cuyos responsables deben rendir cuentas».
Los expertos señalaron que el conflicto ha afectado de forma desproporcionada a grupos que ya se encontraban en situaciones de vulnerabilidad.
«La población civil del Catatumbo ha sido doblemente victimizada», dijeron. «En primer lugar, la limitada presencia del Estado ha permitido el florecimiento de grupos armados no estatales. Luego durante la más reciente oleada de violencia, estos grupos armados han tenido como objetivo a los campesinos, Pueblos Indígenas, migrantes y personas refugiadas, junto con defensores de los derechos humanos, personal docente, líderes sociales, y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz.»
Aunque los expertos reconocieron avances en la respuesta humanitaria del Gobierno, llamaron a redoblar los esfuerzos para brindar protección y asistencia equitativas y garantizar una solución a largo plazo del conflicto.
«Tomamos nota de la decisión del Gobierno de declarar un estado de emergencia y aplicar medidas extraordinarias para garantizar la entrega de ayuda humanitaria», dijeron.
«No obstante, instamos al Gobierno a respetar los estándares internacionales de derechos humanos y derecho humanitario aplicables a los estados de excepción. Instamos también a garantizar que todas las poblaciones desplazadas y confinadas, independientemente de su ubicación y nacionalidad, reciban protección y asistencia adecuadas y adaptadas para abordar eficazmente las necesidades de las mujeres, las niñas, las personas de edad, las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas, la población campesina, y la población migrante y refugiada. El Gobierno debe también asegurar que los defensores de los derechos humanos puedan seguir llevando a cabo sus actividades legítimas, y que los Pueblos Indígenas y la población campesina, quienes en su mayoría sólo tienen derechos informales a la tierra, estén protegidos contra el despojo de tierras durante su desplazamiento.»
«Además, hacemos un llamado urgente al ELN y al Frente 33 para que depongan las armas, cesen las violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y prioricen el diálogo, y al Gobierno para que priorice la protección de los civiles tanto en sus negociaciones con los grupos armados no estatales como al garantizar la presencia efectiva del Estado en toda Colombia.»
Los expertos están en contacto con Colombia, el ELN y el Frente 33 sobre sus preocupaciones.
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