Los «acuerdos anticompetitivos que promueven que los clubes destinen menos recursos al desarrollo del fútbol femenino, la plantilla de las jugadoras, los contratos y los salarios también son mínimos” que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia a investigar a la dirigencia de ese deporte, fue destacada a nivel mundial por los medios de comunicación.
“la DIMAYOR y los clubes profesionales han encontrado fundamento para acordar las condiciones contractuales y los salarios de las futbolistas”, indicó la SIC en el documento a través del cual abrió la investigación sumarse así a los escándalos que rodean el manejo discriminatorio y descalificado del deporte en detrimento de las mujeres deportistas.
De manera coordinada y atendiendo lineamientos que podrían catalogarse como los de un cartel, según la entidad oficial que actúa en este caso como policía administrativa, la situación es similar “en todos los clubes con representación en la Liga Profesional Femenina de Fútbol desde el 2017 hasta la fecha”.
Medios de comunicación de Alemania, España y Francia destacaron la actitud asumida por las autoridades colombianas que, adicionalmente, respaldaron la asociación de futbolistas profesionales de la rama masculina cuyo reconocimiento legal con las características de sindicato, obligará a los clubes a atender las peticiones laborales y prestaciones sociasles de los jugadores.
La DIMAYOR y los clubes de fútbol se negaron siempre a negociar con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO)el mejoramiento de las condiciones laborales para los jugadores nacionales que reclamaban nivelación con el tratamiento ventajoso que se le ha dado siempre a sus colegas extranjeros así como garantías sociales para su futuro retiro de las competencias, teniendo en cuenta su corta vida laboral como deportistas.
Para los observadores, las recientes decisiones de las autoridades están relacionadas con denuncias públicas de ACOLFUTPRO en el sentido de que “la situación del fútbol profesional femenino en Colombia requería intervención, sobre todo en relación con los contratos, la duración de las Ligas Femeninas y la financiación de los torneos».
La SIC, recopiló una serie de pruebas que la llevaron a considerar que el caso “podría configurar una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia económica” y que, “los comportamientos desplegados por la FCF, la DIMAYOR y los clubes que participaron en la Liga Profesional Femenina de Fútbol del 2017 al 2023 habrían constituido un sistema, materializado a través de varios comportamientos orientados a impedir el desarrollo del fútbol profesional femenino, que resultó idóneo para limitar la libre competencia económica».
Uno de los apartes del documento a través del cual la Superintendencia decidió actuar en este caso señala que tanto de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y los clubes concertaron en sus asamblea «actuar en línea con las instrucciones coordinadas para la estandarización de los contratos, la fijación del tope máximo de los salarios de las jugadoras, la renuencia a usar y/o recibir fondos del Gobierno para fomentar el fútbol femenino, y la negociación sobre la cantidad de partidos que serían transmitidos por parte de WIN SPORTS para la Liga Femenina”.
