Por Eduardo Aristizábal Peláez.
Esta semana el presidente norteamericano Donald Trump anunció ataques muy fuertes contra Irán. “Vamos a devolverlos a la edad de Piedra, que es donde pertenecen” amenazó el mandatario de Estados Unidos en un discurso a la nación.
Donald Trump ha sido señalado por imponer su criterio personal sobre normas nacionales e internacionales, privilegiando la fuerza y la unilateralidad frente al derecho. Sus decisiones en política exterior y migratoria son ejemplos claros de cómo subordinó acuerdos y convenios a su voluntad.
Trump se apartó de compromisos multilaterales, debilitando el orden basado en reglas y promoviendo la ley del más fuerte como principio rector de la política exterior estadounidense.
Trump no negocia, impone. Su retiro de acuerdos internacionales y el cierre de fronteras son pruebas de que la fuerza, y no la ley, guía su gobierno. Destacarcómo estas acciones contradicen principios básicos de convivencia internacional y derechos humanos; la imposición de la fuerza sobre la norma abre la puerta a la arbitrariedad y erosiona la democracia.
Los tratados pierden valor si las potencias los ignoran; otros líderes pueden imitar la estrategia de imponer fuerza sobre normas. Cuando la fuerza se coloca por encima de la ley, lo que se erosiona no es solo el orden jurídico, sino la confianza en la democracia misma.
En el mundo contemporáneo, asistimos a un peligroso modelo, la fuerza, que en sus múltiples formas, se impone sobre las normas y las leyes. Lo que alguna vez fue concebido como un pacto civilizatorio, la primacía del derecho, la confianza en las instituciones, el respeto por la palabra escrita en códigos y constituciones, parece desvanecerse frente al poder de la imposición.
La historia nos recuerda que las sociedades que renuncian a la vigencia de la norma terminan atrapadas en el círculo vicioso de la arbitrariedad. Cuando la fuerza manda, la justicia se convierte en un accesorio, la ética en un discurso vacío y la ciudadanía en un espectador impotente. El derecho deja de ser garantía y se transforma en adorno.
Hoy, más que nunca, urge reivindicar la vigencia de las leyes como límite al poder. No se trata de negar la existencia de la fuerza, inevitable en la dinámica social y política, sino de recordar que su legitimidad solo puede nacer del marco normativo que la regula. Allí donde la fuerza se emancipa de la ley, lo que surge no es orden, sino violencia institucionalizada.
La prensa, como conciencia crítica de la sociedad, tiene el deber de señalar esta deriva. Callar frente a la supremacía de la fuerza sería traicionar la misión de informar y advertir. La palabra periodística debe ser resistencia, un recordatorio de que, sin normas, sin leyes, sin justicia, lo que queda es la selva.
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