Por David C. Adams y Frances Robles
David C. Adams y Frances Robles reportaron desde Florida.
Un nuevo contingente de unos 150 oficiales extranjeros llegó a Haití el fin de semana para apuntalar una fuerza de seguridad internacional encargada de enfrentarse a las poderosas y bien armadas bandas que han infligido demasiada miseria al país durante meses.
Pero si el pasado sirve de guía, es poco probable que esta infusión más reciente marque una gran diferencia.
Las masacres consecutivas en las que murieron más de 350 personas, seguidas de un ataque en Nochebuena al mayor hospital público de Haití, han puesto de relieve la creciente falta de control del gobierno haitiano sobre la crisis cada vez más profunda de la nación.
Una conferencia de prensa para anunciar la reapertura de un hospital público que llevaba nueve meses cerrado a causa de la violencia de las bandas sufrió otro ataque, en el que murieron dos periodistas y un oficial de policía.
Más de una veintena de periodistas víctimas de la emboscada estuvieron atrapados durante dos horas atendiendo a siete colegas heridos antes de ser rescatados. Tuvieron que rasgar su propia ropa para hacer torniquetes y utilizar tampones para detener hemorragias porque, según los testigos, los pocos médicos que estaban en el hospital huyeron para salvar la vida. Los periodistas escaparon trepando por una pared trasera.
“Había sangre por todo el suelo y en nuestra ropa”, dijo Jephte Bazil, reportero del medio de noticias en línea Machann Zen Haïti, y añadió que el hospital no tenía nada “disponible para tratar a las víctimas”.
El tiroteo en el hospital se produjo tras dos masacres en distintas partes del país en las que murieron más de 350 personas y que han puesto duramente de manifiesto las fallas y deficiencias de las autoridades locales y de una fuerza de seguridad internacional desplegada para proteger a civiles inocentes.
Una de las masacres se produjo el mes pasado en un barrio pobre e inmenso de Puerto Príncipe, controlado por bandas, donde la falta de presencia policial ocasionó que durante tres días se descuartizara y arrojara al mar a personas mayores sin que las autoridades se enteraran. Al menos 207 personas fueron asesinadas entre el 6 y el 11 de diciembre, según la ONU.
Casi al mismo tiempo, se produjo otra matanza de tres días a 112 kilómetros al norte, en Petite Rivière. Los líderes de la comunidad afirman que 150 personas murieron durante un enfrentamiento entre miembros de bandas y grupos de vigilancia.
La violencia forma parte de una cadena incesante de matanzas que ha plagado a Haití en los últimos dos meses, y que ha dejado al descubierto la fragilidad de su gobierno provisional, suscitando inquietudes sobre la viabilidad de una misión de seguridad con la mediación de Estados Unidos y dejando al borde del colapso una transición prevista hacia la celebración de elecciones y un liderazgo más estable.
A puertas de que el presidente electo Donald Trump asuma las riendas de un despliegue internacional que ha sido criticado por ineficaz y por tener fondos insuficientes, el futuro de Haití nunca ha parecido tan sombrío.
El ministro de Justicia, Patrick Pelissier, dijo que creía que los 150 soldados, en su mayoría procedentes de Guatemala, deberían ayudar a revertir la ola violenta. Destacó que se habían retomado algunas zonas controladas por las bandas y que el gobierno estaba atendiendo a los desplazados.
“El Estado no ha colapsado”, dijo Pelissier. “El Estado está ahí. El Estado está trabajando”.
Pero muchos expertos creen que Haití es un Estado fallido, con varias facciones del gobierno provisional enzarzadas en disputas políticas sin estrategia aparente para abordar el agravamiento de la violencia y proporcionar una vía hacia las elecciones, que se suponía debían celebrarse este año.
“Las disputas políticas se traducen en violencia”, dijo Diego Da Rin, analista para Haití del International Crisis Group. “Las bandas saben muy bien cuándo es el momento adecuado para pasar del modo defensivo al modo ofensivo. Muestran su fuerza cuando lo necesitan”.
Los ataques de las bandas también han llamado la atención hacia la debilidad de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, respaldada por Estados Unidos, un destacamento de varios centenares de agentes de policía, en su mayoría kenianos, que empezó a llegar a Haití en junio.
Se suponía que la misión iba a contar con hasta 2500 agentes, pero con la escasa financiación internacional, la fuerza es mucho menor y carece de personal para hacer frente a las numerosas zonas atrincheradas por bandas.
Varios expertos dijeron que los asesinatos de Nochebuena daban la sensación de que el gobierno era inepto. El acto en el que se anunció la reapertura del hospital se celebró en un bastión de las bandas, prácticamente sin seguridad. Incluso cuando la gente fue atacada, la policía tardó al menos una hora en responder, aunque su cuartel general está cerca.
El ministro de Salud del país, Duckenson Lorthe Blema, quien estaba enfermo y llegó tarde, cree que él era el objetivo previsto.
“No estoy loco: quería hacerlo bien y salió mal”, dijo en una entrevista Blema, quien fue despedido tras el atentado. “Se convirtió en un fiasco. El chivo expiatorio soy yo”.
Blema, que es médico, insistió en que había pedido despliegues policiales en el acto y que no sabía por qué había tan poca protección. Defendió la escasez de suministros del hospital, afirmando que había tenido la intención de abrir las instalaciones “gradualmente” con servicio ambulatorio, lo que no habría servido para tratar heridas de bala.
El ministro de Justicia reconoció que no hubo coordinación entre el ministerio de Salud y la policía, ni se hizo previamente una evaluación adecuada de la seguridad.
“Los barrios están controlados por bandas, y la policía está trabajando para recuperarlos”, dijo, señalando que, aunque la crisis es grave en la capital y en el valle rural de Artibonite, gran parte del país funcionaba con normalidad.
La caída de Haití en el caos se desencadenó en gran medida tras el asesinato, en julio de 2021, de su último presidente electo, Jovenel Moïse. Las bandas que obtenían ingresos de los puestos de control ilegales, la extorsión y los secuestros aprovecharon el vacío político para ampliar sus territorios.
Sin líderes nacionales elegidos, el país está gobernado por un consejo transitorio conformado por partidos políticos rivales, con una presidencia provisional que rota entre sus miembros.
La más reciente oleada de violencia comenzó el 11 de noviembre, cuando el consejo sustituyó al primer ministro, y las bandas aprovecharon la agitación política para disparar contra aviones comerciales estadounidenses e intensificar su brutalidad. El principal aeropuerto de Haití permanece cerrado desde entonces.
Más de 5300 personas murieron en Haití el año pasado y el número total de personas obligadas a huir de sus hogares ya supera las 700.000, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Los puestos de control de las bandas y las emboscadas han interrumpido el suministro de alimentos, y el grupo sin fines de lucro Mercy Corp calcula que casi 5 millones de personas —la mitad de la población del país— se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria.
El nuevo primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, en su única conferencia de prensa desde que asumió el cargo hace casi dos meses, anunció aumentos salariales para los agentes de policía y dijo que se comprometía a restablecer el Estado de derecho.
El primer ministro y miembros del consejo presidencial declinaron hacer comentarios para este artículo.
En un discurso pronunciado el día de Año Nuevo, el presidente del Consejo, Leslie Voltaire, insistió en que este año seguirían celebrándose elecciones, pero comparó la situación actual con la guerra. Un portavoz de la policía dijo que no tenía ningún comentario que hacer.
El comandante de la misión dirigida por Kenia, Godfrey Otunge, quien tampoco respondió a las solicitudes de comentarios, se ha quejado de que los éxitos de la misión no se han promocionado lo suficiente.
En un mensaje reciente publicado en Internet, dijo “el futuro de Haití es brillante”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha comprometido 600 millones de dólares para la misión de Kenia, defendió su desempeño, señalando que una reciente operación con la policía concluyó con la muerte de un miembro destacado de una banda.
Recientemente se han reabierto dos comisarías de policía y la misión keniana tiene en la actualidad una presencia permanente cerca del puerto principal, controlado desde hace tiempo por bandas, afirmó el Departamento de Estado.
El gobierno estadounidense envió varios cargamentos de material en diciembre, dijo la agencia.
Pero en ausencia de una ayuda exterior significativamente mayor, los expertos afirman que es poco probable que se invierta la trayectoria de empeoramiento de Haití.
“El gobierno haitiano no tiene realmente claro lo que está haciendo”, dijo Sophie Rutenbar, profesora visitante de la Universidad de Nueva York, quien ayudó a dirigir las operaciones de Naciones Unidas en Haití hasta 2023. “Desafortunadamente, ahora mismo se enfrentan a opciones que no son buenas y a opciones peores”.
Algunos de los periodistas heridos culparon a las bandas —y al gobierno— de una debacle que costó vidas muy apreciadas.
“Si el Estado hubiera asumido sus responsabilidades, nada de esto habría ocurrido”, dijo Velondie Miracle, quien recibió siete disparos en la pierna, la sien y la boca. “El Estado es una fuerza legal y no debe dar acceso a los bandidos a lugares donde el Estado no puede responder”.
André Paultre colaboró con reportería desde Puerto Príncipe, Haití.
Dejar una contestacion