Bogotá –
Mientras el precio de la pasta básica y la hoja de coca en Colombia lleva al menos 18 meses por el suelo, los campos del país siguen inundados de cultivos. Un escenario paradójico e inédito, y un marco adecuado para entender el empobrecimiento de cientos de campesinos agobiados con la sobreoferta acumulada. El fenómeno, en un universo ilícito y lleno de variables, ha empujado a los criminales extranjeros a impulsar nuevas cosechas en Centroamérica o a instalar laboratorios en Europa en busca de estabilidad. Se trata de narcos en México o Estados Unidos interesados en garantizar la solidez de su negocio e intensificar rutas de tráfico alternas.
Los indicios apuntan hacia una transformación gradual e inusitada del narcotráfico. Según las entrevistas realizadas sobre el terreno por múltiples investigadores, los “compradores” internacionales han movilizado su atención hacia Belice, Honduras o Guatemala. Pero también en Ecuador y Venezuela se están forjando nuevos circuitos. Y Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, cuenta que las ventas de cocaína en Perú, que ha sido un enclave tradicional, están disparadas.
La tarea de juntar las piezas para comprender mejor la coyuntura no resulta nada fácil para ninguno de los seis expertos consultados. Rueda se lamenta de que hoy los únicos con un mapa claro de la situación son, probablemente, los organismos de inteligencia colombianos y estadounidenses. Y, amparados en la naturaleza de su oficio, ninguna de las dos agencias ha sido amiga de facilitar reportes o información.
Una filtración masiva de correos de la Fiscalía publicada por un consorcio de medios refuerza la idea de que la metamorfosis del negocio es tal, que en los últimos años han sido hallados “decenas de nuevos laboratorios” de procesamiento en Europa. Según esta investigación periodística, los criminales colombianos han participado “exportando su experticia”. Nada más en México han sido destruidas 171 plantaciones de hoja de coca entre 2020 y 2023. Rueda añade que en Honduras se ha confirmado la existencia de unas 1.000 hectáreas sembradas, apenas una fracción de las 230.000 de Colombia, pero un aumento importante en el pequeño país centroamericano.
El hueco dejado desde 2016 en Colombia por la extinta guerrilla marxista de las FARC, que durante años controló el panorama, ha dejado una dispersión de actores que se disputan el predominio en el sur y suroccidente del país. Se conoce que el Clan del Golfo monopoliza una parte importante del negocio en el norte del país. “En el Cauca y Putumayo, zonas históricamente cocaleras, hay disidencias y otros grupos que siguen beneficiándose del negocio. Hoy el debate gira en torno a la forma de articular la política de seguridad y de drogas dentro de las negociaciones entre el Gobierno y esos grupos armados”, explica Catalina Niño, investigadora del centro de pensamiento colombo alemán Fescol.
Se refiere a la política bautizada desde el oficialismo como la “paz total”. “También ha habido otras facciones al sur del país”, continúa Niño, “que han aprovechado la coyuntura para migrar a actividades ilícitas diferentes como la minería ilegal de carbón en el conflictivo Bajo Cauca”. Esta atomización de los grupos armados les ha restado capacidad de negociación frente a criminales extranjeros que manejan los eslabones posteriores, como los carteles mexicanos que tienen fuerte presencia en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico: “Hay análisis que sugieren que la diversificación geográfica del negocio, de los cultivos y del procesamiento, ha achicado los ingresos de los grupos ilegales colombianos. De la misma forma hay indicios de que el ELN, por ejemplo, ha retomado los secuestros para compensar los huecos que ha dejado la crisis cocalera”.
El área sembrada de coca en Colombia tuvo un incremento del 13% entre 2021 y 2022, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. El 65% de las 230.000 hectáreas sembradas se concentran en los departamentos de Nariño y Putumayo, en la frontera con Ecuador, y Norte de Santander, en límites con Venezuela. “El protagonismo lo han ido ganando, gradualmente, los compradores internacionales”, apunta Elizabeth Dickinson, de International Crisis Group, “cada vez más, los traficantes internacionales tienen mayor incidencia sobre lo que ocurre en territorio colombiano”.
En medio de estos movimientos internacionales, el empobrecimiento colectivo del campesinado cocalero resulta preocupante y, para Catalina Niño, bastante marginado del debate político. “Los territorios cocaleros están en crisis desde el 2022″, subraya el investigador de Dejusticia Luis Felipe Cruz, “En el Guaviare, Putumayo, Caquetá o el sur del Meta los campesinos ya no saben a quién vender la hoja de coca porque la desmovilización de las FARC los dejó sin el puente que los enlazaba con los compradores e incluso determinaba qué cantidades se podían comerciar”.
Ante la ausencia de ideas claras del Gobierno, Niño lamenta que tampoco haya una organización que agrupe a las familias cocaleras y tenga el músculo político suficiente para visibilizar más su precaria situación: “Para que haya paz en este país, tenemos que atender mucho más el tema campesino, que últimamente se ha alejado incluso en la comunidad académica y activista, que era donde generalmente se discutían temas como la sustitución de cultivos”. Katherin Galindo Ortíz, investigadora de Colombia Risk Analysis, recuerda que el campesinado se lleva la peor parte del negocio: “Son los menos beneficiados de esta cadena ilegal. Son los más perseguidos por las autoridades, los que menos recaudan y los que más arriesgan”.
Rueda plantea que muchos han migrado incluso a las ciudades para ganarse la vida como mototaxistas u otros oficios: “No hay mucho para hacer en las fincas. La desmotivación es total. En Putumayo sucede algo curioso y es que el negocio se reactiva por momentos. Parece como si un grupo armado enviara un mensaje repentino y la gente saca sus bultos de pasta que tiene guardados y los vende”. Dickinson agrega que en algunas zonas de la costa Caribe, como el sur de Córdoba o de Bolívar, el Clan del Golfo ha logrado implantar un mercado de pasta base hasta cierto punto estable.
Pero nada funciona con la fluidez de antaño: “Hoy el mercado exige un producto de altísima calidad. Y Colombia ya no es la primera opción para los grupos armados. Ahora tienen de dónde escoger y para los campesinos es muy complejo cumplir con los requisitos que quieren los carteles porque el precio de la gasolina está muy alto y los insumos químicos desde la guerra en Ucrania son muy costosos”, finaliza Rueda.
