Un juez ha compulsado copias al Congreso para que investigue si el presidente ha incurrido en alguna falta al insultar y burlarse de personas detenidas. Penalistas advierten que el comportamiento del mandatario pone en riesgo el debido proceso de los detenidos

Bogotá –
El presidente Abelardo de la Espriella, quien hace una curaduría milimétrica de sus comunicaciones y en redes se muestra como un hombre de acción inagotable, ha grabado varias veces capturas a criminales donde repite un polémico guión. En varios de los procedimientos de captura de pequeños, medianos o grandes criminales, el mandatario los encara, los insulta y termina con su icónica frase de “bienvenido a la patria milagro”. Esta semana, un juez municipal en Medellín por primera vez cuestionó la puesta en escena del mandatario y le compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por esta. Se trata de la entidad encargada de investigar a los jefes de Estado, y el togado, del juzgado con función de Control de Garantías, quiere que los congresistas de la comisión examinen si el mandatario ha incurrido en faltas o tratos despectivos con los detenidos.
En su interés por mostrar la mano dura contra la criminalidad, el presidente ha llamado a los capturados “payaso”, “asesino miserable” o “bandido miserable”. El guion de los videos se repite: un mandatario vestido con prendas militares o policiales que aparece en el operativo hecho por la fuerza pública. Los encara, se burla de ellos y luego les da la bienvenida a su “patria milagro”. Los videos luego se hacen virales en las redes sociales afines al mandatario y varios medios nacionales los replican como noticias.
La semana pasada el turno fue para Néider Yesid Uñates López, conocido como ‘Primo Gay’, un mando medio de las disidencias de las FARC en el departamento de Antioquia que fue capturado este sábado. A Uñates se le atribuyen los asesinatos de varios líderes sociales, crímenes contra soldados y policías e incluso el homicidio del joven periodista Mateo Pérez Rueda, en mayo de este año, en el municipio de Briceño. Pero no tiene, por ahora, ninguna sentencia en su contra. Los señalamientos, sin embargo, se lo recitó Abelardo de la Espriella en medio de la captura. El presidente, con gesto de enfado y de brazos cruzados, se dirige en el video a los detenidos rodeado de una decena de integrantes de la fuerza pública que van complementando la escena actuada para las redes sociales.

– Había que capturarte porque tú eres un bandido. Vas a ver lo que te viene, bandido miserable. Esta porquería es ‘Primo Gay’.
-Señor presidente, este bandido fue el que secuestró, torturó y asesinó al periodista Mateo, contesta un integrante de la fuerza pública.
-Miserable asesino despreciable.
El funcionario judicial que ha compulsado copias, también le pidió a la Procuraduría que establezca si los funcionarios que acompañan al presidente en su show mediático han incurrido en faltas disciplinarias por permitir que los detenidos sean exhibidos ante las cámaras y los medios de comunicación. Ha pedido, específicamente, que “establezca, si es necesario, la identidad y participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante los medios de comunicación en Montería”. El juez, en su llamado de atención, recuerda que esos tratos afectan la dignidad humana, un derecho consignado en la Constitución Política y del que gozan todos los ciudadanos.
El problema, sin embargo, tiene mucho más de fondo de acuerdos a los expertos. La penalista y exministra de Justicia Ángela María Buitrago señala que el presidente, como máxima autoridad en Colombia, “está obligado a garantizar la dignidad humana, la presunción de inocencia y el derecho ser oído o derrotado en juicio de cualquier ciudadano”. Pero, además, es enfática en explicar que en Colombia está prohibido que un detenido sea expuesto a medios sin una sentencia condenatoria ejecutoriada.
El acto teatral del mandatario suele retrasar un procedimiento que usualmente debe ser rápido. Alguien del Ejército, la Policía o el CTI ejecuta el procedimiento de captura contra alguien y, en estos casos, el presidente se mueve hasta donde está el detenido. Mientras esperan, sin embargo, las autoridades no presentan al capturado ante el juez de control detenido garantías. “Un detenido debe ser puesto a disposición del juez en el menor tiempo posible, la justificación de su demora no puede ser que están esperando al presidente de la República para hacer un video para sus redes. Las autoridades judiciales deben justificar ante el juez por qué se demoraron en trasladar al capturado”, explica Buitrago.
Sin embargo, el problema más grueso está en los adjetivos que utiliza De la Espriella con algunos de ellos: a Primo Gay lo llamó ”miserable asesino”, “porquería“ y “rata”. El primer principio que puede violar el presidente al insultar, continúa Buitrago, es el del derecho a la dignidad humana. “Ese argumento de que la persona no merece un trato digno porque mató, secuestró o desapareció no es consecuente con una Constitución como la nuestra”, dice la exministra.
El otro problema es sentenciar anticipadamente a los detenidos. A Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, le llamó “bandido” en medio del procedimiento de su extradición. Buitrago explica que, a quienes tienen sentencias en su contra como él, podría llamarles ”homicidas”, pero sin adjetivos peyorativos. “Solo cuando tenga sentencia en firme se puede decir que usted cometió ese hecho. Los otros adjetivos como llamarles “payaso” o “basura” son deshumanizantes“.
El abogado penalista Juan David Bazzani también advierte que el mandatario puede poner en riesgo el debido proceso judicial al insultar a los detenidos. “Cuando las capturas se exhiben con calificativos despectivos o se presentan como una condena anticipada, se afecta la presunción de inocencia y la dignidad de las personas. Esto pone en riesgo el proceso: una captura cuestionada por su forma puede terminar en la libertad de quien se pretendía judicializar”, advierte. Es decir, el comportamiento teatral del mandatario puede dejar en libertad a los detenidos, aun cuando tengan un prontuario criminal probado.
De hecho, la captura de Henry Sneyder Herrón Serna y de Néider Yesid Uñates estuvo a punto de caerse, según reveló Caracol Radio, porque el juez de Medellín contempló declarar ilegal el procedimiento por los videos con insultos que difundió el presidente de la República. Pero finalmente las capturas fueron declaradas legales, aunque su defensa aún podría alegar algún vicio de trámite para dejarlos en libertad.
El Gobierno, además, no ha guardado silencio ante la posición del juez. Este martes la oficina de comunicaciones de la Presidencia han emitido un comunicado en el que advierten que el Gobierno respalda las actuaciones de De la Espriella. Uno de los funcionarios que lo defendió es el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, quien utilizó las redes sociales institucionales de esa cartera para emitir su opinión personal. “¿Cómo debe llamar el presidente al terrorista alias Primo Gay para no ofenderlo? ¿Respetado ciudadano, su excelencia o su señoría?”, publicaron en la cuenta oficial.
Lo cierto es que en contra de Primo Gay no hay ninguna sentencia condenatoria, por lo que una autoridad no puede llamarlo criminal o asesino hasta que un juez lo determine. El tema va además más allá de la Constitución, explican los expertos. Colombia es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran la presunción de inocencia y el trato digno a toda persona privada de libertad. A ello se suman estándares como las Reglas Mandela, que la ONU adoptó para proteger la dignidad de los detenidos sin distinción alguna. La jurisprudencia interamericana ha advertido, además, que las autoridades no deben presentar a un acusado como culpable antes de que un juez lo decida. “La justicia no puede ser vengativa“, reitera Buitrago.