JUAN ESTEBAN LEWIN P.
A mediados de 2025, cuando Colombia quedó sacudida por el atentado contra el aspirante presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, parecía que la seguridad podría convertirse en el asunto central de la campaña. Las semanas que siguieron, con Uribe Turbay debatiéndose entre la vida y la muerte en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y con los aspirantes congelando sus correrías y exigiendo garantías mínimas de protección, parecían el prólogo de una campaña cargada de tensión.
No ocurrió. Pese a la muerte de Uribe Turbay, los preparativos siguieron como cada cuatro años. La campaña entró en una dinámica conocida: la figura del presidente Gustavo Petro moviendo la agenda de quienes votan a favor y en contra, el expresidente Álvaro Uribe impulsando a la senadora Paloma Valencia mientras ella busca votos en el centro, y el populismo de derecha encontrando en Abelardo de la Espriella un candidato con fuerza real. El 8 de marzo, casi 21 millones de ciudadanos llegaron a las urnas.
La seguridad parecía haber quedado en segundo plano. Los candidatos han hecho giras por plazas y calles de ciudades y pueblos. El déficit fiscal, la crisis creciente del sistema de salud, el miedo al retorno del uribismo entre la izquierda o a la continuación del proyecto de Petro entre la derecha: esos miedos marcaron mucho más el debate. Sin mayor discusión programática, sin debates con los principales candidatos, con relativamente pocas entrevistas, la campaña giró sobre sí misma.
Pero ahora, a menos de tres semanas de la primera vuelta acercándose, la seguridad ha vuelto con creciente protagonismo. Iván Cepeda, el senador que puntea en todas las encuestas y representa la continuidad del Gobierno de izquierda, ha denunciado planes para atentar contra su vida. Lo mismo han hecho Valencia y De la Espriella. La derecha ha denunciado que en algunas regiones grupos de las disidencias de las extintas FARC han presionado a votantes para apoyar al candidato de izquierda, quien a su vez ha rechazado categóricamente cualquier presión que atente contra la libertad de voto.
Y hechos recientes han terminado de traer el tema al corazón de la discusión: la muerte, esta semana, de cuatro soldados en un campo minado tendido por las disidencias al mando de alias Calarcá; la quema de un bus intermunicipal en la vía entre Cúcuta y Bucaramanga; el asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia; y, apenas tres semanas atrás, los atentados en el Cauca y el Valle del Cauca que dejaron por lo menos 20 personas muertas.
La vieja disyuntiva entre la mano dura que representan Valencia y De la Espriella, y la búsqueda de la paz dialogada que abandera Cepeda, puede retomar la fuerza que tuvo hace dos o tres décadas, cuando definió elecciones como la de Andrés Pastrana en 1998, la del propio Uribe en 2002 o la reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Son elecciones que hoy se recuerdan, precisamente, como referendos sobre cómo hacer la paz o cómo hacer la guerra.
Hay algo más que el resultado electoral en juego. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió esta semana que la situación humanitaria de Colombia es la más grave en por lo menos una década. Eso significa que, incluso si la seguridad no termina de determinar el resultado en las urnas el 31 de mayo, es un problema que irá creciendo en las preocupaciones ciudadanas. El próximo presidente, sea quien sea, lo heredará más grande de lo que lo encontró Petro en 2022.
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