A principios de esta semana, todas las miradas estaban puestas en Nueva York mientras los líderes mundiales se reunían en la Cumbre del Futuro. Los días 22 y 23 de septiembre, las Naciones Unidas los reunieron para discutir cómo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Secretario General António Guterres lo llamó una “oportunidad única en una generación”. A diferencia de cumbres anteriores que fijaban la agenda, ésta se centró en el “cómo”.
Durante el evento, los estados miembros adoptaron el Pacto para el Futuro, un acuerdo conjunto que se compromete a abordar los desafíos globales a largo plazo y cumplir los compromisos existentes para lograr los ODS.
Antes de la cumbre, Transparencia Internacional, su Programa de Defensa y Seguridad y 64 capítulos de todo el mundo instaron a los líderes a confrontar el papel crítico que juega la corrupción al socavar el desarrollo sostenible y los riesgos de no abordarlo de frente.
Inicialmente, el borrador cero no mencionaba la “corrupción”, pero esto se corrigió en la última versión, donde se incluía, aunque sólo en los compromisos financieros. Cuando se adoptó el pacto conjunto, expresamos nuestra preocupación por sus limitaciones y señalamos que, si bien se trata de un paso en la dirección correcta, es sólo un punto de partida.
A nivel mundial, hemos visto cómo la gran corrupción socava el crecimiento económico, debilita las instituciones, desvía fondos de servicios esenciales como la salud y la educación, roba recursos escasos, aumenta la desigualdad e incluso puede conducir a conflictos y guerras.
«Vemos una y otra vez cómo la corrupción y los flujos financieros ilícitos obstaculizan el progreso. Ante desafíos como el cambio climático y los conflictos, los líderes no tienen tiempo que perder para combatir la corrupción.»
Maira Martini
Tomemos solo un ejemplo: en Mozambique, un escándalo de deuda en 2016 contribuyó a una recesión económica y frenó los esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad. En cambio, se desperdiciaron fondos que deberían haberse destinado a invertir en los ODS, como la educación y el apoyo a las comunidades pesqueras en pequeña escala. Mientras que en Guatemala, el escándalo aduanero de «La Línea» implicó a funcionarios de alto nivel en un plan en el que los importadores pagaban sobornos a funcionarios de aduanas y políticos, a cambio de pagar tasas impositivas más bajas. Se estima que el plan le costó al país el 1,8% de su PIB en 2015. Esto, junto con otros escándalos recurrentes, socavó los objetivos de los ODS en atención sanitaria debido a la falta de inversión.
