Por Liz Alderman
Liz Alderman, quien escribe sobre economía, ha cubierto ampliamente la crisis financiera europea y sus consecuencias.
Cuando Ana Jimena Barba, una joven médica, empezó a trabajar en un hospital de Madrid el año pasado, se mudó con sus padres a media hora de la ciudad hasta que pudo ahorrar lo suficiente como para poder comprar su propia casa. Pero cuando empezó a buscar viviendas en la misma zona, casi todo estaba valuado en más de 500.000 euros.
La cantidad —casi 20 veces más que el salario medio anual en España— resulta que corresponde al costo del “visado de oro” del país, un programa que le ofrece residencia a los extranjeros ricos que compran propiedades inmobiliarias. Después de una década, el programa ha generado miles de millones de euros en inversiones, pero también ha contribuido a impulsar una desgarradora crisis inmobiliaria para sus propios ciudadanos.
“No hay nada que pueda comprar”, dijo Barba, una alergóloga que ha estado trabajando 100 horas extra cada mes para poder ahorrar. “Si los extranjeros inflan los precios para quienes vivimos aquí, es una injusticia”.
Ante la creciente presión para que se enfrente la escasez de vivienda, España anunció este mes que eliminará los visados de oro, la última de una serie de retiradas del programa por parte de gobiernos de toda Europa.
Media decena de países de la eurozona ofrecieron los visados en 2012, durante el punto álgido de la crisis de la deuda europea para ayudar a solucionar los enormes déficits presupuestarios. Los países que necesitaban rescates internacionales —España, Irlanda, Portugal y Grecia, entre ellos— estaban especialmente desesperados por conseguir dinero para pagarles a sus acreedores, y consideraron los programas de visa como una vía para atraer inversionistas y reactivar sus moribundos mercados inmobiliarios.
Los países generaron una ganancia inesperada: solo en España se han emitido 14.576 visados vinculados a compradores adinerados que realizan inversiones inmobiliarias superiores a 500.000 euros. Pero los precios que pueden permitirse están expulsando a personas como Barba de un mercado que ya estaba muy inflado por el auge de Airbnb y la atracción de los inversionistas de Wall Street.
“La vivienda es un derecho constitucional y no un mero negocio especulativo”, dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, en un discurso este mes al anunciar el fin del programa de visados de oro del país. “Son las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado, donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellas y pagan sus impuestos cada día”.
Los visados facilitan que personas de países que no están en la Unión Europea (UE) puedan comprar el derecho de residencia temporal, a veces sin tener que vivir en el país. Inversionistas de China, Rusia y Medio Oriente acuden en grandes cantidades a comprar inmuebles a través de ellos.
En los últimos años, los ciudadanos británicos han seguido su ejemplo tras el brexit, comprando casas en Grecia, Portugal y España, a los que se ha unido un número creciente de estadounidenses que buscan disfrutar de un estilo de vida que no pueden permitirse en las principales ciudades de EE. UU.
Pero los programas de visados de oro se están eliminando o cerrando en toda Europa, mientras los gobiernos tratan de reparar el daño ocasionado al mercado inmobiliario. Y tras la invasión rusa a Ucrania, las autoridades de la UE instaron a los gobiernos a acabar con ellos, advirtiendo que podrían utilizarse para el blanqueo de dinero, la evasión fiscal e incluso el crimen organizado.
Portugal, que ha obtenido más de 5800 millones de euros en inversiones gracias a los visados, modificó su programa en octubre para eliminar los bienes inmuebles como inversión, con el fin de reducir las compras especulativas y enfriar un mercado inmobiliario estresado. La afluencia de extranjeros ha desplazado a miles de ciudadanos portugueses con bajos ingresos de sus hogares en ciudades como Lisboa.
El gobierno de Lisboa está tratando de solucionar el problema de la vivienda asequible con nuevas normas que obligarían a los propietarios a alquilarles pisos vacíos a familias, limitando los alquileres y convirtiendo algunos inmuebles comerciales en viviendas.
Irlanda cerró su programa el año pasado, en parte por la preocupación de que ciudadanos rusos estuvieran blanqueando dinero a través de él.
Grecia, uno de los últimos países de Europa en ofrecer un visado de oro, está elevando el umbral de inversión extranjera de 500.000 a 800.000 euros en la zona de Atenas y en islas populares como Mykonos y Santorini. El primer ministro del país, Kyriakos Mitsotakis, reconoció la grave escasez de viviendas y la presión sobre los mercados de alquiler, en especial en los alrededores de Atenas, pero afirmó que el gobierno aún quería atraer a los inversionistas. Solo entre 2021 y 2023, Grecia recaudó 4300 millones de euros en inversiones gracias a los visados.
Según un informe publicado en marzo por el Instituto de Economía Laboral, los programas de visados han contribuido a impulsar el desarrollo económico de los países que los ofrecen. Sin embargo, según el informe, los gobiernos deben encontrar “un delicado equilibrio entre los beneficios económicos y la protección frente a posibles riesgos”, como el blanqueo de dinero y la gentrificación desenfrenada.
El retroceso se produce en un momento en que una crisis inmobiliaria más amplia se apodera de Europa, tras años en los que sus mercados inmobiliarios han sufrido una profunda metamorfosis que ha expulsado cada vez más a los trabajadores con ingresos modestos como médicos, profesores y policías.
La gentrificación se ha extendido por las ciudades europeas durante décadas, pero el auge de Airbnb y otros proveedores de alquileres a corto plazo ha acelerado la crisis de asequibilidad. Ese fue el caso en los países afectados por la crisis de la deuda europea, donde los propietarios descubrieron que podían ganar más alquilándole a turistas que a locales cuyas finanzas se habían visto afectadas por los programas de austeridad.
Los programas de visados de oro agravaron la situación. En Grecia, que inicialmente concedía a los extranjeros un visado de residencia de cinco años si invertían 250.000 euros, muchos apartamentos y casas de los alrededores de Atenas y de las islas griegas se dispararon de repente, pasando de precios de ganga a cifras que rondan los 250.000 euros, algo fuera del alcance de la mayoría de los griegos.
Laura McDowell, agente de la agencia inmobiliaria Mobilia, con sede en Atenas, dijo que los alquileres de corta duración habían hecho inasequibles los alquileres en el centro de las ciudades, y el problema se agravó cuando inversionistas de numerosos países convirtieron las viviendas adquiridas a través de programas de visados de oro en alquileres vacacionales, reduciendo aún más la oferta de viviendas asequibles.
El plan atrajo sobre todo a ciudadanos chinos, muchos de los cuales volaron a Atenas con maletas cargadas de dinero. Las empresas de inversión chinas también compraron edificios en barrios de bajos ingresos y zonas con viviendas para estudiantes, renovaron apartamentos y los revendieron a solicitantes de visados. Hoy, cuadras enteras de apartamentos, incluso en zonas de Atenas y sus alrededores que eran poco atractivas, en su mayoría son propiedad de extranjeros.
“Los precios que han subido gracias a los visados de oro no han bajado”, dijo McDowell. “Los griegos se han quedado fuera”.
En España, los inversionistas chinos representan casi la mitad de los solicitantes de visado, seguidos de los rusos. Las bajas tasas de interés fijadas por el Banco Central Europeo agravaron el problema en los últimos años al atraer a más inversores inmobiliarios aparte del programa de visados, dijo Ernest Urtasun, ministro español de Cultura.
El gobierno español tiene previsto construir 40.000 viviendas sociales para personas con recursos limitados como parte de un plan más amplio para restablecer el alojamiento asequible.
Pero es incierto que eso ayude rápidamente a personas como Barba. A pesar de que España se ha recuperado de la crisis financiera, los salarios no han seguido el ritmo de crecimiento del mercado inmobiliario. Casi una quinta parte de los trabajadores gana el salario mínimo de 1134 euros al mes, mientras que los alquileres en Madrid subieron un 15 por ciento en 2023. Una tasa de inflación del 3,2 por ciento ha agravado la situación.
Barba lleva tres años ahorrando dinero para el pago inicial de una vivienda. Alquiló una habitación en un piso compartido en Barcelona cuando empezó a formarse como alergóloga en un hospital del centro. Pero sus ingresos mensuales se consumían en gastos básicos como la comida, el alquiler y el transporte.
Para ahorrar más, se trasladó al hospital de Madrid y ahora vive con sus padres sin pagar alquiler, además hace horas extras para subir su sueldo a 1900 euros. Pero con casas que incluso en el pueblo de sus padres cuestan medio millón de euros, se siente desesperada.
“Tardaría años en ahorrar lo suficiente para hacer el pago inicial de una casa”, dijo Barba. “Comprar una casa es un sueño”.
Rachel Chaundler colaboró con reportería desde Madrid y Niki Kitsantonis desde Atenas.
Liz Alderman es la corresponsal jefa de negocios para Europa y escribe sobre la evolución económica, social y política en Europa. Más de Liz Alderman
