La cuestión de las inversiones forzosas se ha convertido en uno de los terrenos más pantanosos en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha decidido apostar por una iniciativa de corte dirigista cuyo objetivo, aún carente de contenido concreto, busca agilizar la concesión de créditos desde la banca privada hacia sectores económicos determinados por el Gobierno. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha enlistado la agroindustria, el turismo sostenible o la vivienda, entre otros, como posibles beneficiarios del plan para estimular el crecimiento. No obstante, son pocos los analistas capaces de ponderar los efectos hipotéticos de profundizar un esquema que ya funciona en Colombia desde hace cinco décadas, de forma marginal y parcialmente exitosa, en el sector agrario. La gran mayoría descree de la gestión estatal y anticipa una distorsión en los servicios y tasas de un sistema financiero que se vería abocado a orientar un porcentaje de sus reservas para ofrecer créditos más baratos.
El presidente y varios miembros del Gobierno se reunieron con los presidentes de 30 bancos y representantes del gremio el 20 de agosto para barajar alternativas a un proyecto que, en teoría, irá incluido en el proyecto de ley de financiamiento que cocina el Ejecutivo para redondear el presupuesto que requiere en 2025. Como se desconocen, por lo pronto, los montos exactos, su destino concreto, los mecanismos de asignación de los gastos y las garantías para los bancos y los ahorradores, buena parte del debate se ha desarrollado como un duelo contra una idea fantasma. En todo caso, ha despertado las peores aprehensiones de una industria financiera desacostumbrada, desde la liberalización de los años noventa, a propuestas tan sensibles provenientes de la esfera pública.
Se trata de un campo abonado para que opositores como el expresidente conservador Iván Duque atizaran la discusión con anuncios de “expropiación”, a pesar de que él también utilizó las inversiones dirigidas para atender la emergencia sanitaria y paliar las urgencias de 12 millones de deudores. Otros han empuñado el concepto de “nacionalización”. Una serie de afirmaciones que solo han servido para agudizar el sentimiento de indefensión en millones de ahorradores.
Los discursos políticos por estos días han sido incapaces de aportar sustancia al núcleo del debate y explicar que el esquema no afecta las reservas mínimas que las entidades deben guardar para los retiros diarios de los colombianos. O que en el peor escenario podría intervenir el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (FOGAFÍN), una entidad estatal que funciona como último parachoques en caso de que las inversiones resulten defectuosas y deriven en la quiebra de una o varias empresas.
Los ahorros individuales o depósitos de los colombianos están asegurados por Fogafín hasta un tope de 50 millones de pesos por cada cuenta. Pero dibujar escenarios hipotéticos solo ha funcionado como pólvora política.
El sistema financiero, además, establece topes estrictos al porcentaje de dinero público que la banca privada puede inyectar por canales como el que aparentemente propone el Ejecutivo. Su modificación tendría que superar el debate parlamentario.
Desde 1973, cuando se habilitara por primera vez la figura en Colombia, con resultados discretos, los clientes no han dejado de contar un solo día con sus depósitos disponibles en las sucursales bancarias y cajeros. “El tema de la expropiación no es válido porque existe una garantía del Gobierno con el ahorro de los depositantes y bonistas y porque su mandato los obliga a responder a sus aportantes so pena de entrar directamente en un proceso de quiebra. Tienen que cumplir sí o sí”, zanja Andrés Duarte, director financiero del centro de pensamiento Corficolombiana.
El doctor en Economía de la Universidad Nacional Álvaro Zerda enfatiza que los bancos seguirán funcionando con normalidad: “Sin un texto a la mano se pueden hacer todo tipo de conjeturas. Pero lo que la propuesta de ley debe resolver cuanto antes es la forma como el Estado asumirá el diferencial que se generaría con las tasas de interés preferenciales destinadas a los sectores seleccionados”. Mientras tanto, agrega, las entidades seguirán cumpliendo con una regulación que garantiza el cuidado de sus reservas y la liquidez de sus clientes: “Y en caso de que se desencajen, se endeudan con el Banco de la República, hoy igual que hace tres décadas”.
La legislación fijó en 1993 que los operadores privados debían descargar entre el 1% y el 3% de sus inversiones hacia los denominados Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), productos crediticios con tasas ventajosas que gestiona una entidad pública como el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO).
Los resultados, a grandes rasgos, han sido dispares: “El mayor número de operaciones financiadas bajo este esquema”, precisa Daniel Osorio, viceministro de Hacienda hasta hace unas semanas, “se ha transferido a pequeños productores. Eso es algo bueno y es una fuente fundamental. Pero en término de montos, el grueso lo han absorbido los grandes. Aún falta una evaluación profunda para ver si se ha cumplido con el objetivo”.
Choque de visiones
Los gremios bancarios no están dispuestos a ceder. Y han detectado más de una curva riesgosa en la posibilidad de expandir el modelo a más sectores y con porcentajes mayores. Asobancaria, el más influyente del medio, ha señalado que para beneficiar a los renglones escogidos por el Gobierno, los operadores financieros tendrían que elevar las tasas de interéspara el resto de sus clientes. Daniel Osorio coincide: “Si obligamos a los bancos a prestarle barato a unos sectores focalizados, tendrán que imponer tasas más altas a los demás ahorradores o deudores. Yo no creo que ese sea el camino más deseable”.
Gustavo Petro ha señalado que a la banca privada no solo le cabe la responsabilidad de cuidar los ahorros de empresas y familias, sino además cumplir con una misión en la reactivación económica: “El pago del Estado al banco es mucho más sano y menos riesgoso”, dijo el presidente a finales de junio durante la clausura de la convención anual de banqueros en Cartagena de Indias.
Buena parte del nudo en esta historia pasa por la diferencia abismal entre dos enfoques de política bancaria. Y a los privados, centrados en el manejo de sus rentables tareas de intermediación, queda claro que no les gusta que nadie decida por ellos cómo manejar la cartera de inversiones ni los recursos de los clientes.
Menos aún si se trata de un novel Gobierno de izquierdas que, por loables que sean sus intenciones, atraviesa más de una tormenta para normalizar una economía aún maltrecha: “Para los bancos representa una pérdida de entrada porque altera su estructura. Se está fondeando a una tasa y luego la está invirtiendo a una menor”, reconoce Andrés Duarte, de Corficolombiana. Recuerda, además, que la rentabilidad de los establecimientos de crédito hoy no es holgada. “Hay varias entidades que tienen pérdidas acumuladas en el año”, afirma.
Por el camino han surgido alternativas. La directora del Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia, anunció que durante la primera reunión con la banca se sondeó la opción de un pacto para que las entidades financieras inyecten 50 billones de pesos, en un lapso por clarificar, en sectores prioritarios a través de otros mecanismos, sin tener que verse abocados a un método cuyo solo nombre produce espanto. Daniel Osorio pone sobre la mesa canalizar el proyecto a través de la banca pública de desarrollo: “El Banco Agrario cerró 2023 como el más rentable del país. Tiene una capilaridad gigantesca. Está en muchos municipios. Tiene información de los negocios agropecuarios. Tiene capital inutilizado. Tiene rentabilidad”.
El problema es que la situación fiscal del Ejecutivo despierta más interrogantes que certezas. La próxima semana se celebrará una segunda reunión entre las partes involucradas. La misión no se anticipa sencilla: catalizar caminos viables entre dos sectores con más desencuentros que coincidencias. Negociar recursos billonarios en un país con un sistema productivo estancado, donde la inversión privada no funciona y ha dejado de fluir a través del aparato sanguíneo de la economía. “Incluso si el Gobierno retira el proyecto”, remata Osorio, “es una buena oportunidad para entender una preocupación válida y es que los créditos hacia sectores clave como las energías renovables, las pymes, la agroindustria o el turismo sostenible no están fluyendo”.
