La batalla anual de fin de curso por la subida del salario mínimo ha arrancado en Colombia. La fecha límite fijada por el Gobierno para poner las cartas sobre la mesa es esta semana. La presión de gremios, centrales de trabajadores o centros de pensamiento ya se ha sentido a lo largo del mes. Las posturas y los cálculos van y vienen en un pulso donde cada décima genera tensión y reacciones. En 2023 no hubo acuerdo, y el Ejecutivo decretó una subida del 12%, para dejarlo en 1.300.000 pesos, unos 299 dólares. Llegar a un consenso, este año, no parece una misión menos vidriosa. La inflación (5,21%), el costo del dinero (9,75%) o el nivel de productividad laboral serán las herramientas de trabajo para debatir la suerte de uno de los baremos más borrosos y discutidos en economía.
El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla esgrimió, poco antes de su intempestiva salida hace una semana, un alza en torno al 7% como posible carta que utilizará el Gobierno. El punto de partida, o marco de referencia para conciliar el alza, se sustenta en la regla que suma la tasa inflacionaria más la de productividad laboral. Un terreno de discusión de por sí pantanoso porque los últimos cálculos del segundo indicador, aportados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), no convencen a algunos. Si el órgano oficial indica que la media está por encima del 3%, el acreditado centro de pensamiento Fedesarrollo la sitúa en 2,7%. Las declaraciones, teñidas de reparos por los efectos colaterales del desfase, van en la misma línea del dilema irresoluble de todos los años: ¿cuál es el punto justo para incentivar la distribución de la renta sin disminuir la demanda de empleo por el encarecimiento de la contratación?
El hecho principal es que el 45,2% de los colombianos que trabajagana menos del salario mínimo, un monto que garantiza una subsistencia con precariedad (más de 10 millones de personas). Solo el 14,7% de los trabajadores devienen la remuneración básica que hoy está en liza (3,3 millones de ciudadanos). Es decir: la batalla que se libra estos días en la mesa tripartita entre el Ministerio de Trabajo, los gremios y las centrales de trabajadores gira en torno a ese segmento. Para Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se trata de una discusión plagada de fisuras: “Como sociedad estamos mirando en la dirección incorrecta”.
Sus argumentos, apoyados en investigaciones, refutan la tesis de que subir el salario mínimo sea una reivindicación de la mayoría de los trabajadores: “El mínimo es una herramienta que beneficia a una minoría en Colombia. A lo largo de la última década, es cierto, cada vez más gente gana ese salario. En 2013 era el 5%, hoy casi se ha triplicado. Pero eso ha generado un estancamiento evidente. Lo ideal, en una sociedad que se desarrolla, es que produzca cada vez más empleos formales, de calidad, y que sus ciudadanos aumenten su capacidad adquisitiva con mayor experiencia en el tiempo”. A saber, en la última década más colombianos han ingresado a la franja de base salarial, pero la puerta de entrada para la inmensa mayoría continúa cerrada. Y en la parte alta de la pirámide, la de los mayores ingresos, la situación ha variado poquísimo.
Otro atasco mayúsculo es la proliferación del subempleo. Lo corrobora Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la misma universidad bogotana: “Los ingresos medios de los trabajadores informales, por ejemplo, cayeron en la última década en proporción al salario mínimo”. Esta, a su juicio, debería ser una parte seminal del debate. Para el trimestre entre junio y agosto de este año, la tasa de informalidad alcanzó al 56% del total de los ocupados. Una cifra descomunal que desde hace tiempo ha propiciado un hachazo a la capacidad adquisitiva de millones. “El salario mínimo no le está llegando a la gran mayoría. Y en el caso de los informales, además, sus ingresos se están reduciendo, con especial incidencia en las poblaciones rurales”.
Mauricio Salazar recuerda que en Alemania no existe un salario mínimo único y que en los Estados Unidos se define Estado por Estado. En Colombia, donde el 95% del tejido empresarial está compuesto por microempresas con menos de 10 empleados, cualquier exceso en el alza tiene eco en la capacidad de reclutamiento. “El debate sobre un salario mínimo por hora y región nunca se ha dado. En las cuatro o cinco grandes ciudades la subida del mínimo genera expectativa, y ha tenido un impacto positivo sobre los formales. Pero si uno va a comprobar si el ajuste beneficia al trabajador de San Vicente del Caguán, o incluso al vendedor de cigarrillos y dulces en la carrera séptima de Bogotá, la respuesta es no”, enfatiza Salazar.
Por eso, añade, se ha configurado un mercado donde una de las palabras más acuñadas es “rebusque”, la precariedad campea y la capacidad de compra se erosiona ante embestidas como la parálisis por la pandemia. Es una esfera laboral sumergida, además, en la cual no se pagan, en general, aportes a salud o pensión. “El salario mínimo es el umbral de entrada a la formalidad. En la medida en que se imponga uno muy alto, la base de cotización se hace más costosa porque el empleador tiene que pagar mayores prestaciones sociales”, remata Salazar.
El debate no es sencillo. Desde los años 70 del siglo pasado han sido incontables los libros que han matizado la postura clásica ortodoxa que sostiene que el salario mínimo tiene un efecto negativo sobre la generación de empleo y la reducción de la desigualdad. Otros, por el contrario, han evidenciado un impacto adverso en el proceso de filiación a la fuerza laboral. El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró en tono concertador esta semana: “Como Gobierno Nacional respetamos la comisión tripartita. Hay un punto de partida que es IPC más productividad y ese será el resultado que discuta la comisión”.
No obstante, el Comando Nacional Unitario, que aglutina a las grandes centrales sindicales y pensionales, ha informado que se mantiene en pie de guerra con una propuesta alejada de los llamados de prudencia. Reclama un alza del 12%. “Creemos que este año no habrá acuerdo debido a los cuestionamientos que ha venido haciendo el empresariado por los datos reportados por el DANE. No aplicar la productividad laboral en los últimos años nos ha dejado una brecha salarial muy alta. Insistiremos en dos dígitos”, sostuvo en declaraciones recogidas por diario El Tiempo el presidente del conglomerado gremial, Fabio Arias.
Dejar una contestacion