La medida afectaría entre 235,000 a medio millón de colombianos
Por Elizabeth Mora-Mass
Mientras millones de indocumentados reclaman a viva voz que “aquí estamos y de aquí no nos vamos”, la administración Trump ha puesto en marcha grandes cambios en las decisiones de asilo político que conducen a restringir drásticamente esta medida, afectando en este momento a millones de inmigrantes que buscan refugio en tierras del Tío Sam.
Los cambios anunciados ayer por los Servicios de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense elimina el requerimiento de que los oficiales de asilo entrevisten a ciertos solicitantes y en su lugar los refiere directamente a los jueces de inmigración para los procesos de remoción.
De acuerdo con los informes de la misma agencia, unos 444,000 casos podrían estar siendo afectados ahora mismo por el nuevo reglamento. Un caso puede envolver a una persona sola, o a una familia, por lo que un número indefinido de individuos pudiera estar siendo afectado por la nueva política.
La decisión de la administración Trump tiene lugar en una fecha especial. La Convención de Naciones Unidas para Refugiados, UNHCR, celebra su aniversario No. 75 y Estados Unidos ha sido uno de los participantes más entusiastas desde que fue firmada en 1951 con el objetivo de ayudar a millones de desplazados que dejó la II Guerra Mundial.
Trump: “Arreglando los errores de Biden”
Foto PBS – Internet – Google – inmigrante detenido en la Corte de Inmigración por agentes de ICE.
El presidente Trump ha venido repitiendo como una letanía que todas las decisiones de su gobierno con referencia a la inmigracion, “no busca otra cosa que arreglar los errores de Biden, quien permitió una invasión de ilegales”.
El gobierno del presidente Joe Biden permitió el ingreso a Estados Unidos de al menos 5.8 millones de extranjeros que buscaban asilo u otros amparos migratorios, según un informe difundido en 2024 por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
De la cifra total, 5,844,770, registrada durante los cuatro años de la actual administración federal, los solicitantes de asilo que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y fueron dejados en libertad condicional para presentar sus casos, incluidos los que realizaron el trámite por medio de la aplicación CBP One, representan el grupo más grande, 4,695,300.
A ellos les siguen 531,600 inmigrantes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que llegaron al país gracias a un permiso, o «parole» especial.
Muchos de estos inmigrantes se entregaron directamente a los oficiales de inmigración cuando ingresaron a los Estados Unidos, pero no fueron devueltos de inmediato porque clamaron “miedo creible de persecución o tortura si eran enviados de regreso a su pais de origen, por lo que obtuvieron el asilo politico automático.
“Eso es lo busca Trump, eliminar este amparo político”, repiten como una letanía activistas y abogados de inmigración, quienes hablan de leyes, demandas y otras maniobras legales para impedir la expulsión de Estados Unidos, cosa que frente a las leyes federales está pesando muy poco, a pesar de todo lo que se hace.
Trump pregona que ha tomado esta decisión “por el montón de vividores que han venido para que los mantengamos» y pone como ejemplo que Nueva York está en bancarrota por haber mantenido a que por tres años le ha pagado renta y comida a montones de extraños, siendo la primera vez que los inmigrantes llegaron a vivir gratis.
La pesadilla que viven miles de indocumentados
“Yo nunca había visto tanto sufrimiento y tanta desesperación entre los indocumentados”, afirma el padre Fabián Arias, sacerdote catolico, de origen argentino, de la iglesia de San Peter’s de Nueva York, quien se ha convertido en uno de los grandes defensores de los indocumentados, mientras que el padre Juan de una iglesia de Queens, afirma que, “nuestra gente sin papeles, literalmente está enterrada viva”.
La situación se ha empeorado mucho más desde que las autoridades federales de inmigración recibieron el permiso para actuar escuelas e iglesias después de que el presidente Donald Trump revocara una directiva que prohibía los arrestos en áreas «sensibles».
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que revocaría la política para «frustrar la aplicación de la ley en o cerca de las llamadas áreas sensibles», por lo que un número de personas indocumentadas han sido arrestadas en sitios antes protegidos, así como en sus hogares, sitios de trabajo, calles y hasta las mismas cortes. “No hay un lugar seguro”, asegura el padre Arias.
