Se cumplen tres días del paro más grande que ha afrontado el presidente Gustavo Petro. Este miércoles, mientras la ministra de Transporte, María Constanza García, se reunía con los líderes gremiales para buscar un acuerdo que permita el levantamiento de las manifestaciones, los transportadores que bloquean la salida de Bogotá por el sur afrontaban otra disputa. Wilson Perdomo, el líder del punto ubicando en el Portal Sur de Transmilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad, le dice a EL PAÍS que enfrenta un problema interno. Aunque la orden de los representantes en la mesa ha sido mantener libre una vía para que vehículos particulares, ambulancias y carrozas fúnebres se puedan movilizar, al lugar han llegado manifestantes que insisten en cerrar el paso sin excepciones. “Nos están haciendo quedar mal con el Gobierno. Esto nos puede costar que se levante la mesa”, lamenta.
Hacia el mediodía de este miércoles, Perdomo calcula que al menos 900 transportadores habían apagado sus vehículos sobre la vía que comunica a Bogotá con el municipio aledaño de Soachay que es la arteria vial que conecta a la capital con el sur y suroccidente del país, incluyendo a Buenaventura, el puerto comercial más importante de Colombia. Cargas de frutas, verduras, leche, láminas de construcción y hasta productos cárnicos, que se han ido descomponiendo por la falta de refrigeración. Iván Bedoya, un transportador que iba hacia el puerto sobre el Pacífico, revuelve la sopa en la olla que montaron los camioneros en la mitad de la vía. “Esto se va a espesar”, dice para referirse al paro, pero también al almuerzo. “El tema va para largo”, afirma.
Bedoya dice que las razones del bloqueo van más allá del alza al precio del combustible del sábado pasado de 1.940 pesos (alrededor de 50 centavos de dólar, un 20% de su costo), y asegura que se debe a incumplimientos del presidente. “Muchos votamos por él porque prometió no subir los precios, pero hasta la canasta familiar está imposible de comprar”. Hace cálculos rápidos: un transporte desde Medellín (al oriente del país) hasta Buenaventura está costando cerca de 2,6 millones de pesos (unos 623 dólares). “De ahí hay que sacar para la gasolina, que son 600.000 pesos (150 dólares); los peajes, que pueden sumar 400.000 pesos (100 dólares); y las ganancias del patrón. A los conductores nos queda menos del 10% de lo que cobran”, señala.
Los reclamos contra el alza se han estrellado con una cerrada negativa a reservarse desde lo más alto del Gobierno. El presidente Gustavo Petro ha dicho, a través de su cuenta de X, que “el alza del diésel es justa porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia”. Se refiere a que el precio del ACPM, el nombre colombiano para el combustible de los motores diésel que usa la gran mayoría de los transportadores de carga, es inferior al que tendría en el mercado internacional, y que el fisco le reconoce la diferencia a la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol. El incremento, que no se limita al alza ya realizada, sino que en principio suma dos más de alrededor de 2.000 pesos cada una en 2025, busca evitar esos pagos y reducir el abultado déficit fiscal. En la mesa se discuten los montos y periodicidades de los incrementos, sin solución alguna hasta el momento.
Mientras esas negociaciones avanzaban este miércoles, en la Autopista Sur de Bogotá los transportadores mantenían los bloqueos intermitentes. Bogotá estaba casi incomunicada, por lo menos en la entrada y salida de productos que son fundamentales para su economía y la de todo el país. Mientras los camioneros atravesaban conos sobre las vías para impedir el paso de vehículos, dos guardas de movilidad de la ciudad y dos policías de tránsito intentaban mediar entre quienes protestaban y quienes intentaban cruzar el bloqueo. Hacia el mediodía, una decena de manifestantes exigía a los vehículos particulares mostrar las razones de su traslado, para definir si los dejaban pasar. “Llevo una mujer en embarazo”, gritó un conductor, mientras algunos camioneros revisaban los documentos médicos que les había entregado. “Voy con un señor al que se le murió el papá en Cali”, alegó otro hombre. Solo demostrando la urgencia, los transportadores dan paso.
Quienes allí se encuentran, protestantes, no son los dueños de los costosos camiones, sino quienes los conducen por las vías de un país de cordilleras desafiantes y hondos cañones. Afirman que tienen la certeza de que el alza no afectará a sus patrones, sino que tocará sus bolsillos, y los de otras personas de clase media baja. “A ellos no se les da nada no pagarnos un día de trabajo, los afectados somos nosotros porque no llevamos la comida a la casa”, dice Jhon Bilbao, quien completa un día entero en las protestas. Cada día de paro les significa dejar de percibir, al menos, 100.000 pesos (unos 25 dólares), la tarifa base que cobran por hacer un viaje.
En los puntos de bloque no hay lugar para opositores. Si un camión intenta pasar, es detenido a la fuerza. “O para o le pinchamos una llanta”, gritan algunos de quienes protestan cuando un vehículo intenta seguir. David Cardona, conductor de un vehículo de carga que iba hacia la central de abastecimiento de Bogotá, Corabastos, fracasó en su intento. Los manifestantes le impidieron el paso con gritos y amenazas. “Íbamos a comprar unas harinas para un negocio de arepas que tenemos en el municipio de Mesitas del Colegio”, aclara en referencia a un pueblo a unos 50 kilómetros de la ciudad. A bordo va su abuelo, José Alonso Ardila, un hombre de 90 años que administra el negocio familiar. “Teníamos peligro de no abrir mañana y por eso pedí que me trajeran a comprar la harina”, explica Ardila. Buscan respaldo de la Policía para salir del bloqueo sin ser agredidos. Lo logran, pero no pueden pasar.
En ese sector de la ciudad está ubicada la Terminal del Sur, donde los viajeros se preparan para pasar la noche a la intemperie o en el suelo del edificio. Alejandro Osorio se sienta sobre dos maletas robustas al borde del andén. Dice que a esa hora se resguarda del sol, pero que ya se está preparando para pasar la noche, a la espera de que se normalice la movilidad y pueda viajar hasta la ciudad de Ibagué, de donde es oriundo. “No sabía nada del paro, llegamos acá y vimos que todo estaba cerrado, pero yo pensé que se iba a normalizar pronto y no tenemos dónde más pasar la noche”, cuenta.
A sus espaldas, sobre el mismo andén, pasan mototaxis, vehículos de transporte informal que suelen movilizar personas en trayectos cortos. “Hoy estamos cobrando 6.000 pesos (1,5 dólares) en un trayecto que normalmente cuesta 1.500 pesos (40 centavos de dólar)”, explica uno de quienes viven de usarlos como sucedáneo a un deficiente transporte público. Las motos o bicicletas son el único medio de movilización para las personas que deben trasladarse hacia el barrio San Mateo, en Soacha. Es eso o caminar hasta dos horas de trayecto.
En ese lugar, uno de los puntos más grandes del paro en Bogotá, los transportadores también se preparan para pasar una noche más. Algunos dicen que creen que la protesta se extenderá hasta el viernes o el sábado, cuando se cumpliría una semana del alza. Por lo pronto, la posición del Gobierno es no ceder en la petición de los transportadores de derogar el decreto del alza, sino negociar su aplicación. De ese consenso depende que se levanten los más de 80 bloqueos que hay en 16 de los 32 departamentos del país, y que las afectaciones económicas desemboquen en nuevas crisis.
