Cecilia Orozco Tascón
Las recientes fotos de la procuradora Margarita Cabello y el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, en momentos en que exhiben el texto de un “memorando de entendimiento para lograr el efectivo cumplimiento de los fallos (de tutela)…”, parecieran ser una parodia de actores de teatro, pero no: sí se trataba de los dos altos funcionarios (ver). Posaron sonrientes, aunque muy en serio. Suena estrambótico que quienes han sido investidos con autoridad firmen un documento en que se estipula que harán acatar, del Estado que ellos representan, las decisiones tomadas por el Estado que ellos representan (disculpen el juego de palabras). Cabello y Reyes no ignoran que del dicho al hecho hay mucho trecho (ver), pero no debería extrañarnos que algo así ocurra en un país como el nuestro, en donde las apariencias son más importantes que la realidad. En ese evento pueril que no implica ninguna solución eficaz para evitar la burla a las decisiones judiciales, se refleja la inveterada hipocresía que practica la Colombia citadina, incluidos, por supuesto, los miembros de las cortes y del Ministerio Público. En primer lugar, hay que recordar que la doctora Cabello, con fama de mayor pericia en clientelismo y repartición de contratos que en materias jurídicas, sale de su cargo dentro de seis meses; el doctor Reyes también se encuentra al final de su periodo: dentro de un año, que se pasa “volando”, dejará de ser magistrado. Quiere decir que el tal memorando y sus intenciones, realizables únicamente con el verdadero fortalecimiento del Estado de derecho y no con sonrisitas, durarán poco menos que un dulce en la puerta de una escuela.
En segundo término, ese acto cortesano devela la amistad –o complicidad– entre los dos personajes, más que el deseo de hacer un trabajo conjunto: casi de manera simultánea a la publicitada firma del hueco papel, Reyes presidió otra ceremonia, esta vez para conmemorar los 33 años de vigencia de la Carta Política. En su discurso no solo se dio el lujo de deliberar sobre un tema actual de extrema tensión política (reformas constitucionales o constituyente) sino que pronunció, al final, una enigmática frase: “… la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [contra Colombia] debe cumplirse, modificando el Artículo 277 de la Carta”. Tal artículo, que todavía rige, permite que la Procuraduría suspenda de sus funciones o, peor, destituya a quienes fueron elegidos por voto popular, por ejemplo, alcaldes y gobernadores. La paradoja de Reyes, al pedir lo que pide como si no tuviera nada que ver con el enredo que tenemos hoy, consiste en que él fue quien impidió que la orden internacional, de obligatorio acatamiento para nuestro Estado, entrara en vigencia. En lugar de tomar el toro por los cachos para indicar que no era su corte sino el Congreso el que debía legislar sobre esa materia, el magistrado-presidente se inventó una extrañísima vía jurídica con el fin de concederle a la procuradora lo que ella tanto ansiaba: tener el aval constitucional para continuar ejerciendo el enorme poder de retirar de sus cargos a sus enemigos o a los enemigos políticos de sus aliados Duque, Uribe, el ala derechista y los clanes. Según el argumento de Reyes, el castigo impuesto por la Procuraduría es válido si el Consejo de Estado lo revisa. Mientras tanto, el sancionado no podrá ejercer su mandato, ¡lo cual contradice la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos!
Ese camino culebrero, aprobado por el magnánimo tribunal guardián de la Carta Política, aunque con cinco salvamentos de voto de nueve posibles, lo que indicaría problemas de conciencia disimulados, le dio renovado vigor a Cabello. ¡Ay, la hipocresía colombiana! En el entretanto y mientras el Legislativo acopla la sentencia de la Corte IDH al orden interno, cosa que podría no ocurrir hasta cuando uno de los sancionados de Cabello demande al Estado y le gane (tal como sucedió en esa instancia internacional con el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro), la señora procuradora repartirá puestos a tutiplén; pondrá candidatos en la rama judicial para dominarla desde adentro o desde afuera con “sus” propios togados; y cerrará procesos incómodos, ante todo, aquellos que más le interesan. Verbigracia, el que pesa contra su asesor de seguridad, general (r) Norberto Mujica, exdirector de inteligencia de la Policía y director del Inpec cuando Cabello era su jefa como ministra de Justicia de Duque (ver). Mujica es uno de los investigados desde cuando el procurador general era Fernando Carrillo, como supuesto corresponsable de la masacre ocurrida durante la pandemia, en un motín en la cárcel La Modelo. En esos hechos del año 2020, murieron 23 reclusos en medio del fuego cruzado. Se sospecha que hubo asesinatos con balas presuntamente oficiales, es decir, de agentes del Inpec (ver). Por si fuera poco, la procuradora, que no pierde jugada, parece concertada con un excontralor de mala fama para incidir en la selección de los candidatos de la Corte Suprema y el Consejo de Estado (o sea, dos de tres), que integrarían la terna de la cual el Senado elegirá a su sucesor. Dizque se siente segura, y tiene razón, dado su enorme poder con agradecidos magistrados y congresistas. ¡Ay, la hipocresía institucional!
