La primera mitad del mandato presidencial de Gustavo Petro quedó marcada por su apuesta por cambiar la estructura del sistema de salud colombiano. Convertida en el principal punto de fricción política del país, el mandatario sacrificó una amplia coalición legislativa y un gabinete heterogéneo en pos de ella, y fracasó. Para el inicio de la segunda parte de su cuatrienio, Petro ha retomado la idea de lograr un acuerdo nacional, ha delegado en un nuevo y centrista ministro del Interior su aterrizaje político y ha obtenido un primer gran resultado con un acuerdo con los banqueros. Esta semana, tres eventos ayudarán a revelar la solidez de una apuesta que podría llevar al país a un clima de menor confrontación política, pero que se estrella no solo con el antecedente de la reforma a la salud, sino con la realidad de un Gobierno que tiene como gran meta dejar una honda huella en el país —no en vano se llama a sí mismo el del cambio—, situaciones difíciles en la economía y la seguridad, y una campaña electoral que ya se anticipa.
Justamente será la reforma a la salud la que marque la mayor prueba a la noción misma del acuerdo nacional. Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior que ha liderado las reuniones con diversas bancadas para aterrizar ese acuerdo al mundo legislativo, ha indicado que es uno de los tres principales proyectos del Gobierno para este periodo de sesiones, y que el texto será radicado esta semana. Su colega de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha dicho que ha conciliado el nuevo texto con el sector privado, algo que han negado los principales gremios del sector. Eso, y que Jaramillo hubiera defendido con denuedo la reforma que el Congreso rechazó hace menos de cinco meses, marcan el reto que enfrenta la idea de acuerdo nacional con la esperada radicación de un texto que por ahora es desconocido.
Si bien ese es el frente más visible de las pruebas que acumula la política conciliadora del presidente, también se puede aplazar. De hecho, el Gobierno había anunciado la presentación del proyecto para la semana anterior. Mientras eso ocurre, otra de las reformas del año pasado, que sigue vigente en el Congreso, retoma su trámite este lunes. Se trata de la laboral, que con la sanitaria y la pensional —que salió aprobada tras una negociación liderada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez— conforma la tríada de propuestas para reformular el mundo del trabajo y la seguridad social. La reforma laboral superó uno de los cuatro debates que necesita para convertirse en ley gracias a Ramírez, una sindicalista y política comunista de amplia experiencia en lograr acuerdos con los empresarios, y ahora será tramitada en la plenaria de la Cámara.
En ese caso, el reto no es sacar adelante la propuesta. Esta ya ha perdido parte de su alcance por la negociación previa al primer debate, cuando Ramírez sacrificó los cambios en asuntos colectivos, como las negociaciones sindicales, a cambio de mantener las mejoras individuales, como mayores pagos por trabajar los domingos. Además, el Gobierno ha comprobado tener de su lado las mayorías en la Cámara de Representantes, a diferencia del Senado, donde le han sido esquivas. La prueba es más narrativa: si el Ejecutivo buscará poner en marcha justamente esas mayorías como una aplanadora que le permita avanzar rápido con esa reforma para enfrentar discusiones de proyectos más complejos, o si abrirá espacios para la concertación como los que Cristo, el ministro de la política que tiene una larga trayectoria parlamentaria, ha promovido y que si bien pueden demorar el proceso de la laboral, apuntalarían el marco general de concertación.
El tercer gran reto de la política de acuerdo nacional es externo al Capitolio y a los debates legislativos. Se trata del aterrizaje necesario del pacto del crédito, el acuerdo con los banqueros de inyectar 55 billones de pesos en los próximos 18 meses a cinco sectores estratégicos de la economía, en planes concretos. En una rueda de prensa en la que presentaron detalles del pacto, el presidente del gremio de los bancos, Jonathan Malagón, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, concedieron en que esta semana se pondrá en marcha la primera de las mesas sectoriales para lograr esa especificidad. Se trata de la de vivienda, un sector del que Malagón fue ministro en el Gobierno del conservador Iván Duque y en el que, en palabras de Bonilla, es fácil llegar a acuerdos. En efecto, los diferentes gobiernos llevan más de medio siglo incentivando el crédito para la compra y construcción de viviendas, por el impacto positivo de esa actividad en el empleo y en una larga cadena de productos necesarios, desde el cemento o la siderúrgica hasta los electrodomésticos.
Sin embargo, el diablo está en los detalles. El Gobierno Petro llegó a modificar el sistema que usó Duque, especialmente a través de subsidios para compra de vivienda, y tardó tantos meses en poner en marcha unas políticas propias que el sector se resintió fuertemente y la ministra, Catalina Velasco, terminó saliendo del Gabinete. Con unas empresas a la vez resentidas con este Gobierno y en buena medida dependientes del flujo de dineros públicos para facilitar la compra de vivienda, los acuerdos concretos que se logren en la mesa marcan el derrotero para los otros beneficiados (el turismo, la industria, la agricultura y la economía popular, que es más bien el conjunto de pequeños negocios de cualquier rama) y el tono de las negociaciones.
En los primeros meses de su mandato, el presidente Gustavo Petro logró sacar adelante una muy ambiciosa reforma tributaria en tiempo récord, pactar con el sector privado un camino para reducir las tarifas de energía, acordar con los ganaderos la compra de tierras para la reforma agraria. Eran tiempos de apertura, de ministros moderados y reuniones con el expresidente Álvaro Uribe, su némesis política de años. Esa tónica duró poco más de seis meses, y luego vino su ruptura con el centro político y un tono de confrontación y crispación. Casi dos años después, en los que ha sufrido fuertes derrotas políticas como la de la reforma a la salud, ha cargado con el peso de escándalos que han afectado a su primogénito, su mano derecha o su hermano, ha visto la economía estancarse y su favorabilidad erosionarse, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea ha vuelto a agitar la bandera de la concertación. Los primeros pasos han sido halagüeños, pero el camino es largo, las heridas notorias y las elecciones de 2026 ya asoman en el horizonte político.
