Años después de que los agentes del Condado Dane culparan por error a un trabajador inmigrante por la muerte de su hijo en una granja lechera, la oficina del alguacil acordó reformas destinadas a garantizar que los residentes que hablan inglés limitado puedan obtener los servicios necesarios.
La Oficina del Sheriff del Condado Dane, en Wisconsin, ha acordado llevar a cabo una serie de reformas destinadas a garantizar que los residentes que hablan poco o nada de inglés puedan obtener los servicios que necesitan.
El acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos resuelve una investigación de derechos civiles que siguió a un informe de ProPublica del año pasado sobre cómo la oficina del sheriff había culpado por error a un trabajador inmigrante por la muerte de su hijo en 2019 en una granja lechera. El informe reveló que la barrera lingüística entre el trabajador y un agente del sheriff había provocado el malentendido.
En virtud de la Ley de Derechos Civiles, las agencias que reciben fondos federales, como la oficina del sheriff del Condado Dane, no pueden discriminar a las personas por su país de origen o su capacidad para hablar inglés. El Departamento de Justicia dijo que no se había encontrado ninguna discriminación contra la oficina del sheriff y que «cooperó plenamente» con la investigación.
Como parte del acuerdo, que se firmó la semana pasada, el Condado Dane dice que finalizará una política de acceso al idioma que incluye capacitación del personal, controles de calidad e iniciativas de divulgación, y se someterá a un periodo de monitoreo departamental. La nueva política, que ha estado en progreso durante meses, establecerá estándares sobre cuándo los agentes pueden usar niños, transeúntes y herramientas como Google Translate para comunicarse con personas que no hablan inglés. También crea un proceso para garantizar que, una vez que finalice una situación de emergencia, los agentes puedan confirmar la precisión de la información que se recopiló a través de intérpretes no calificados.
José María Rodríguez Uriarte, el padre del niño muerto, dijo que se sintió aliviado al enterarse del acuerdo.
“Va ser como más exigente de que la policía busque una forma de cómo poder traducir, de manera más clara, cuando no entiende alguien,” dijo Rodriguez. “Pienso que muchos entramos en pánico cuando un policía nos para o pasa cualquier cosa, por lo mismo del idioma. No sabemos si de verdad nos quiere ayudar o al contrario nos quiere perjudicar. Entonces que bueno por eso.”
El informe de ProPublica reveló que un trabajador diferente había accidentado al hijo de Rodríguez, un niño precoz de 8 años llamado Jefferson. Ese trabajador le dijo a ProPublica que era su primer día de trabajo y que había recibido poca capacitación antes de operar una minicargadora, una gran pieza de equipo que se usa en la granja para retirar el estiércol de las vacas; dijo que no se dio cuenta de que el niño estaba detrás de él cuando puso la máquina en reversa.
Los agentes nunca entrevistaron al hombre, quien, como el padre del niño, era un inmigrante recién llegado desde Nicaragua y no hablaba inglés. Una agente en la escena que se consideraba competente en español entrevistó a Rodríguez, pero cometió un error gramatical que la llevó a malinterpretar su relato de lo que realmente sucedió.
En una declaración, Kalvin Barrett, sheriff del Condado Dane, dijo que su oficina está comprometida con la igualdad y la inclusión. «Al abordar de manera proactiva las barreras del idioma, estamos fomentando una comunidad más conectada donde todos pueden participar plenamente», dijo. La semana pasada, el departamento publicó una página en su sitio web sobre sus esfuerzos para mejorar el acceso lingüístico e incluyó el material en seis idiomas, entre ellos inglés, español y hmong.
El acuerdo es parte de una iniciativa del Departamento de Justicia destinada a ayudar a las agencias de aplicación de la ley a superar las barreras lingüísticas para servir mejor a las comunidades y mantener seguros a los agentes.
Para servir y proteger a todas las comunidades de Estados Unidos, nuestras agencias de aplicación de la ley estatales y locales deben poder comunicarse de manera efectiva con las víctimas de delitos, los testigos y otros miembros del público que no hablan inglés con fluidez”, dijo en una declaraciónKristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
La historia de lo que le sucedió a Jefferson atrajo una atención sin precedentes a la difícil situación de los trabajadores inmigrantes, en su mayoría indocumentados, que ordeñan vacas y palean estiércol en Wisconsin, la autonombrada “zona lechera de América.” Los funcionarios locales y estatales comenzaron a pedir reformas. En los meses posteriores a la publicación de la investigación de ProPublica, los funcionarios del condado asignaron $8 millones para construir nuevas viviendaspara los trabajadores agrícolas. También establecieron un puesto de coordinador en el condado para ayudar a todos los departamentos a implementar planes de acceso lingüístico e involucrar a los miembros de la comunidad con un dominio limitado del inglés. Los padres de Jefferson también llegaron a un acuerdo con la granja donde murió y con su compañía de seguros, aunque ninguno de los dos admitió haber cometido ningún delito. El caso había sido programado para juicio, pero se resolvió semanas después de que se publicara la historia.
Desde la muerte de su hijo, Rodríguez ha estado trabajando en otro rancho de la zona. Dijo que espera regresar a Nicaragua en diciembre para reunirse con Yefari, su hijo restante y hermano menor de Jefferson. El niño ahora es un año mayor que Jefferson cuando murió.
Traducción por Octavio Lopez.
