“¿Cómo así que mi mamá votó si ella tiene 13 años de muerta? Ojalá que la hubiese visto para darle un abrazo”, responde furiosa Ana Milena Sierra Moscote. El pasado domingo de elecciones la mujer se sorprendió cuando la llamaron para contarle que su madre Albenys Mercedes Moscote había votado en la mesa seis de La Paz, Cesar. En este pueblo del caribe colombiano abundan denuncias por suplantación de identidad, violencia y compra de votos. Inconforme, la gente ha salido a las calles para exigir que se abran investigaciones penales por presunto fraude y pide que las autoridades repitan las elecciones.
Ana Milena tiene a la mano el acta de defunción de su madre para denunciar el supuesto voto fraudulento. La tarde del lunes ha salido a protestar a pleno sol caliente junto con decenas de personas que llevaban pancartas. “El pueblo llora el fraude”, decía uno de los letreros. Se oían pitos, música vallenata, motos y gritos de “justicia”. En la noche, la gente bloqueó la entrada del pueblo. Desde Valledupar enviaron a la policía antimotines para contener la turba que impedía el paso de vehículos y personas en la carretera principal.
Las personas muertas que acostumbraban a votar en las mesas de la uno a la siete fueron suplantadas, denuncian sus familiares. Es el caso de los hermanos de Nubi Pérez Gutiérrez (uno muerto hace 20 años, otra hace ocho). “Aquí, gente que murió hace años salió de las tumbas a votar”, dice. La Registraduría Nacional bloqueó la posibilidad de consultar si las cédulas de los muertos aún aparecen activas. Consultada por este periódico, la registradora municipal, Adriana Agresoth, dijo que no tenía autorización para hablar sobre el tema y que aún estaban haciendo las verificaciones sobre las denuncias. El procurador delegado José Isaías Palacios también se negó a hablar por supuesta falta de autorización, y el registrador delegado departamental, Tirso Cabello, no respondió al pedido de información.
La jornada electoral del domingo en La Paz comenzó desde las 6:30 de la mañana con una muchedumbre apostada a las puertas de la Institución Educativa Ciro Pupo Martínez. Los seguidores de un candidato soliviantaban a los del otro. Se inscribieron cinco aspirantes, pero las discordias se presentaron solo entre los adeptos de dos: Juan Bautista Calderón, del partido de La U, y Wilson Rincón, avalado por Cambio Radical y el Partido Conservador. La gente corría de un lado al otro. Burlas, insultos, puñetazos y empujones iban y venían. La Paz no hacía honor a su nombre.
La turbamulta se subió a los muros del colegio y embistió portones y vallas de la policía para entrar a la fuerza al lugar de votación. Cerca del mediodía la tensión aumentaba. “Desde la mesa de justicia, lo que percibimos fue un grupo de personas que intentaron sabotear las elecciones. Había un río de personas afuera, aproximadamente unas 3.000. Lo que vi fue una inmensa apología al delito de corrupción al sufragante”, dijo el personero Fabián Canales.
Dentro del colegio, el desorden crecía. En un momento surgió una pelea encarnizada por una caja, presuntamente llena de boletas electorales. Parecía una piñata entre adultos furibundos, un espectáculo grotesco con sillazos, jalones de pelo y vidrios rotos. “Policía, policía”, imploraba con angustia una mujer de unos 70 años. En un momento tuvieron que suspender las votaciones, mientras la fuerza pública logró controlar la situación. Otro forcejeo se dio en uno de los salones, sin que haya claridad del origen de la discordia. “Fue una gresca tremenda, había aproximadamente unas 30 personas unas contra otras”, explicó el personero Canales, que cuenta que él mismo recibió una agresión física. Hubo varios capturados por la Policía.
La trifulca se irritó aún más cuando muchos de los electores prestos para votar se encontraron con que alguien ya había votado por ellos. Le sucedió a Lucenith López en la mesa 9 y a Denidis Bello en la mesa 8. Ellas están entre las personas que han denunciado las irregularidades ante “Uriel”, la plataforma del Ministerio del Interior para recibir estas quejas.
Mucho antes de que cerraran las urnas ya se comentaba que había ganado el hoy elegido alcalde. Sus adeptos celebraban y alentaban la rabia de los enemigos. Wilson Rincón, el ganador, se presentó a votar con decenas de simpatizantes que lo ovacionaron con fervor; levantaba el puño y sus contrarios estallaban en furia.
Varios testigos consultados cuentan que ningún ente de control se aseguró de brindarles garantías para ejercer su labor. Denuncian que varias personas que no eran testigos electorales se apostaban en los cubículos para verificar qué candidato marcaban los ciudadanos en las tarjetas electorales, y violaban el secreto del voto. “Uno se quejaba y nadie hacía nada, ni la policía”, relata una de las testigos. “Cuando se formaba el desorden, los jurados firmaban desesperadamente los tarjetones. Intenté grabarlo pero me dijeron que me iban a joder”, cuenta otra que también denunció la escasa distancia que había entre testigos y jurados. Se presume que las personas ubicadas cerca de los cubículos eran quienes verificaban la compra del voto.
Una líder contó a EL PAÍS que en el lugar de votación entraron una caja con tarjetones marcados. En otro momento, se llevaron una urna y la cambiaron por otra en el patio del colegio. “Eso parecía una feria. No se sentía ninguna autoridad. Compraban votos frenteado”, dijo otra testigo. Relata que hubo mucha confusión porque no había ante quién denunciar las irregularidades. “Me acercaba a la registradora y decía que no sabía qué hacer. Cuando me acercaba a la policía me decía: «Deja de estar molestando tanto que te voy a sacar»”.
Al cierre de las votaciones se formaron otras peleas y alguien lanzó gas pimienta. El grupo de policía antimotines tuvo que entrar para disolver la riña. En otras denuncias han reportado tachones en los formularios E-14, donde se consigna el número de votos de cada candidato por mesa. La Misión de Observación Electoral (MOE) recibió reportes de suplantación de identidad, compra de votos e irregularidades en el manejo del material electoral y orden público, según informó a EL PAÍS.
Amenazas y plomo
Katty Rangel, actriz de profesión, decidió lanzarse por primera vez al Concejo de este municipio. Enfocó su campaña en San José de Oriente, el corregimiento donde nació, ubicado a veinte minutos de la cabecera municipal. Pero el 12 de septiembre le llegaron las primeras amenazas: “Si hace caso omiso a nuestras exigencias, será declarada objetivo militar”. La tensión y el miedo no cesaron. “Salía de mi casa y siempre iban detrás de mí tres o cuatro motos, vigilándome todo el tiempo”, cuenta Katty.
Los últimos días aumentó el hostigamiento: el sábado antes de las votaciones, desconocidos se metieron al solar de su casa e hicieron una descarga de tiros al aire. Al rato, cerca de diez motos se apostaron al frente. Hombres encapuchados le gritaban: “Traicionera, vendiste el pueblo. Lárgate de aquí”, por apoyar a un candidato distinto. Uno de ellos agredió físicamente a la hermana de Katty. Y luego regresaron e hicieron otra descarga al aire. El día de las elecciones también hubo hostigamientos en ese corregimiento. “Se fueron en gavilla, no dejaban pasar ningún vehículo, me tiraron botellas de agua. Estuvo tan tensa la situación que creo que me tocará irme de este pueblo”, cuenta.
Wilson Rincón, el vencedor, ya había sido alcalde de La Paz en el período 2012- 2016. En San José de Oriente gestionó un proyecto de más de 5.000 millones de pesos para el acueducto. Hoy, los habitantes abren la llave y, si les llega algo de agua, es contaminada.
Aunque La Paz es un municipio de sexta categoría, o sea parte de los de menor presupuesto de todo el país, y el alcalde gana solo 5.376.068 pesos (unos 1.300 dólares) mensuales, se invierten miles de millones de pesos en proyectos como el citado. ¿Qué es lo que hace que los candidatos y sus cohortes se líen a puñetazos el día de las elecciones? Y que el problema siga: una parte de la comunidad de La Paz no acepta el resultado y pide que se haga justicia. Mientras tanto, la gente sigue soportando las deficiencias del acueducto.
