CATALINA OQUENDO
Colombia está habituada al desconcierto. Se mueve en un péndulo pesado entre la necesidad de salir del conflicto y los sapos que hay que tragarse para conseguir la paz por vías negociadas. En esa búsqueda, varios excombatientes de distintos grupos armados se han convertido en ‘gestores de paz’, una figura que ya existía, pero que se ha usado con fuerza y mucha controversia, en el Gobierno de Gustavo Petro.
Cada tanto, sin embargo, un hecho roza el absurdo. Ese es el caso reciente de alias Gafas —antiguo secuestrador de las extintas FARC y un alias bien recordado en el país porque es sinónimo de dolor—, quien volvió a las armas siendo gestor de paz. El hecho no solo ha causado indignación, sino que pone el ojo en las falencias y riesgos de esa figura.
Alexander Farfán, su nombre de pila, fue el carcelero de la excandidata Ingrid Betancourt, los tres ciudadanos estadounidenses y otros militares. Capturado durante la Operación Jaque, que liberó a los secuestrados después de más de seis años de cautiverio, pagaba una pena de 19 años de cárcel hasta que, en 2016, con el proceso de paz, quedó en libertad a cambio de entregar verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Poco tiempo después, volvió a prisión por delitos cometidos tras la firma del Acuerdo y la JEP lo expulsó. Sin embargo, el gobierno de Petro lo nombró gestor de paz en las negociaciones con las disidencias que comandaba alias Iván Mordisco, quien ya se levantó de la mesa y ejerce violencia contra varias poblaciones.
El excarcelero apareció esta semana en un video donde era liberada una concejala del Cauca, secuestrada por esa disidencia. Gafas le decía a la mujer que no podía volver por su región. En otras palabras, como gestor de paz y usando una resolución presidencial que le daba libertad, Gafas volvió a la guerra. Cuando el Gobierno revocó esa libertad y se emitió una orden de captura, ya era demasiado tarde.
La excandidata Betancourt dijo que no le sorprendía porque “Gafas es alguien oscuro”, pero criticó al presidente por el nombramiento. “No puedo concebir que Gustavo Petro no supiera con quién se metía, ni que estaba abriendo una caja de Pandora”, aseguró la excandidata quien comparó el hecho con el intercambio de sombreros vueltiaos con Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar también nombrado gestor de paz.
Desde el comienzo de la paz total, la propuesta de Petro de negociar simultáneamente con todos los grupos, la figura de gestor de paz ha generado problemas. Nadie sabe exactamente qué labor cumplen, por cuánto tiempo, quién les paga por ello y si tienen algún tipo de verificación. En muchos casos se confunde con la de facilitación de paz y vocería de paz. La Oficina del Comisionado de Paz cada tanto debe sacar comunicados negando que tal o cual persona es gestor de paz.
“La figura de gestor de paz solo se otorga a miembros o exmiembros representantes de grupos armados organizados al margen de la ley y no se aplica de manera indiscriminada”, escribió la Oficina de Paz en un comunicado y agregó que estos tienen “un plan de trabajo específico y contribuyen activamente a procesos de diálogo y construcción de paz”.
Pero qué pasa, ¿cuál es el Plan B, cuando una mesa se cae y los gestores de paz quedan en el aire y volviendo a las armas? ¿Qué hacen ahora gestores de procesos como el ELN, que está paralizado? En un contexto de reciclaje de guerra y de agotamiento de la confianza por parte de los ciudadanos, la claridad y los alcances de esa figura deberían ser prioritarios.
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