Bogotá –
La expansión del rebautizado Ejército Gaitanista de Colombia, como ahora se hace llamar el Clan del Golfo, es uno de los mayores desafíos para aterrizar la paz total, la política bandera del presidente Gustavo Petro. Para allanar cualquier escenario de diálogos con la organización armada más grande del país es necesario construir y consensuar un marco jurídico, advierte la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un nuevo informe sobre las lecciones que dejó el último intento de negociación con la que es también mayor banda del narcotráfico.
Los acercamientos con el Clan no han prosperado. Petro le lanzó un ultimátum el mes pasado e incluso amenazó por primera vez con bombardearlos. El presidente endureció el tono luego de que el grupo, involucrado en todo tipo de rentas ilegales, asesinó a cuatro militares en una emboscada en Segovia, en el nordeste de Antioquia. “Su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que nosotros estamos golpeando”, dijo. “Si no son capaces de desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado”, les advirtió. El Gobierno también anunció que contempla retomar los bombardeos militares contra campamentos de grupos armados, y específicamente contra esa organización.
El Clan, que se solía denominar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o AGC, respondió retratándose como un “Ejército” –como se define desde finales de 2023– a través de un video en el que un portavoz leía un comunicado en un paraje montañoso y selvático acompañado de una veintena de hombres fuertemente armados y enfundados en flamantes uniformes de camuflado. A pesar de ventilar reparos a los diálogos del Gobierno con la guerrilla del ELN y con las disidencias del Estado Mayor Central, el Clan del Golfo asegura en ese comunicado que mantiene su “voluntad de paz”. También menciona un “cese al fuego unilateral” del que no hay mayores señales.
“La paz total nos ha sumergido en la discusión sobre la diferencia entre dialogar con grupos políticos y no políticos. Sin embargo, estamos ante una dicotomía que el país ha estado enfrentando desde hace más de dos décadas: mientras que los diálogos con el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia ya cuentan con ciertos logros, el escenario con grupos criminales está paralizado”, señala María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP. Las mesas con el ELN y el EMC han desembocado en ceses al fuego bilaterales acordados de momento hasta mediados de año –aunque el Gobierno acaba de suspender parcialmente el segundo–, mientras que con la Segunda Marquetalia se anunció una tercera mesa en el marco de la paz total.
El Clan del Golfo, surgido tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), parece por momentos omnipresente. Es responsable de cerca de la mitad de la droga que ha salido de Colombia en los últimos años, de acuerdo con las autoridades. Sus tentáculos se extienden a la extorsión, la minería ilegal y la captura de recursos públicos a través de las administraciones municipales. También está involucrado en el tráfico de migrantes por la selva del Darién que separa a Colombia y Panamá. Ha pasado de contar con menos de 4.000 hombres en 2018 a más de 6.000 en la actualidad, con intentos persistentes por retratarse como una “organización político militar”. La banda también mantiene guerras abiertas con el ELN y el EMC en varias regiones.
El informe La última negociación del Clan es el primero de una serie sobre las lecciones de la búsqueda de salidas negociadas con grupos criminales que no son considerados rebeldes. El proceso con el Clan del Golfo que más logró avanzar, y del que se conocen pocos detalles, es el que tuvo lugar entre finales de 2015 y agosto de 2018, en el final del segundo periodo de Juan Manuel Santos, quien firmó la paz con las FARC y alcanzó a poner en marcha una fase pública con el ELN. Para 2016 también había tomado la decisión de establecer unas conversaciones secretas con voceros del Clan del Golfo con el fin de concretar su sometimiento a la justicia, el proceso que han estudiado los investigadores de la FIP.
“Hay que encontrar un adecuado balance entre la posibilidad de generar un nuevo marco jurídico para el sometimiento, que cuente con incentivos claros y efectivos para este grupo y, por otro lado, que respete la autonomía y lineamientos de la Fiscalía y del Gobierno Nacional frente a las posibilidades del sometimiento”, señala el centro de pensamiento sobre las lecciones derivadas de esta experiencia de negociación frustrada.
Entre sus recomendaciones también recuerda que las puertas del sometimiento se abren por una combinación de factores, no es solo voluntad. El despliegue de las operaciones militares Agamenón I y II, así como de otras acciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía, explica en gran medida la insistencia del Clan por contactar al Gobierno y a la Fiscalía en diferentes momentos, apunta el análisis. “Las capacidades de recoger buena inteligencia por parte del Estado son definitivas”, añade. Es importante que el Gobierno defina el lugar y la importancia del sometimiento dentro de su estrategia de paz, subraya la FIP, y para eso “hay que designar un equipo negociador y definir cuál es el punto de llegada”.
