“Golpe de Estado en Medellín”, escribió en su cuenta de Twitter el entonces candidato presidencial puntero en las encuestas, Gustavo Petro. Así reaccionó a la decisión de la Procuraduría General de la Nación ―una entidad colombiana sui generis que a la vez debe velar por el respeto a los derechos humanos y vigilar el comportamiento de los funcionarios estatales― de suspender al alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, por presuntamente haber intervenido en política en favor de Petro, algo que tenía prohibido debido a su cargo. La procuradora general, Margarita Cabello, se mantuvo en sus quince y el episodio quedó como un hecho menor de una campaña larga, tensa y marcada por la victoria del candidato de izquierda.
Pero esa disputa entre Petro y Cabello, con una cara jurídica y otra política, no desapareció. Ha tenido varios episodios en los 12 meses en los que el entonces candidato ha ocupado la silla presidencial, y este jueves llegó a un nuevo nivel: el Ejecutivo se negó a ejecutar la decisión de la Procuraduría de suspender a un alcalde, el de Riohacha.
La faceta legal de la discusión es técnica, pero en suma refleja dos teorías contrapuestas sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho local, que, con matices y sutilezas, compiten entre sí en todo el mundo. Una, la que defiende Petro, insiste en que hay instrumentos y decisiones de derecho internacional que están por encima de cualquier decisión de los Estados, pues concretan unos valores universales, o que deben serlo. Entre ellos, claro, los derechos humanos: “Yo no voy a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque estas son obligatorias para Colombia”, trinó este jueves. Esa Corte tumbó la suspensión que le impuso en 2013, cuando era alcalde de Bogotá, el procurador de extrema derecha Alejandro Ordóñez.
La otra tesis, que en la teoría se suele llamar dualismo y es la que aplica Cabello, defiende que no hay tal cosa, y que los Estados pueden decidir qué normas internacionales aplican, o por lo menos cómo las adaptan a su realidad. Por eso, la procuradora no niega que haya decisiones de la CIDH, sino que argumenta que ella debe acatar antes la Constitución y las leyes colombianas, y que estas le permiten suspender alcaldes.
Pero más allá de esa discusión que pasa por las decisiones con las que la Corte Constitucional ha definido cómo se da esa relación en Colombia a través del llamado bloque de constitucionalidad y otros elementos, que definen cuándo se aplica directamente el derecho internacional y cuándo no, la faceta política prima y muestra el tamaño del choque entre los dos poderes.
Así quedó claro este jueves, cuando la procuradora reaccionó en un tono tan fuerte como el que usó Petro en campaña: si el hoy presidente la acusó entonces de dar un golpe de Estado local, ella lo señaló de atentar contra el Estado de Derecho: “Cuál es el ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico colombiano y a la democracia que está dando un presidente de la República en nuestro país”, dijo en un evento público. “Ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República, que, desconociendo el estado social de derecho, quiere incumplir una orden constitucional”. La procuradora, como Petro un año antes, señala al otro de ser antidemocrático, y se erige como defensora de la democracia.
El 25 de Noviembre la CIDH se expresó sobre el seguimiento de la sentencia que profirió en mi favor y dictaminó que la ley de la Procuradora no cumple la sentencia. La procuradora miente y convirtió la procuraduría en fortín político y evadió el cumplimiento de la sentencia
Ese es el punto más alto de un choque que precede los cargos que hoy ocupan Cabello y Petro. La procuradora, una jurista de larga carrera en Barranquilla, fue parte del gabinete Iván Duque como ministra de Justicia y renunció para ser elegida procuradora por el Senado en 2020. Con el tinte de ser la candidata de Duque y del uribismo, y señalándola de ser ficha del exprocurador Ordóñez ―con quien trabajó en esa entidad―, el entonces senador de izquierda enfiló sus baterías contra ella.
El choque recrudeció al año siguiente. Cabello impulsó una reforma a la Procuraduría que, entre otras, buscaba adaptar a Colombia la sentencia de la CIDH del caso Petro, que exige que la destitución de los funcionarios elegidos por voto popular se haga a través de una decisión judicial. Ya como candidato presidencial, la acusó de mentir, de ser clientelista y de desacatar una decisión judicial. “El 25 de noviembre la CIDH se expresó sobre el seguimiento de la sentencia que profirió en mi favor y dictaminó que la ley de la Procuradora no cumple la sentencia. La procuradora miente y convirtió la Procuraduría en fortín político y evadió el cumplimiento de la sentencia”, dijo entonces en su cuenta de Twitter.
Pero la disputa se ha hecho más ácida, y el presidente anuncia por primera vez su decisión de no implementar una suspensión en un momento particular, el inicio de las campañas electorales: este domingo se cierra el plazo para la inscripción de las candidaturas. Es un momento que Cabello no ha dejado de subrayar. “La procuradora general de la Nación cuestionó el hecho de que en momento del proceso electoral se esté dando vía a los funcionarios corruptos, electos popularmente y sancionados disciplinariamente la posibilidad de aspirar y querer violar una decisión de la Corte Constitucional, al inscribirse para ser candidatos de corporaciones públicas en nuestro país”, dijo la Procuraduría en el comunicado de prensa en el que respondió al nuncio presidencial. Cabello explica el nuevo episodio de la saga como uno totalmente político, no como parte de una larga discusión jurídica. Esa forma de presentarlo por ahora ha pasado desapercibida, pero puede tomar nuevos bríos si la Procuraduría suspende a alcaldes por intervenir en política, como ocurrió con por lo menos cuatro en las elecciones locales de 2019 y otros tantos en las nacionales de 2022.
