Por William Giraldo Ceballos
Para aliviar las cargas tributarias que afectan la generación de nuevos empleos y el salario mínimo, hay que empezar por eliminar las obligaciones para-fiscales que recaen sobre las empresas y que el gobierno gasta en burocracia política.
Así parezca políticamente impopular, el gobierno y las agremiaciones de empresarios y trabajadores deben impulsar el desmonte de los aportes a instituciones revestidas de una supuesta responsabilidad social del Estado y cuyos nutridos recursos nutren principalmente una costosa y lujosa burocracia en Colpensiones, el Instituto de Bienestar Social y las Cajas de Compensación Familiar.
Es solo una parte de los cambios a la colcha de retazos que son los impuestos, tasas, sobretasas, «aportes» y «contribuciones voluntarias» que soporta el país.
Una cosa es el Estado y otra el Gobierno. Pero si los gobiernos se comprometen a cumplir la Constitución, deberían cumplir con lo dispuesto en el artículo segundo de la Carta, no trasladar esa responsabilidad al sector privado y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
Vía retención en la fuente, todos los trabajadores profesionales y no calificados, anticipan el pago de sus impuestos al gobierno a medida que perciben honorarios o salarios. Por eso no se entiende que las empresas y tengan que pagar un gravamen llamado «aportes» para la seguridad social (pensiones) de sus empleados y directivos. El gobierno, en cambio, usa lo que le pagan ambos -empresas y empleados- para gastarlo en burocracia en una entidad como Colpensiones, que no rinde cuentas sobre lo que hace con las reservas pensiónales, como sí lo hacen los fondos de pensiones ante sus afiliados.
En los últimos años, para impulsar una reforma en la «seguridad» social el gobierno vende en los medios la idea de unos supuestos subsidios a las pensiones más altas. Haga el ejercicio: Una empresa y un ejecutivo que mensualmente giran aportes a Colpensiones sobre salarios altos, al final de su vida económicamente activa y sobre un salario de $20 millones de pesos, por ejemplo, recibe -si logra la hazaña de pensionarse- una mesada de $12 ó $13 millones porque una gruesa suma de sus «ahorros» y semanas aportadas en dinero se destinan al régimen general, es decir a pagar pensiones de salarios mínimos o bajos. ¿Cuál es el subsidio que recibe el pensionado de altos ingresos?
Las empresas también tienen que pagar sobre el promedio de sus nóminas un gravamen o «aporte» para el Instituto de Bienestar Social que debido a su fronda burocrática destina pocos recursos para mejorar las condiciones socio-económicas de las familias más pobres.
En los últimos años el ICBF se ha convertido en un apéndice jurídico y muy poco social.
Las Cajas de Compensación caminan solas y compiten con el sector privado en educación, recreación y turismo.
En hotelería y turismo superan en algunos casos a las empresas del sector privado y algunas, como Cafam abandonaron sus líneas de supermercados ante la baja rentabilidad que ofrecían y arrendaron los locales a los comerciantes o grandes rendimientos financieros.
Gozan también de un régimen jurídico desconocido para la mayoría. Los directores, equivalente a gerentes o presidentes, son eternos. No se sabe cómo, son designados no por periodos sino hasta el final de sus vidas.
¿Cuánto suman esos aportes que encarecen las nóminas de las empresas y cuántos empleos se podrían generar sin esas cargas?
