El debate político en Colombia ha caído, una vez más, en una madeja técnica. Minutos después de que el Congreso negara al Gobierno el monto de su presupuesto para 2025, abriendo un interrogante sobre el camino a seguir, el presidente Gustavo Petro ha señalado a los congresistas de ser enemigos de una rebaja impositiva.
“Han rechazado bajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia”, ha escrito en su cuenta de X. La respuesta revela que, además del debate por el valor máximo que programa gastar la Nación el próximo año, se mantiene un choque político entre el Gobierno progresista y las mayorías del Senado. Y eso significa que la gran propuesta de Petro para este nuevo periodo legislativo, la de adelantar sus reformas bajo la sombrilla de un acuerdo nacional, empieza con el pie izquierdo.
Juan Fernando Cristo, el veterano político y excongresista a quien Petro designó en el Ministerio del Interior hace tan solo dos meses, ha trabajado arduamente en lograr esos acercamientos. Una y otra vez ha citado la fórmula que el senador oficialista Iván Cepeda ha repetido como un mantra desde que la izquierda llegó al poder, hace poco más de dos años: el cambio que propone el Gobierno pasa por un acuerdo nacional en temas centrales. En sus mensajes del pasado 20 de julio, día de instalación del Congreso, y 7 de agosto, al cumplir la mitad de su cuatrienio, el presidente ha ondeado justamente esa bandera. Cristo las ha aterrizado, entre otras, en el campo legislativo, aquel en el que Petro ha concentrado sus mayores esfuerzos para darle contenido a la promesa de cambio con reformas a las pensiones, al régimen laboral, al sistema de salud o al de educación superior. Hasta junio pasado, el saldo de los primeros dos años ha sido mayoritariamente negativo para el Ejecutivo, especialmente por su enorme apuesta a una reforma a la salud que rechazó el Senado, después de que la aprobara la Cámara de Representantes.
El llamado al acuerdo se vio entonces como una vía para mejorar la relación y hacer viables las reformas que siguen vivas, como la laboral, o las que vienen, encabezadas por una nueva versión de reforma a la salud que el Gobierno lleva varias semanas anunciado que va a presentar. Sin hacerlo, hasta ahora, el primer asunto en la agenda se convirtió el Presupuesto General de la Nación, una ley que presenta el Ejecutivo cada año y que tiene un trámite especial. Ese procedimiento implica que el proyecto solo es aprobado por el Congreso con el visto bueno de las cuatro comisiones económicas, dos del Senado y dos de la Cámara, además de sus plenarias; que los legisladores solo pueden introducirle ajustes con el visto bueno del Ejecutivo; que si el Congreso rechaza la propuesta, el Gobierno puede emitir el presupuesto vía decreto, con el texto que inicialmente presentó al Legislativo; y que el Congreso vota primero, hasta el 15 de septiembre de cada año, el monto total del presupuesto, para luego debatir la repartición de los dineros entre los diferentes sectores y entidades. Ha sido allí, en ese debate del monto, en el que ha quedado claro que el acuerdo nacional no ha cuajado.
El debate se preveía difícil por una particularidad: el Gobierno ha presentado un presupuesto deficitario, esto es, desde su proyecto inicial ha aceptado que pide al Congreso la aprobación de un tope de gastos mayor al de la suma de todos sus ingresos, algo que habían hecho otros gobiernos como el de Juan Manuel Santos en 2015 o el de Iván Duque en 2018. En cifras concretas, el monto era de 523 billones de pesos. Una cifra, que según los cálculos del Ministerio de Hacienda, incluye un déficit de 12 billones de pesos. Para subsanarlo, la normativa prevé que el Gobierno debe presentar una ley que recaude ese monto, llamada ley de financiamiento, antes de que el Congreso vote el monto. Así, se asegura que los congresistas no firman un cheque en blanco y por lo menos saben cuál es la propuesta de un Ejecutivo para llenar el hueco. El Gobierno así lo hizo, pero apenas este martes 10 de septiembre, a cinco cortos días de que venciera el plazo del Congreso. Al día siguiente, el miércoles, las cuatro comisiones económicas se reunieron, y no llegaron a ningún acuerdo. Votaron en contra tanto del monto propuesto por el Gobierno como de dos cifras alternativas, una de 511 billones (es decir, recortarlo para evitar el déficit) y una de 499 billones (un valor que viene de los anexos del proyecto y sus previsiones de gastos e inversión). Ninguna propuesta logró el apoyo de todas las comisiones, un hecho sin precedentes.
Se abre un interrogante legal y económico como resultado de la negativa, que el mismo Legislativo espera zanjar este jueves en una nueva sesión. Por ahora, siguen abiertas todas las posibilidades: que el presupuesto salga por algún valor, o que el Congreso lo rechace y sea definido vía decreto por los debatidos 523 billones. También sigue vivo el proyecto de ley de financiamiento. Se trata de una pequeña reforma tributaria que suma aumentos impositivos para lograr recaudos, reducción de otros como el que recordó el presidente en su mensaje de X del miércoles, y un muy debatido cambio a la regla fiscal, la norma que establece un tope al desequilibrio que pueden tener las cuentas de la Nación. Lo que, en cambio, no da señales de vida, es un acuerdo nacional que no tenía como mayor prueba el debate por el presupuesto, sino la todavía más sensible reforma a la salud.
