Las llamadas telefónicas y las conferencias por vídeo se suceden de manera frenética a estas horas entre los principales líderes latinoamericanos, la Casa Blanca y todos los asesores, embajadores y cancilleres que les rodean. Ante la sospecha cada vez mayor de que el Gobierno de Venezuela cometió un fraude el domingo en las elecciones presidenciales en las que se dio por vencedor a Nicolás Maduro, se busca una salida negociada para el chavismo. “Hablamos de la operación política más importante y difícil de este siglo en América”, señala una fuente al tanto de estas conversaciones al más alto nivel.
La negociación tiene carácter de urgencia. Se quiere evitar que la represión de las autoridades venezolanas contra los manifestantes se recrudezca y cada hora que pase la cifra de muertos se eleve. Por ahora, se han documentado 20 asesinatos, según la organización Human Rights Watch, y la Fiscalía venezolana cifra en más de 1.000 las detenciones durante las protestas. El peso de las conversaciones lo llevan los operadores de Joe Biden y representantes de los gobiernos de Brasil, Colombia y México, de acuerdo a esta misma fuente, y tienen como objetivo convencer al chavismo de la necesidad de enseñar las actas de los centros electorales y despejar cualquier duda sobre el resultado. A estas alturas, pocos líderes regionales creen ya que Maduro haya ganado de manera limpia. Y la negativa del oficialismo a enseñar las actas deja poco espacio para la imaginación.
Llegados a este punto, los líderes latinoamericanos desempolvan los acuerdos que intentaron que el Gobierno de Maduro y la oposición mayoritaria, la de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, firmasen antes de las elecciones. Esos documentos comprometían a las partes a aceptar el resultado y permitir, si ocurría, un traspaso de poderes sin traumas, sin persecuciones ni revanchismo. El acuerdo, en realidad, era una manera de asegurarle a Maduro y a su círculo íntimo una forma de escape, aunque no se verbalizaba de manera explícita para no ofender a los dirigentes chavistas. Maduro escuchó esta propuesta de acuerdo formulada por Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y le dijo que la revisaría y daría una respuesta. Nunca la dio.
El Gobierno chavista jamás se había encontrado tan solo en sus posiciones, ni siquiera cuando Estados Unidos lideró una campaña de desprestigio contra Maduro por su polémica reelección en 2018 y promovió a un presidente paralelo, Juan Guaidó, en 2019. Hugo Chávez, que designó a Maduro como sucesor antes de morir de cáncer, contaba con el apoyo de otros líderes de la región como Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador. Petro fue anfitrión de Chávez durante una de sus visitas a Bogotá, poco después de salir de la cárcel tras el intento de golpe de Estado en 1992.
Ahora, ni Lula ni Petro respaldan la maniobra de Maduro para anclarse en el poder, y Correa, que sí se ha puesto de parte del presidente venezolano, no gobierna y su influencia cada vez es menor. Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, no conoció a Chávez en persona, pero ha declarado en varias ocasiones que lo respetaba. Aunque ha dicho este miércoles que el fraude no está comprobado, a la vez ha exigido un recuento y la presentación de las actas, una manera de alinearse con Brasil y Colombia. Petro ha sido más contundente en un mensaje en redes sociales: “Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división (…). Invito al Gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional”.
Las conversaciones se mantienen directamente con Maduro y con su principal operador político, Jorge Rodríguez, también presidente de la Asamblea. El tono de ambos, desde que se dieron a conocer los resultados y de inmediato comenzaron a ser puestos en duda casi de inmediato, es áspero y desafiante. Rodríguez llegó a pedir el martes cárcel para Edmundo y Machado. El presidente venezolano achaca todo a “una conspiración fascista”. Maduro ha solicitado este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que realice una auditoría de las elecciones presidenciales, para lo que ha presentado “un recurso de amparo”. El mandatario fue recibido por la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez. Con esto buscar legitimar su triunfo, aunque puede tener poco peso de cara al exterior. Es de sobra conocido que el TSJ responde a la voluntad del chavismo. Maduro pidió que la sala “aclare todo lo que haya que aclarar”.
Desde el mismo domingo, el presidente del CNE -el árbitro electoral-, Elvis Amoroso, amigo de Maduro, denunció que había un hackeo en el sistema, de ahí la tardanza en ofrecer los resultados. Después, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que ese ataque informático provenía de Macedonia del Norte y responsabilizó a los opositores, sin aportar mayores pruebas. El Gobierno de ese país balcánico dijo en un comunicado que esos señalamientos no tenían ningún sustento. El Gobierno se agarra a estos supuestos boicoteos como excusa para impedir el acceso a las actas originales.
Caracas amaneció este miércoles tomada por la policía y los militares. Muchos negocios todavía no han levantado las persianas. La gente ha reducido al mínimo sus desplazamientos en la ciudad por el temor a quedar atrapados en mitad de un enfrentamiento. Las protestas comenzaron incluso la madrugada del lunes, cuando el CNE anunció a Maduro vencedor por un millón de votos por delante de Edmundo, pero sin mostrar las actas de los centros de votación, la principal prueba. El chavismo no contaba con la movilización opositora, que había previsto este escenario y dispuso testigos de su parte por toda la geografía, hasta en los lugares más remotos. Guardaron y procesaron todas las actas para presentar un número alternativo al oficial, que vendría a demostrar el fraude.
Lo que buscan los países en conversaciones con el chavismo es que la situación en las calles no empeore. A los 20 muertos documentados, hay que sumar ya un millar de detenidos, entre ellos muchos opositores relacionados con Machado y Edmundo. El fiscal, en tono desafiante, dijo este miércoles que no va a haber clemencia, sino “justicia”. Eso no ha impedido que gente haya salido a la calle y continúe protestando. La situación se encuentra en punto muerto, a la espera de que la desencallen las negociaciones. La postura firme de Washington la ha fijado en las últimas horas John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca para asuntos de seguridad nacional: “Nuestra paciencia se está agotando a la espera de que el CNE diga la verdad”.
