La libertad de opinar

La Casa Blanca se prepara para hacerle un gesto al Congreso

Pero ahora Trump es un pato cojo históricamente impopular
Por Corrientes Magazine
18 de noviembre de 2026 · 7:07 am

La ley no está de su lado.

Public Notice celebra con orgullo 5 años de periodismo independiente.

Liz Dye

La administración Trump tiene un plan genial para enero, cuando los demócratas tomen el control de la Cámara y el Senado y empiecen a supervisar. Y ese plan es… ¡desprecio al Congreso a gran escala!

El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, lo expuso en un memorando obtenido el lunes por PBS News:

«Los departamentos y agencias ejecutivas deben obtener la aprobación de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca (OLA) y de la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca (WHCO) antes de que cualquier miembro del organismo pueda aceptar comparecer ante cualquier comisión del Congreso», escribió, aludiendo alegremente al «proceso de consulta establecido de la Casa Blanca» y prometiendo que se dará más orientación.

Eso es hockey ecuestre — si el proceso se «estableciera», el memorando sería un excedente innecesario. En realidad, esto supone un cambio radical respecto a la política anterior, contraria tanto a la ley como a la precedente.

Y esto ocurre mientras el fiscal general Todd Blanche y el propio Scharf (junto con un fiscal federal torpe en Texas) amenazan con procesar penalmente a legisladores demócratas por hacer su trabajo.

Preguntado sobre el memorando, un funcionario de la Casa Blanca dijo a PBS que la administración «no será extorsionada, intimidada ni amenazada hasta que se someta.» Señalaron cuatro cartas de demócratas de la Cámara ordenando a las agencias ejecutivas que conservaran sus documentos como prueba de las «exigencias exorbitantes» de los demócratas. Porque pedir al DHS que no triture sus archivos es aparentemente ir demasiado lejos.

Que Trump invente normas sobre la marcha no impedirá que el Congreso demócrata le investigue y le haga rendir cuentas. Buen intento.

.@NewsHour ha obtenido un nuevo memorando —fechado hoy— del asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, que exige que las agencias federales obtengan la aprobación de los equipos de asuntos legales y legislativos antes de testificar ante comités del Congreso.


Hagamos otra vez la Distorsión del Tiempo

El edicto de Scharf es algo sacado de una distorsión temporal. (Apropiado, ya que el antiguo abogado defensor del presidente es idéntico a Riff Raff de «The Rocky Horror Picture Show».)

En 1909, el presidente Taft decretó que ningún empleado federal debía «responder a ninguna solicitud de información de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o de cualquier comité de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o de cualquier miembro del Congreso, salvo a través de, o según autorización por, el jefe de su departamento.»

En respuesta, el Congreso aprobó en 1917 el 5 U.S.C. § 7211, que garantiza que el derecho de los empleados federales «a facilitar información a cualquiera de las Cámaras del Congreso, o a un comité o miembro de la misma, no puede ser interferido ni denegado.» Y desde hace un siglo, el Tribunal Supremo ha respaldado el poder del Congreso para supervisar el poder ejecutivo, incluso mediante la emisión de citaciones.

En McGrain v. Daugherty, un caso de 1927 que involucraba una investigación sobre el Departamento de Justicia de Warren Harding durante el escándalo de Teapot Dome, los jueces sostuvieron que «el poder de investigación —con el proceso para hacerlo cumplir— es un auxiliar esencial y adecuado de la función legislativa».

Cómo Trump perdió a los jóvenes

En la práctica, ni el Congreso ni el presidente han sido capaces de tomar las decisiones de forma unilateral. Las disputas se resolvían mediante «el bullicio, el dar y recibir del proceso político entre el legislativo y el ejecutivo», como dijo Antonin Scalia en 1975. El futuro juez ejercía entonces como jefe de la Oficina de Asesoría Legal de Gerald Ford, luchando contra citaciones del Congreso tras la dimisión de Nixon, ¡así que sabía de qué hablaba!

Con algunas excepciones notables, este proceso de acomodación intersectorial funcionó hasta el primer mandato de Trump, cuando los demócratas recuperaron la Cámara en 2019. El presidente de Supervisión, Elijah Cummings, exigió saber cómo obtuvo Jared Kushner una autorización de seguridad cuando los responsables de inteligencia, así como el propio jefe de gabinete de Trump, John Kelly, y el asesor jurídico de la Casa Blanca Don McGahn, coincidieron en que estaba categóricamente descalificado.

Esa era principalmente una pregunta retórica. Todo el mundo sabía, tanto en el New York Times como en CNN, que Trump había ordenado a su equipo que otorgara autorizaciones a Jared e Ivanka — a pesar de la insistencia de Ivanka en que «el presidente no tuvo ninguna implicación en relación con mi autorización ni con la de mi marido».

Para entonces, McGahn había sido reemplazado por Pat Cipollone, quien ordenó a Carl Kline, el funcionario que ejecutó la orden de Trump, que no testificara. Cipollone se negó rotundamente a entregar cualquier documento, calificando la petición del comité de «sin precedentes y extraordinariamente intrusiva.» (Eso era una tontería; el director de la Oficina de Seguridad de la Casa Blanca había testificado públicamente en 2007.)

Kline finalmente se sentó para una entrevista voluntaria después de que los republicanos del comité ayudaran a negociar un acuerdo. Pero mientras los demócratas se aferraban a la investigación sobre Rusia, la Casa Blanca dejó de cooperar con el Congreso por completo.

«Estamos luchando contra todas las citaciones», anunció Trump en abril de 2019.

Al mes siguiente, Cipollone envió al presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, una carta de 12 páginas calificando el trabajo de su comité como una «pseudoinvestigación policial» y sugiriendo que «el camino adecuado es que el Comité suspenda la investigación.» Días después, la Casa Blanca ordenó a McGahn que no presentara su declaración citada, citando una teoría desempolvada de la Oficina de Asesoría Legal que un tribunal ya había rechazado.

En agosto de 2019, el Comité Judicial presentó una demanda para hacer cumplir la citación de McGahn. El entonces juez Ketanji Brown Jackson rechazó la teoría de la inmunidad absoluta, escribiendo que «la principal conclusión de los últimos 250 años de historia estadounidense registrada es que los presidentes no son reyes.» Dos años después, tras extensas sesiones en el Circuito de DC, McGahn finalmente se reunió para una entrevista a puerta cerrada con el Congreso. Pero para entonces Trump llevaba cuatro meses fuera del cargo — perdió en la ley, pero ganó en el reloj.

Las demandas del Congreso por los registros financieros de Trump tuvieron un destino similar.

En 2019, el Congreso citó a la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, para obtener sus documentos financieros, bajo la lógica teoría de que necesitaban aprobar leyes anticorrupción para el presidente. Trump demandó para bloquear la citación y perdió tanto en el tribunal de primera instancia como en el Circuito de DC. Luego, en julio de 2020, el Tribunal Supremo anuló esas sentencias y devolvió el caso con una nueva prueba de cuatro partes para citaciones que solicitan información personal del presidente. Según la prueba de Mazars, la información solicitada debe ser 1) no disponible de otras fuentes; 2) estrechamente ajustada; 3) relacionado con un propósito legislativo legítimo; y 4) equilibrar la carga relativa sobre el poder ejecutivo y el posible propósito partidista de los legisladores.

Todo el mundo entendió esto como una derrota para Trump — por eso los jueces Thomas y Alito disintieron. Y si tu plan es desafiar las citaciones del Congreso, no es un gran precedente. Así que Scharf simplemente finge que Mazars significa algo completamente distinto.

La supervisión no ha terminado

En una carta del 9 de noviembre dirigida al representante Robert Garcia, presidente entrante del Comité de Supervisión de la Cámara, Scharf citó a Mazars para sostener que «las investigaciones del Congreso deben avanzar en una tarea legislativa legítima; El Congreso no puede emplearlos para ejercer poderes de persecución penal asignados al Ejecutivo y al Poder Judicial.»

Su teoría es que los demócratas «buscan abusar del proceso legislativo para intimidar e interferir con el funcionamiento legal del gobierno», y que sus «amenazas a los funcionarios del poder ejecutivo diseñadas para disuadirles del servicio público, o procesos diseñados únicamente para abusar o infundir miedo en el destinatario, pueden cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante.»

La idea de que miembros del Congreso puedan ser procesados por realizar supervisión es absurda. Tío, ¿tú siquiera tienes la Cláusula de Discurso o Debate?

Y la teoría de que Mazars permite al ejecutivo simplemente declarar una citación del Congreso carece de un propósito legislativo legítimo y ignorarla no es menos ridícula. Como dijo el Tribunal Supremo en 1957, «Al determinar la legitimidad de un acto congresual, no nos fijamos en los motivos que supuestamente lo motivaron.»

Los secuaces de Trump intentaron este truco también en 2019, cuando el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara exigió sus declaraciones de la renta. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, investigó el alma del presidente del Comité, Richie Neal, y adivinó que la «solicitud carece de un propósito legislativo legítimo» y, por tanto, no tenía que cumplir con el artículo 6103(f)(1) del 26 U.S.C. § 6103(f)(1), que establece que «el secretario deberá facilitar a dicho comité cualquier retorno» previa solicitud. El Circuito de DC no estuvo de acuerdo y el Tribunal Supremo declinó intervenir, sin discrepancias notadas.

En cuanto a su «propósito legislativo», los demócratas no lo han ocultado: pretenden destapar la enorme corrupción y el autotráfico que impregnan cada rincón de esta administración.

Congresista Robert Garcia@RepRobertGarcia

Nos centramos en la asequibilidad y la rendición de cuentas. Investigar la corrupción que está aumentando los costes para las familias trabajadoras es exactamente lo que Oversight va a hacer.

4:27 PM · 16 de noviembre de 2026 · 18 K Views


Van a ver a Jared

Una vez más, esto es una muy mala noticia para Jared Kushner, que está a punto de encontrarse en el extremo de un montón de citaciones.

El yerno del presidente es ahora un «enviado especial de paz», negociando con Irán, Rusia y Hamás, mientras que su firma de capital privado Affinity Partners gestiona miles de millones para Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar. Alrededor del 99 por ciento de los activos de Affinity provienen de inversores extranjeros, principalmente fondos soberanos del Golfo, y el New York Times informó en marzo que Kushner está intentando recaudar otros 5.000 millones de dólares de los mismos gobiernos con los que está negociando.

Esta vez, los hijos del presidente, Don Jr. y Eric, también se están sumando a la estafa. Las empresas en las que han invertido han conseguido 3.200 millones de dólares en contratos federales, inversiones y préstamos, la mayoría desde que su padre volvió al poder.

Como ciudadanos privados, los hermanos Trump no están cubiertos por el memorando Scharf. Pero todos los que hicieron negocios dentro del gobierno sí lo son, lo que significa que la Casa Blanca casi con toda seguridad les ordenará desafiar las citaciones judiciales que llegarán en apenas unas semanas.

Otras investigaciones del Congreso se centrarán en el salón de baile del búnker, que absorbió 333 millones de dólares en donaciones privadas, y en la biblioteca presidencial de Trump en Miami, que ahora dice que «muy probablemente» será un hotel. Hace un año, Trump prometió con el meñique que el jet de 400 millones de dólares que le dio Qatar iría «directamente a la biblioteca», y el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo lo mismo al Congreso bajo juramento. Ahora Eric dice que ese «no es el plan en este momento.» Si los demócratas quieren que Hegseth o la Fuerza Aérea expliquen qué pasó con el avión, necesitarán primero el permiso de la Casa Blanca.

Durante su primer mandato, Trump logró agotar el tiempo en las investigaciones sobre las finanzas de su familia. Eso se debió en parte a Cipollone, que logró retrasar al Congreso durante varios meses al menos fingiendo negociar. Esta vez, Scharf anuncia de antemano que tratará toda supervisión como inherentemente ilegítima. Y gracias a los precedentes que el propio Trump estableció al presentar esas demandas en 2019, las cuestiones legales están mucho más cerca de estar resueltas.

Nada de esto significa que las próximas batallas legales vayan a ser rápidas o fáciles — este Tribunal Supremo ha demostrado estar dispuesto a echar mucha arena a los engranajes para ayudar a Trump a infringir la ley.

Pero ahora Trump es un pato cojo históricamente impopular, que acaba de ser derrotado en ambas cámaras del Congreso. Obviamente, Todd Blanche no procesará a nadie por desafiar una citación del Congreso, pero quien esté al mando del Departamento de Justicia en 2029 podría tener una opinión diferente — y el plazo de prescripción para desacato al Congreso es de cinco años. Cualquiera que se niegue a presentarse tiene que confiar en que Trump estará suficientemente interesado —¡y consciente! — perdonarles antes de dejar el cargo.

Pronto sabremos si los testigos depositaron su fe en Riff Raff o se salvaron a sí mismos.

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