Bogotá –
La Fiscalía ha enviado a la Corte Suprema de Justicia la información de un testigo que señala a Martha Peralta Epieyú, senadora wayúu del oficialista Pacto Histórico, de haber participado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD). Olmedo López, antiguo director de la entidad encargada de atender de manera inmediata los desastres, ha señalado a la congresista de haberle pedido que direccionara un contrato de más de 2.210 millones de pesos (527.000 dólares) a dos amigos suyos. Se trataba de una obra para hacer el mantenimiento a unos pozos de agua profundos, un elemento vital en el departamento desértico de donde es oriunda Peralta.
La Fiscalía es quien tiene el expediente completo por el escándalo de corrupción más grande del Gobierno de Gustavo Petro, pero no puede investigar a Peralta por su fuero de congresista. Por ello ha compulsado a la Corte copias de la versión de López, quien ha asumido la responsabilidad de varios hechos corruptos y ahora es testigo estrella. El político de izquierdas ha dicho ante la justicia que la congresista se reunió con él en tres ocasiones para pedirle contratos “porque eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”. La Fiscalía ha enviado también a la Corte la bitácora de ingresos a la UNGRD, en la que quedó registrado que el 19 de septiembre de 2023 Peralta ingresó junto a Isaac Francisco Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi. El primero de ellos era representante legal de I.R.L. SAS, la compañía a la que la Unidad entregó un contrato para el alquiler de maquinaria de construcción un mes después de ese encuentro.
La senadora ha respondido que es víctima de “ataques y persecuciones atroces” por defender las reformas sociales del Gobierno, que han tenido tropiezos en el Congreso. Sin hacer mención a la reunión que sostuvo con López y los contratistas, argumenta en un video publicado en redes sociales que “buscan distraer a la opinión pública de los verdaderos responsables”. López dijo a las autoridades que ella le entregó un papel con un listado de municipios de La Guajira y nombres de personas relacionados con cada uno, y que se trataba de un pedido para que las contrataran.
Peralta es una abogada que llegó a la política con la promesa de luchar por los derechos de los pueblos étnicos y de poner en la agenda política a su departamento. Fue presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) por siete años, en 2022 ocupó el privilegiado sexto renglón de la lista al Senado de la coalición petrista llamada Pacto Histórico —una ubicación que le garantizaba su elección—, y lideró parte de la campaña presidencial en La Guajira. Su trabajo legislativo ha sido visible: entre 2023 y 2024 presidió la comisión séptima del Senado, donde se debatió y aprobó la reforma pensional del Gobierno. De hecho, fue coordinadora de los ponentes de esa ley, la mayor reforma social de esta administración. Incluso, Peralta ha anunciado que será candidata presidencial para el 2026 por el MAIS.
Su rostro también se hizo visible recién elegido Petro, a fines de 2022. El presidente lanzó una iniciativa para gobernar fuera de los pasillos de la Casa de Nariño que comenzó en el desértico departamento. Allí, junto al gabinete, anunciaron obras y proyectos como la ejecución de un programa de ollas comunitarias en Albania. En mayo pasado, Caracol Radio reveló que ese contrato, por más de 20.000 millones de pesos, se incumplió. La investigación periodística señala que parte del dinero se desvió a la campaña de la hoy alcaldesa Nera Robles, avalada por el partido que dirigía Peralta. El presidente la defendió entonces: “Las mentiras de una emisora contra la senadora Martha Peralta tienen un objetivo: Detener la reforma a la salud y las pensiones”, escribió en X.
El escándalo de la UNGRD ha afectado al Gobierno y a otras bancadas, pero había mantenido indemne a la del Pacto Histórico. A fines de 2023, varios medios revelaron irregularidades en la ejecución de un contrato con el que esa entidad pretendía llevar agua a La Guajira a través de unos carrotanques que costaron 6.800 millones de pesos (unos 12 millones de dólares), pero los vehículos nunca funcionaron. La presión y las pruebas crecieron, y en febrero de 2024 López, director de la entidad, renunció a su cargo. También estaba señalado su segundo al mando, Sneyder Pinilla. Ambos están en prisión desde agosto pasado, cuando aceptaron colaborar con la justicia a cambio de pagar menos años en la cárcel.
Con el paso de los meses, han entregado más nombres de políticos que, según ellos, también se beneficiaron de la corrupción en la entidad. Han afirmado que el entregado estaba encabezado por cuatro integrantes del Ejecutivo de la época: Luis Fernando Velasco, quien fue ministro del Interior; Ricardo Bonilla, quien lo era de Hacienda; Sandra Ortiz, entonces consejera de las Regiones; y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de Presidencia. Los han acusado de ser quienes dieron la orden de repartir recursos públicos a cambio de lograr apoyos legislativos para el Gobierno.
Los dos exfuncionarios corruptos han señalado a varios beneficiados. Los primeros en ser nombrados fueron quienes presidían entonces el Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Los acusaron de recibir 4.000 millones de pesos (955.000 dólares). Después explicaron que seis congresistas de las comisiones económicas también recibieron coimas. Todos los señalados han negado las sindicaciones, que la justicia investiga y que desde ahora también involucran a la bancada oficialista.
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