El Cauca, viejo epicentro del conflicto colombiano que vivió cierta tranquilidad y esperanza tras los Acuerdos con las FARC, se está desangrando desde hace meses. El Estado colombiano no ha podido hacer nada para evitarlo. En la madrugada de este lunes, la estructura Jaime Martínez, afiliada al llamado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC atacó con explosivos la estación de policía y el Banco Agrario del municipio de Morales, a pocos kilómetros de Popayán, al norte del departamento. El saldo: cuatro personas asesinadas, tres heridas y cincuenta millones de pesos robados. De acuerdo con el balance del ministro de Defensa, Iván Velásquez, los muertos fueron dos patrulleros de la policía, Diego López y Jaime Calderón, y dos ciudadanos privados de la libertad, que estaban recluidos en la estación.
Al tiempo, el mismo frente hizo un hostigamiento armado en tres municipios cercanos: Dagua, Suárez y Jambaló. Dos días antes, en la tarde del viernes, en el municipio de Miranda, también en el norte del Cauca, la estructura Dagoberto Ramos, que hace parte de la misma disidencia, puso un explosivo que asesinó a Esteban Villafañe, un niño de 10 años, y a Luis Ovidio Rodríguez Velázquez, de 67 años. La mama de Esteban, Emma Mercedes Ipuján, de 47 años, está herida de gravedad. Esa tarde, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, le reclamó airado al presidente Petro: “En 35 días contamos 3 atentados terroristas contra el municipio de Miranda”, dijo el Guzmán en referencia a dos carros bomba puestos por el Estado Mayor Central el 11 de abril y el 10 de mayo. “Hoy esta guerra criminal está acabando con la vida de la población civil. Se enluta nuestro departamento”.
Un mes antes, el 17 de marzo, los mismos disidentes atacaron a un cabildo indígena en Toribió, también en el norte del Cauca y mataron a la líder Carmelina Yule Paví. Ante el asesinato, que conmocionó al país, el presidente decidió continuar el diálogo de paz con la mayor disidencia de las Farc, pero suspendió el cese al fuego con sus militantes en tres departamentos: Cauca, y los vecinos Valle del Cauca y Nariño. Eso llevó a una fracutra en el EMC pero, sobre todo, a un recrudecimiento de la violencia en el Cauca. A fines de abril, una ofensiva militar al sur del departamento, en el municipio de Argelia, produjo la muerte de 15 integrantes de otro grupo afiliado al EMC, el frente Carlos Patiño, y la herida de 12 más. “No hay que jugar con la paz, si es guerra es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz”, dijo entonces el presidente Gustavo Petro. EN los días siguientes, los ilegales reaccionaron con ataques a los militares. Cuatro soldados murieron. ““La ofensiva contra el EMC en el Cauca debe ser total. Son asesinos del pueblo y traficantes,” dijo el mandatario.
Esta seguidilla de atentados y combates en el Cauca recuerda las peores épocas de los años noventa y los dosmiles, cuando las guerrillas y los paramilitares se tomaban los pueblos del departamento. Ante la arremetida, en la mañana de este lunes, Petro ordenó instaurar un consejo de seguridad permanente en la región. “Es inaceptable la situación en el Cauca. No toleraremos que se siga atemorizando a la población con atentados terroristas. Le he pedido al Ministro de Defensa que se desplace de inmediato con toda la cúpula militar al Cauca y se instaure un consejo de seguridad permanente”, escribió en su cuenta de X. Horas más tarde, destituyó al comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina, y nombró en su reemplazo al general retirado Luis Emilio Cardozo. Al comienzo de la tarde volvió a escribir en X para no dejar dudas: “La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”.
Al término del Consejo de Seguridad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, nacida en Suárez, Cauca; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, oriundo de Popayán, y el ministro de defensa, Iván Velásquez, el Gobierno anuncio una recompensa multimillonaria para quien brinde información que permita la captura de los principales cabecillas de la estructura Jaime Martínez. Además, informó de que el subdirector general de la Policía permanecerá en la zona, que 100 carabineros serán distribuidos para reforzar la capacidad en los municipios y que se firmará un convenio por cerca de 25.000 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares) para tecnología, inteligencia artificial y cámaras de última generación que pueden identificar los rostros de los criminales.
El debate por las causas
Según el Gobierno, el recrudecimiento se debe, sobre todo, a las acciones del Ejército y la Policía contra las disidencias guerrilleras desde que se suspendió el cese al fuego. “Las acciones terroristas perpetradas por el autodenominado EMC en Cauca y Valle del Cauca son una respuesta a las operaciones militares y policiales con contundencia que ha adelantado la Fuerza Pública en contra de esta organización criminal”, se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa, “la oleada terrorista desatada por el EMC no es una debilidad de las Fuerzas militares, sino, por el contrario, la organización terrorista intenta contrarrestar de esta manera los buenos resultados de la Fuerza Pública”.
Esa idea, sin embargo, ha sido rebatida por distintos sectores políticos y sociales que creen que el recrudecimiento es síntoma de la inoperancia del Estado o al menos de su ineficiencia. El senador Ariel Ávila, experto en temas de conflicto, insiste en que el proceso de paz con EMC no va para ningún lado. “El Gobierno debería levantar la mesa de diálogos. Estas disidencias son una confederación de estructuras criminales”, dijo Ávila en sus redes sociales. “Hay una parálisis en las fuerzas militares, no hay norte en la estrategia militar. Le pido al ministro que reorganice la Inteligencia”.
El senador de la Alianza Verde, que ha acompañado al Gobierno en las iniciativas de paz, explicó que al terminar el cese al fuego, un número importante de las tropas de esta disidencia se movilizó al sur del Huila y al Tolima, departamentos en los que continúa el cese. Dijo en entrevista con Caracol Radio que en el Cauca operan tres estructuras afiliadas al Estado Mayor Central: al noroccidente, en la zona de los ataques de este lunes, está el frente Jaime Martínez, con unos 120 hombres; en el nororiente, donde fueron los ataques del viernes, la Dagoberto Ramos, con 150 hombres; al sur, el frente Carlos Patiño, el más grande, con 250 miembros armados. Ávila cree que la situación en el sur del departamento se puede complicar. “Vamos a vivir ataques terroristas. El Ejército estaba esperando combates, no está preparado para operaciones de terrorismo con explosivos”.
La senadora caucana Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático, también criticó este lunes las acciones del Ejecutivo: “La crisis del Cauca es producto del proceso de paz total del Gobierno. Espero que el presidente y los ministros se hagan responsables de los hechos”, dijo Valencia. Y añadió: “El continuo cese al fuego permitió el control del territorio por parte de los violentos. Las disidencias tuvieron un crecimiento de 3.500 hombres en armas”. La representante a la Cámara Catherine Juvinao del Partido Verde, se refirió al problema en términos similares: “Lo que está pasando con la seguridad en los territorios y el regreso de las tomas guerrilleras no se da porque sí. Las decisiones de este gobierno han sido improvisadas e inconvenientes”, dijo Juvinao, ”arrancando el Gobierno le otorgaron estatus político al Estado Mayor Central de forma temeraria e irresponsable. Ni más ni menos resucitaron a las FARC, sin ningún fundamento técnico ni político”.
El senador del Cauca por el oficialista Pacto Histórico, Ferney Silva, explica en diálogo con EL PAÍS, otra posible causa del recrudecimiento del conflicto en la región es que el cambio de la política de lucha contra las drogas ha afectado las finanzas de los grupos disidentes y les ha obligado a buscar otras fuentes de financiamiento, más violentas. “La incautación de base de coca, las quemas de los laboratorios y las capturas a jefes han aumentado y son más rápidas en este Gobierno. Ese enfoque, que compartimos, ha generado efectos colaterales: se incrementa el reclutamiento de menores, la extorsión y el secuestro”. Para Silva, la solución al problema incluye dos grandes componentes: aumentar la inversión social; acceso a la educación, servicios de salud dignos, oportunidades laborales para los jóvenes; y al tiempo fortalecer la Inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas armadas. “Le pedimos al Gobierno nacional declarar como zona de emergencia social y económica al departamento del Cauca y establecer unos acuerdos de derechos humanos, que nos permitan sacar a la población civil de las zonas de conflicto”.
