Decenas de familias bogotanas tendrán una Navidad desoladora. Están concentradas al sur o al occidente de la capital. Se trata de residentes de barrios de renta baja, en localidades como Bosa, Los Mártires o Ciudad Bolívar. ¿La razón? 288 niños de la ciudad permanecen desaparecidos. Nadie sabe si siguen vivos o han muerto. La mayoría de las denuncias corresponden a niñas cuyo rastro se ha evaporado. Un fenómeno siniestro e invisibilizado por la complejidad y limitaciones de los investigadores, pero también por los puntos ciegos de las bases de datos oficiales. O por el irregular cubrimiento mediático, enfocado en el ruido de casos concretos como el de Clara Sofía Galván, una menor extraviada y dada por fallecida desde 2021 cuando tenía apenas dos años.
Entre el gancho de los titulares y las falencias estadísticas discurre una maraña en aumento de casos inexplicables. En lo que va de 2024 se han reportado 635 menores desaparecidos, según datos cruzados de Medicina Legal, la Fiscalía y la policía. El 80% de ellos tenían entre 11 y 17 años. Más de la mitad de esas denuncias involucran a niñas, con 397 reportes. Y si bien en el 80% de los casos se da con el paradero o regresan a casa, una parte sustancial sigue sin resolverse y dos han aparecido muertos en 2024. “Hay una disyuntiva sobre la trata de personas. En especial en ese grupo de más de doscientos y pico de los cuales no se tiene rastro. Estamos hablando de niños que pareciera que se los tragara la tierra”, precisa el experto en seguridad Andrés Nieto.
Jerónimo Castillo, experto en política criminal, subraya que los medios deben romper con el molde del miedo y el escándalo. En su opinión, el impacto aterrador de los sucesos eclipsa la posibilidad de fortalecer las políticas de acción pública. “Ya sabemos que el fenómeno es horrible, que hay grupos dedicados a eso. Pero se nos olvida que tenemos un Estado con capacidad de respuesta. Por eso, desde el periodismo se debería formular un cuestionamiento en torno a la eficacia de las políticas públicas, más que aferrarse a la caracterización de los grupos criminales”.
La concejal de Bogotá por el centrista Partido Verde María Clara Name ha sido una de las abanderadas de uno de los mayores dolores de cabeza a los que se enfrentan la policía y los fiscales especializados. “Los órganos competentes no han dado la prioridad requerida a los casos de niños y niñas. He sido muy crítica, por ejemplo, del manejo que le ha dado la Fiscalía General de la Nación. En teoría debía crear una unidad especializada en delitos contra los menores de edad, pero no lo ha hecho. Además, las cifras de impunidad son altísimas”, explica.
Desde 2020, agrega el doctor en Estudios de Paz y Conflicto Andrés Macía, las cifras vienen en aumento: “Hay un lío con los datos. Muchos casos no se reportan, entonces puede haber un sub registro importante. Algunos niños regresan a sus casas y no se informa. Entonces quedan muchos incidentes abiertos”. Añade que, según su rastreo, buena parte de estos sucesos están engarzados a episodios de violencia sexual o intrafamiliar. “Es una mezcla que suele desembocar en un resultado fatal. En los casos en que el menor aparece muerto, la investigación criminal da pie para que los medios publiquen y se vuelvan historias virales”.
Las investigaciones de Macía dejan interrogantes sobre los lazos entre las redes criminales de trata de personas y la desaparición de menores. En las historias de las asociaciones de víctimas de trata se puede recopilar el carácter brutal de estas bandas que drogan, prostituyen y abusan de sus víctimas: “La institucionalidad ha ido recogiendo esa información”, apunta Castillo, “lo que pasa es que no forma parte del debate público. ¿Cuántas personas hay condenadas por ese delito? No lo sabemos”.
No menos inquietante resultan las hipótesis de que habría habido casos de tráfico de órganos de menores. Es una posibilidad que Andrés Nieto refuta de tajo: “Esto forma parte de una ola mediática que arranca en Estados Unidos en 2015. Para el caso colombiano no hay ningún reporte en firme. Una publicación de Medicina Legal aclaró en 2020 que la complejidad médica y los requisitos para un trasplante, las medidas higiénico-sanitarias requeridas para que la cadena en frío no se contamine en cualquier traslado, además de los registros especializados para su ingreso en cualquier centro de asistencia, lo hacen inviable. O, al menos, plantean muchas dificultades para crear una red criminal de este tipo”.
Si a los datos de los pequeños se suman los de adultos, este año en Bogotá se han reportado como desaparecidas 1.947 personas, a falta de la actualización del último trimestre (en 2023 sumaron 2.486 casos). “La lupa de las entidades tiene que estar encima. Sobre todo para que la ciudadanía pueda reportar y de paso desmontar el mito de que hay que esperar 48 horas antes de denunciar en el caso de los menores”, apostilla Nieto. También destaca la ausencia de información o pedagogía en torno a la trata de personas: “Muchos no saben que son víctimas. Con las redes sociales se multiplican las ofertas milagrosas que prometen redoblar sus ingresos. Esto no nace siempre de un mecanismo violento y tampoco es solo sexual. Puede ser para utilizar a los niños como carritos de distribución de la droga”.
¿Cómo se evalúa la respuesta de las autoridades? Nieto recuerda que la Fiscalía cuenta con una suerte de botón de emergencia ante cualquier denuncia formal. Al hundirlo, se envía una alerta a todas las dependencias estatales con la noticia criminal y el dato del último lugar donde la persona fue vista: “Uno cree que los únicos que deberían estar buscando a las personas o a los menores son los policías. No. Ellos cumplen una parte fundamental del trabajo, pero se deben activar todos los organismos y estar pendientes de los ingresos a bases de datos, sistemas de videovigilancia, de toda la estructura de atención al público. Eso, lastimosamente, no se tiene tan claro, y al final solo se espera que la policía busque o que el sistema de salud reporte si ven al menor”.
Esto último ha llevado a la concejal Name a proponer “herramientas básicas que han funcionado a nivel mundial”. Como la alerta Amber, un aviso de emergencia masivo vía celular para informar al público sobre la pérdida de un niño. Es una iniciativa que se ha debatido sin mayores avances este año en el Senado, a pesar de que en la última década se han extraviado 28.000 niños en Colombia, según datos expuestos en las discusiones legislativas. De ellos, 15.639 se han reintegrado a sus casas. Siguen desaparecidos 13.663.
Castillo, sin embargo, refuerza la idea de que se debe clarificar “la secuencia de las políticas públicas frente a este fenómeno”. De lo contrario, alerta, el flagelo va a continuar sin mayores consecuencias: “Tenemos un problema detectado hace más de diez años. Hemos esperado una década para proteger a la niñez y a la juventud del país y hasta ahora se promueve una ley. Si usted entra hoy a la página de la Policía, no hay información al respecto. Hay una profunda falla institucional”.
También faltan estudios actualizados sobre la desaparición de menores asociada al reclutamiento de grupos criminales. La ausencia de sistematización de la información imposibilita desagregar los datos, se quejan los investigadores. “Para conocer los porcentajes de cuántas víctimas fatales ha habido. O en cuáles casos se ha sacado a menores del país. O si, después de la alerta, se reportó que ya no estaban en peligro”, remata Macía.
Dejar una contestacion