La sombra por la corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa cubriendo al círculo más próximo al presidente Gustavo Petro. Su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acapara todas las miradas en este momento: Olmedo López, quien dirigió la entidad hasta febrero ―cuando se hizo pública una trama de sobrecostos en la compra de unos carrotanques para llevar agua a La Guajira―, lo acusó ante la Corte Suprema de haberle ordenado que ofreciera contratos de la UNGRD a congresistas, a cambio de obtener votos que le sirvieran al Gobierno en el Legislativo. López, quien está colaborando con la justicia, ha insistido en que el presidente Petro no ha estado implicado. Bonilla, por su parte, rechaza los señalamientos. Pero López no es el único que lo señala. Sneyder Pinilla, su número dos en la UNGRD hasta febrero, mostró chats ante la justicia que comprometen al ministro el entramado de corrupción.
Olmedo López vertió sus acusaciones el pasado 25 de junio en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia difundida por Noticias Caracol. En esa grabación, el exdirector de la entidad describió el plan que, según él, le ordenó Bonilla: “Entrega de contratos dirigidos a cambio de que el ministro logre el propósito en la comisión: que saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponde a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”. También habló de un supuesto “cónclave” en la Casa de Nariño en el que se tomó la decisión de buscar los votos de los congresistas a cambio de contratos. A las reuniones de ese conclave, dijo López, además de Bonilla, asistieron el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y Carlos Ramón González, en ese momento director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y ahora director nacional de Inteligencia.
Ese cónclave supuestamente ocurrió en noviembre de 2023. En ese momento, el ministro Bonilla ya había dado su visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición de presupuesto para la UNGRD por 208.000 millones de pesos, en junio del 2023. El proyecto de ley para modificar el presupuesto de la Nación fue redactado por José Antonio Ocampo, jefe de Hacienda antes de Bonilla. En esa primera versión no aparecía la adición del presupuesto para la entidad, que fue aprobada cuando ya Bonilla era ministro. Ese trámite en el Congreso requería de su aprobación. Es decir, estaba al tanto de todo.
Ante las acusaciones, el ministro acudió a sus redes sociales para asegurar que estaba confiado en caso de que la justicia examinara sus “actos oficiales”, según dijo el miércoles. “Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico”, afirmó.
RECÍBALADe acuerdo con Pinilla, al día siguiente empezaron las presiones para direccionar contratos con ese presupuesto. Para respaldar esa versión, aportó unas conversaciones por chat como prueba de la implicación de Bonilla en toda la trama para comprar votos en el Congreso. Entre esas conversaciones hay registros de mensajes con el ministro y con su asesora María Alejandra Benavides que hablan sobre tres contratos por 92.000 millones de pesos para los municipios de Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca), y para el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar).
Para justificarlos, los municipios tuvieron que declarar calamidades que no existían. Todos esos contratos estaban a punto de ser adjudicados cuando en febrero se dio a conocer el caso de los carrotanques de La Guajira, que precipitó las salidas de la UNGRD de López y de Pinilla. Por el escándalo, los contratos se frenaron. Según las denuncias, los políticos que se beneficiaban de esos contratos eran los congresistas Wadith Manzur (del Partido Conservador), Karen Manrique (Circunscripción Transitoria Especial de Paz), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde, y quien renunció en febrero a la curul por problemas de salud). Todos pertenecían a comisiones económicas del Congreso, con la que tiene relación constante el ministro de Hacienda, y han asegurado ser inocentes.
Algunas figuras políticas, especialmente en la oposición, ya han pedido la renuncia de Bonilla después de las revelaciones. El senador David Luna, del partido opositor Cambio Radical, dijo: “El ministro de Hacienda, que está altamente salpicado, por lo menos debería renunciar para que estas investigaciones se den con transparencia”. La representante Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde ―que está dividido en su apoyo al Gobierno―, afirmó: “Creo que su único camino es renunciar”.
Parte del entorno del presidente Petro, por su parte, ha desestimado las versiones de López ante la Corte Suprema. Uno de ellos ha sido el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien aseguró que hay que investigar cada declaración del “confeso hampón”, en referencia al exdirector del UNGRD. Pero confía en Bonilla: “A lo largo de su carrera, el ministro Bonilla ha demostrado ser un hombre íntegro, ético. Si los hechos dicen lo contrario, me tendré que retractar”.
De manera indirecta, Luis Fernando Velasco también ha dejado ver que cree que todo lo que ha dicho Olmedo López es mentira. Durante el miércoles, reposteó en sus redes sociales comentarios de diversos ciudadanos que confiaban en la transparencia de su gestión al frente del Ministerio del Interior ―del que fue reemplazado por Juan Fernando Cristo hace un par de semanas― y que consideran que el exdirector de la UNGRD tiene montada “una farsa” en la que acusa sin prueba alguna.
Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla serán imputados el próximo 25 de julio por la Fiscalía por su implicación en toda la trama de corrupción de la UNGRD.
